Finalmente el presidente Nayib Bukele logró que el Congreso oficialista y sus aliados aprobaran la Ley de Agentes Extranjeros, algo que venía planeado desde 2021. El pasado martes 20 de mayo de 2025, con un escenario represivo que dista mucho del de hace cuatro años, la ley que ordena el arancelamiento del 30% de las donaciones que reciben personas y las organizaciones sociales que trabajan en El Salvador, fue aprobada sin discusión alguna en el pleno del Legislativo. La ciudadanía ni siquiera supo del contenido de la ley, hasta el día de su aprobación.
Esta ley tiene estrecha similitud con la ley homónima aprobada en octubre de 2020 por el Congreso nicaragüense, a tan solo dos años del estallido social de abril de 2018 en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La misma ha servido para paralizar de golpe el trabajo de las organizaciones sociales, propiciando también la persecución de periodistas, académicos, activistas, religiosos y cualquier voz disidente al discurso oficialista.
De acuerdo con el Informe Mundial 2025 de Human Right Watch, el gobierno nicaragüense ha cerrado 5600 organizaciones sociales, más de 50 medios de comunicación y, a causa de la crisis sociopolítica del país, diferentes informes elaborados por la sociedad civil dan cuenta de que el 10% del total de la población de Nicaragua –que es de un poco más de seis millones– está en el exilio.
Para impulsar la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, Bukele se valió de la protesta pacífica de habitantes de la Cooperativa El Bosque, una localidad rural en el centro del país. El pasado 12 de mayo, los habitantes de la cooperativa se concentraron frente a la residencial privada en la que vive el presidente para solicitarle ayuda, tras una orden judicial de desalojo del terreno donde viven 300 familias, pero en vez de la ayuda y el apoyo, el gobierno mandó a desalojar la protesta con la Unidad de Mantenimiento del Orden y con la Policía Militar. Fueron detenidos un pastor, un líder comunitario y el abogado de la cooperativa.
Bukele acusó en la red social X a la cooperativa de haber sido manipulada por “grupos autodenominados de izquierda” y “ONG globalistas”, que tenían como objetivo atacar a su gobierno, y aprovechó la misma publicación para anunciar que había enviado al Congreso la Ley de Agentes Extranjeros.
El primer intento de Nayib Bukele
En 2021, el mandatario anunció por primera vez su interés por aprobar esta ley, pero en ese momento, aún no había consolidado su control absoluto de las instituciones salvadoreñas, mismo que le permitió reformar la Constitución para reelegirse en febrero de 2024, y que hoy le garantiza el respaldo de sus diputados y aliados políticos para aprobar sin discusión cualquier iniciativa de ley que envía al Congreso.
Para entonces, la comunidad internacional también presionó para que la ley no se aprobara, e incluso, a raíz del anuncio, la cooperación alemana decidió suspender temporalmente sus proyectos en El Salvador.
En medio de esta escalada autoritaria, el escenario político internacional es diferente al de años atrás, cuando Bukele apenas cumplía dos años en el poder: Ahora cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien firmó un acuerdo para recibir en una cárcel diseñada para pandilleros a los migrantes deportados desde el país norteamericano y que en medio de la campaña xenófoba de deportaciones masivas, son acusados de delitos graves.
La Ley de Agentes Extranjeros, según el Gobierno, tiene como fin que los salvadoreños conozca quiénes son los agentes extranjeros que buscan “incidir en la opinión pública” a través de las donaciones que brindan a personas u organizaciones sociales que trabajan en el país, prohíbe la recepción de fondos para fines políticos y, además, dice que busca “resguardar la seguridad, soberanía nacional y la estabilidad social y política” del país.
La ley crea una instancia llamada Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), dentro del Ministerio de Gobernación, que tiene vinculación directa con la Fiscalía General de la República (FGR), institución cooptada por Bukele desde mayo de 2021, en la que las personas y organizaciones tienen que inscribirse. Esta instancia será la encargada de controlar el balance financiero de las mismas y también podrá cancelar personerías jurídicas.
Aunque la ley no habla explícitamente de las restricciones a los medios de comunicación registrados como organizaciones para ejercer su trabajo, exige que cualquier material informativo impreso o digital que sea publicado especifique la fuente de financiamiento de dichas publicaciones.
En caso de no cumplir con estos requisitos, el Gobierno impondrá multas que rondan entre los 100 mil y 150 mil dólares. La ley no indica sanciones penales, pero sí abre la puerta para que el RAEX informe a la FGR sobre disposiciones contempladas en la Ley de Lavado de Dinero y Activos.
Irene Cuéllar, investigadora regional para Centroamérica de Amnistía Internacional, sostiene que en un país como El Salvador, que todos los días viola derechos humanos ante instituciones que constitucionalmente están obligadas a protegerlos, pero están cooptadas por Bukele, la Ley de Agentes Extranjeros restringirá que los ciudadanos puedan contar con el respaldo de las organizaciones sociales en sus reclamos.
