La Dirección General de Aduanas (DGA) ha incrementado las arbitrariedades en contra de los importadores con el fin de recaudar más dinero, a través de multas, impuestos, almacenajes, entre otros trámites que generan retrasos y elevan los costos de los productos, según denunciaron importadores comerciales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en Nicaragua.
DIVERGENTES conoció el caso de una una iglesia evangélica de Managua que pudo desaduanar hasta finales de junio una donación que tenía retenida desde diciembre del año pasado, es decir, hace seis meses. La donación fue enviada por una organización canadiense que consistía en materiales de lectura y algunos juguetes para niños de entre 5 y 12 años de edad, que se suelen repartir en varias iglesias de Managua a finales de cada año.
Una fuente cercana a esta organización religiosa contó que la aduana no entregaba la donación porque “pidieron más documentación para constatar el origen de la donación y el objetivo que tenía”. Luego de tres meses en esta burocracia, la DGA dijo que para desaduanar tenían que pagar almacenaje y presentar las solvencias fiscales vigentes, que después de varios meses de iniciado el trámite se habían vencido. “Era una suma de dinero muy grande para nuestra iglesia, casi el costo de toda la mercadería”, dijo esta fuente.
Finalmente, el representante de la iglesia apeló y recibió una rebaja, con lo que pudo sacar la donación a finales de junio. “De repente quisieron destrabar rápido los bultos (las cajas donadas), y la soltaron, todo fue más sencillo”, dijo el representante.
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Por la naturaleza de la organización religiosa, este retraso no trajo consigo demasiadas consecuencias económicas, pero las iglesias lograron repartir los juguetes seis meses después. “Ojalá no siga pasando esto en los próximos años”, dice el representante, y agrega que se han comunicado con la organización que realiza la donación para explicarles lo que sucedió, pero temen que por estos retrasos “dejen de enviar donaciones a Nicaragua”.
Incremento de “dudas de valor”
Una fuente vinculada a la DGA explicó que los funcionarios de esta institución han aumentado las “dudas de valor” de las importaciones. Las dudas de valor forman parte de un procedimiento de la DGA para revisar la documentación y productos al detalle, y de esta manera constatar que el precio corresponde al mismo que declara el importador. Si el precio no corresponde, se aplican multas.
Todas las importaciones son sometidas a este mecanismo aleatorio de reconocimiento de mercancías. El sistema determina, como un semáforo, que cuando sale “verde” sólo se revisan los sellos o el precinto; cuando sale “amarillo” significa que se realizará revisión de la documentación; mientras que el color “rojo” equivale a la revisión de toda la mercadería. Esto puede dar lugar a comprobaciones, fiscalizaciones o investigaciones administrativas por parte de la DGA.
Aunque es un procedimiento legítimo, las fuentes consultadas consideran que esto es una forma de extorsionar a las empresas, porque ahora casi todo entra al país con “dudas de valor”. Sin embargo, también existe un protocolo que permite a las empresas demostrar el verdadero valor de los productos y de esta manera poder destrabar la mercancía en aduana.
La fuente vinculada a la DGA dijo que el aumento de las dudas de valor está generando retrasos y gastos a las empresas importadoras. “Los funcionarios utilizan cualquier excusa para retener la carga y cobrar una garantía. No es ilegal, es parte del proceso que ocupan para dejar pasar la carga mientras se analiza el caso de la empresa. Es una forma de coimear y recaudar dinero”, señaló la fuente.
Esto obliga a las empresas a pagar garantías para que puedan pasar las cargas. Cada garantía puede tener un valor que oscila entre los 1,000 dólares a 2,500 dólares, según el producto. “Es un gasto que no está contemplado pero que las empresas ahora deben registrar para no tener problemas en aduana”, añadió.
El responsable de importaciones de una empresa coreana textil confirmó a DIVERGENTES que en los últimos meses se han incrementado las dudas de valor, y si hay algo que declaran mal, les imponen multas. No obstante, este pago no genera mayores incrementos de costos para ellos ni retrasos que provocan desabastecimiento de materias primas. Esta empresa desaduana entre seis y diez contenedores semanales de tela, etiquetas, botones, para después exportar camisas, chaquetas y pantalones hacia Estados Unidos.
Cobros arbitrarios
La fuente vinculada a la DGA considera que esta institución está procediendo de esta manera para “poder recaudar más dinero”. Por esa razón están revisando las importaciones al detalle para detectar “dudas de valor” o insolvencias de pagos de impuestos.
Otro gasto que se está incrementado para los importadores es el almacenaje. Cualquier empresa que importa productos contrata navieras. Las navieras otorgan hasta tres días “de gracia” una vez llegan al puerto o a la frontera de Nicaragua, por cualquier demora en los papeles. Sin embargo, los retrasos de semanas para ingresar genera que se incrementen los pagos a las navieras y a los almacenes.
A diferencia de las trabas descritas anteriormente, los importadores afines al régimen Ortega-Murillo no tienen problemas de retrasos en la DGA. Una fuente empresarial dijo que la gran mayoría de empresas que están teniendo estos inconvenientes son las que “no aportan dinero al partido (FSLN)”.
Un especialista en comercio exterior considera que se trata de “un sistema de corrupción que beneficia a determinados empresarios, en este caso, afines al partido sandinista, y esto a su vez genera un daño en la competitividad de las empresas”.
Uno de los casos que se volvió público en las últimas semanas es el desabastecimiento de los clubes de compras, PriceSmart, de capital estadounidense. “Situaciones externas ajenas a nuestra voluntad han causado algunos retrasos en el abastecimiento de productos importados a nuestros Clubes en Nicaragua”, dijo PriceSmart en un comunicado, el pasado 22 de junio.
El medio Confidencial publicó que el retraso se debía al bloqueo en la DGA, sin motivos concretos, de más de 20 contenedores de la empresa estadounidense. Aunque unos días después se publicó que PriceSmart normalizó la oferta de su productos, hasta el pasado 9 de julio, las tiendas siguen luciendo los mismos estantes vacíos, según pudo constatar este medio de comunicación tras una visita al lugar.
No obstante, ningún otro supermercado, como la cadena de supermercados Walmart, o tiendas que importan productos electrodomésticos, como El Gallo Más Gallo o La Curacao, han sufrido mayores retrasos en aduanas, según confiaron fuentes del sector.
Desde abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo rompió el modelo de “diálogo y consenso”, en el que los empresarios, a través del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), tenían poder de decisión en las instituciones públicas. Llegaron a tener 43 puestos en instituciones estatales, entre ellas, en la DGA. Todos ellos renunciaron a partir de entonces. El régimen encarceló a dos de sus últimos presidentes, Michael Healy y José Adán Aguerri (ambos desterrados, desnacionalizados y confiscados), y a inicios de marzo de este año, canceló la personería jurídica del Cosep y de las 18 cámaras empresariales que lo conformaban.
El especialista en comercio exterior considera que este rompimiento tiene que ver directamente con el aumento de cobros en la DGA y los retrasos que están provocando algunos desabastecimientos en las tiendas de empresas importadoras.