Para miles de mujeres que viven en el Caribe y la zona minera de Nicaragua, el lugar donde transcurre el embarazo puede marcar la diferencia entre recibir atención a tiempo o enfrentar horas de traslado antes de llegar a un centro de salud. Los datos del Ministerio de Salud muestran que esa desigualdad territorial continúa reflejándose en la mortalidad materna. Cuatro Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) —Bilwi, RACCS, Las Minas y Zelaya Central— concentraron 10 de las 16 muertes maternas registradas en el país durante el año 2025.
La persistencia de esa concentración contrasta con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y los avances en la atención materna que el Gobierno asegura haber alcanzado en esos territorios.
Los registros oficiales muestran que la concentración territorial aumentó durante la última década hasta alcanzar su nivel más alto en 2025. Entre 2016 y 2018 esos cuatro SILAIS concentraban el 39.5% de las muertes maternas del país; en 2020 y 2022 la proporción subió al 41.2%; entre 2023 y 2025 alcanzó el 52.2% y, solo en 2025, llegó al 62.5 % de todos los casos registrados.
El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que las muertes maternas en Nicaragua pasaron de 21 en 2024, a 16 en 2025, una reducción del 23.8% que el régimen sandinista atribuye al fortalecimiento de la atención perinatal y a la incorporación de más de 160 enfermeros especialistas en ese año. Sin embargo, los mapas oficiales elaborados por la propia institución muestran que los territorios donde afirma haber concentrado esos esfuerzos siguieron registrando la mayor carga de mortalidad materna del país.
Una semana después que DIVERGENTES publicara, el 15 de julio, la primera entrega de esta investigación titulada Nicaragua, de los países más riesgosos para sufrir una muerte materna en Centroamérica, el Gobierno sandinista difundió nuevas cifras a través del medio propagandístico El 19 Digital. El 23 de julio, el Minsa informó que, hasta ese momento, se habían registrado ocho fallecimientos relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio, frente a los 12 reportados en el mismo período de 2025, destacando una reducción del 33.3%.
Aunque la cifra apunta a una nueva disminución nacional, todavía no se han publicado los mapas de mortalidad materna de 2026, por lo que aún no es posible establecer si esa reducción también se refleja en los territorios de la región del Caribe que históricamente han concentrado la mayor cantidad de fallecimientos en la última década.
Más casas maternas, mismas regiones críticas
La distribución geográfica de las muertes maternas muestra un patrón persistente. Bilwi encabeza nuevamente los registros oficiales con dos fallecimientos durante 2025, seguido por la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y Zelaya Central con tres casos cada uno, y Las Minas con dos.
En estos mismos territorios, el Minsa asegura haber fortalecido la atención materna durante los últimos años mediante la construcción de nuevas casas maternas, la ampliación de hospitales, la incorporación de personal especializado y la implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.
Solo en Bilwi, por ejemplo, la institución inauguró en 2024 la Casa Materna Porcela Sandino, con capacidad para 42 mujeres embarazadas procedentes de comunidades rurales y de difícil acceso. Según datos oficiales publicados en mayo de 2025, ese establecimiento habría brindado atención a 18 944 mujeres desde su apertura y funciona además como centro de capacitación para parteras comunitarias.
A nivel nacional, el Minsa asegura que la red de casas maternas pasó de 20 establecimientos en 2006, a 182 en 2025. En paralelo, la cantidad de mujeres embarazadas atendidas aumentó de 9205 en 2006 a 72 143 durante 2024, según cifras oficiales. Los factores de riesgo siguen intactos
Para el ginecólogo y Máster en Salud Pública José Antonio Delgado Alvarado, la permanencia de esos territorios en los primeros lugares de la mortalidad materna indica que los factores que históricamente incrementan el riesgo para las mujeres embarazadas siguen presentes.
Delgado considera que la infraestructura que destaca el Minsa constituye un componente importante de la estrategia de atención materna, pero advierte que su impacto depende de otros factores que comienzan mucho antes de que una mujer llegue a una casa materna o a un hospital. “Muy probablemente tiene que ver con la detección oportuna de las complicaciones”, afirma.
Los “comités de transporte” en el Caribe
El médico nicaragüense y actualmente exiliado, trabajó para el Minsa hasta 2007 y fue asignado por un tiempo a la Costa Caribe. Esa experiencia le permitió conocer de primera mano las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a atención obstétrica. Recuerda que, al llegar a la región, pensó que los llamados “comités de transporte” de esas comunidades coordinaban ambulancias o vehículos para trasladar a las embarazadas.
“Esa fue una de las cosas que más me impactó. Yo pensaba que el transporte era coordinar una ambulancia. Ellos me explicaron que necesitaban unas cincuenta personas porque la mujer tenía que ser sacada en hamaca desde la comunidad. Algunas veces son varios kilómetros. Ese tiempo puede marcar la diferencia cuando una paciente presenta una hemorragia u otra complicación obstétrica”, relata.
Delgado explica que en numerosas comunidades del Caribe el traslado continúa dependiendo de largas caminatas, embarcaciones o del esfuerzo colectivo de decenas de personas que cargan a la paciente, hasta un punto donde pueda acceder a un vehículo.
Para el especialista, esa experiencia refleja por qué el problema no puede solucionarse únicamente con la construcción de hospitales o casas maternas. En territorios con comunidades dispersas, barreras geográficas y acceso limitado a servicios especializados, el tiempo que transcurre entre la aparición de una complicación y la atención médica continúa siendo un factor decisivo para la supervivencia de la madre y del recién nacido.
A ello se suman otros factores, como la necesidad de fortalecer la capacitación de las parteras comunitarias, garantizar medicamentos esenciales para controlar hemorragias posparto y mejorar la detección temprana de las complicaciones obstétricas antes que la paciente llegue a una unidad hospitalaria.
Las mujeres que siguen muriendo
Los mapas oficiales del Ministerio de Salud muestran que la concentración territorial de las muertes maternas también mantiene un patrón por edades. Entre 2023 y 2025, 54 de las 67 mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio tenían entre 20 y 39 años, el grupo que concentra la mayor cantidad de embarazos y que, bajo condiciones adecuadas de atención, no debería registrar la mayor carga de mortalidad.
En ese período, 24 mujeres tenían entre 20 y 29 años y otras 30 entre 30 y 39 años, lo que representa el 80.6% de todas las muertes maternas notificadas por el Ministerio. En contraste, las menores de 20 años sumaron nueve casos y las mayores de 40 apenas cuatro.
Para el ginecólogo José Antonio Delgado, esa distribución demuestra que el problema trasciende los factores de riesgo tradicionalmente asociados a la edad.
“Se supone que los grupos de mayor riesgo son las menores de 20 años y las mayores de 39. Pero cuando la mayor parte de las muertes ocurre entre mujeres de 20 a 39 años hay que revisar si las complicaciones fueron detectadas oportunamente, si hubo seguimiento adecuado del embarazo y si la respuesta del sistema fue suficientemente rápida”, explica.
En su análisis, el perfil de las víctimas sugiere que las intervenciones no deben concentrarse únicamente en los embarazos considerados de alto riesgo, sino fortalecer la vigilancia clínica y la capacidad de respuesta para todas las mujeres que desarrollan complicaciones obstétricas.
Lo que las cifras todavía no explican
Los mapas de mortalidad materna publicados por la entidad sanitaria permiten identificar dónde se concentran las muertes, cuáles son las principales causas y qué grupos de edad resultan más afectados. Lo que no muestran es qué ocurrió entre la aparición de las primeras complicaciones y el fallecimiento de cada mujer.
Delgado recuerda que cuando trabajó en el Ministerio de Salud, antes de 2007, los investigadores podían acceder a información mucho más detallada sobre cada caso.
“Uno solicitaba información sobre una muerte materna y le entregaban la edad de la paciente, la causa, dónde había estado hospitalizada, cuántos controles prenatales recibió, cuáles eran sus factores de riesgo… prácticamente todo el expediente epidemiológico. Hoy esa información ya no se publica”, afirma.
Para el especialista, estos datos permitirían establecer si las mujeres recibieron controles prenatales suficientes, cuánto tiempo transcurrió entre la aparición de las complicaciones y la atención especializada, si existieron retrasos en el traslado desde las comunidades o si las emergencias fueron manejadas conforme a los protocolos clínicos.
“Con los datos que publican podemos identificar dónde están las muertes. Lo que no podemos saber es por qué ocurrieron exactamente ni en qué parte de la atención falló el sistema”, resume.
Para el especialista en salud pública, comprender por qué esas brechas persisten requiere información pública suficiente para evaluar si las intervenciones implementadas están modificando las condiciones que históricamente han colocado a esas regiones entre las más vulnerables del país.
Más hospitales, menos médicos
La estrategia del Minsa para reducir la mortalidad materna ha estado acompañada por una expansión sostenida de la infraestructura sanitaria. Además del crecimiento de la red de casas maternas, el Gobierno ha inaugurado nuevos hospitales y sostiene que el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario permitió reducir las muertes maternas en 2025.
Sin embargo, esa expansión ocurre en un sistema de salud que enfrenta otro desafío estructural. Nicaragua continúa siendo el país con la menor disponibilidad de médicos por habitante de Centroamérica, con apenas nueve médicos por cada 10 000 habitantes, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esa cifra se mantiene muy por debajo del umbral de 23 profesionales de salud —entre médicos, enfermeras y parteras— por cada 10 000 habitantes que la OMS considera necesario para garantizar la cobertura de los servicios esenciales.
Ese contexto adquiere especial relevancia en territorios como Bilwi, RACCS, Las Minas y Zelaya Central, donde las distancias, la dispersión de las comunidades y las dificultades de acceso incrementan la demanda de personal sanitario capacitado para detectar complicaciones obstétricas y responder oportunamente a las emergencias.