Con la ley, dice, no solo están en peligro organizaciones reconocidas a nivel nacional, sino aquellas locales que trabajan temas como la protección al medioambiente, la violencia de género, el acceso al agua y otros derechos básicos.
“Es atentatorio contra el derecho de asociación y, además, contra otro derecho: el derecho a defender derechos. El uso de este tipo de maniobras legislativas, que no son nuevas, porque ya lo hemos visto cómo se aplican en Nicaragua y en contextos como Venezuela, básicamente son una herramienta legal que los gobiernos autoritarios utilizan para tratar de impactar negativamente el quehacer de las organizaciones de derechos humanos”, indica Cuéllar.
La persecución a voces críticas en El Salvador
En las últimas semanas y a más de un año de haberse reelegido como presidente, Bukele ha intensificado la persecución contra aquellas voces críticas a su gestión. A partir de la publicación del periódico digital El Faro de una entrevista audiovisual a dos líderes pandilleros –prófugos de la justicia salvadoreña, quienes revelaron detalles de la negociación del Gobierno de Bukele a cambio de beneficios políticos desde que el mandatario fue alcalde de la capital, San Salvador–, el grupo de periodistas a cargo de la publicación tuvo que salir del país tras ser alertados| de que la FGR prepara órdenes de detención en su contra.
Asimismo, la sesión plenaria del pasado martes 20 de mayo de 2025 estuvo antecedida por la detención de 13 empresarios de transporte que se negaron a acatar una orden del Ejecutivo de ofrecer servicio gratuito por una semana, como medida para descongestionar el tráfico causado por el deslizamiento de tierra en una carretera que conecta la capital con el occidente del país. Aunque los empresarios fueron liberados condicionalmente el lunes 19 de mayo, uno de ellos murió en prisión.
Mientras que el domingo 18 de mayo por la noche, la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonor López, quien también es la jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, fue detenida en su casa.
López es una de las voces más críticas del gobierno de Bukele y es acusada por la FGR de peculado y apropiación indebida de fondos públicos. El Ministerio Público dirigido por el fiscal Rodolfo Delgado, impuesto por el oficialismo en 2021, la vincula con un exfuncionario de la administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional detenido por supuestos hechos de corrupción.
Cristosal ha sido una de las organizaciones que ha documentado y denunciado internacionalmente la violación sistemática de derechos humanos en El Salvador a causa del régimen de excepción aprobado desde marzo de 2022, la única estrategia utilizada por Bukele para el combate de la violencia pandilleril, que ha convertido al país centroamericano en el de mayor población carcelaria a nivel mundial, de acuerdo con la base de datos sobre población carcelaria World Prison Brief. Las estadísticas oficiales dan cuenta que a la fecha 85 900 personas han sido detenidas en los últimos tres años.
Bukele también ha sido cuestionado por la falta de transparencia durante su mandato. Su gobierno enterró la Ley de Acceso a la Información Pública, no brinda entrevistas a ningún medio de comunicación nacional y tampoco rinde cuentas de la función pública.
“Hasta ahora, en El Salvador, el último pilar de la democracia que ha quedado es el espacio cívico, la participación ciudadana y el periodismo. Bukele está queriendo dar el último golpe a lo que ha quedado de democracia en El Salvador”, advierte Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
De acuerdo con Bullock, la detención de su colega López es un mensaje del Gobierno para la ciudadanía: Nadie está protegido en El Salvador y que Bukele no va a tolerar a las voces críticas.
La misma receta nicaragüense
Elvira Cuadra Lira es una reconocida investigadora nicaragüense. Desde el exilio, recuerda cómo la persecución a las organizaciones sociales y a la prensa en Nicaragua fue creciendo de a poco desde 2008 hasta que el oficialismo aprobó, en octubre de 2020, la Ley de Agentes Extranjeros.
En 2008, un año después de que Ortega llegara democráticamente a la Presidencia, la oficina del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) –a la que ella estaba asociada– y el Movimiento Autónomo de Mujeres fueron allanados.
La razón: ambas organizaciones le parecían incómodas al oficialismo. CINCO por estar conformada por medios de comunicación críticos al gobierno y el movimiento por haber respaldado a la hijastra de Ortega, Zoilaamérica Nárvaez, cuando en 1998 denunció que su padrastro había abusado sexualmente de ella en reiteradas ocasiones.
“Fue un ataque directo y violento, que lo que pretendía era sembrar el temor y poner a esas organizaciones como casos ejemplares de ‘castigo’ para todo el resto de la sociedad nicaragüense, y de alguna manera sí funcionó. Pero la vigilancia y el control se fueron acentuando con el tiempo”, recuerda Cuadra Lira.
La cancelación de la personería jurídica de las organizaciones a partir de la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua –aprobada en 2020– fue antecedida por la criminalización de periodistas y de defensores de derechos humanos. De los expedientes que la justicia abrió en contra de los miembros de CINCO y del Movimiento de Mujeres, ninguno prosperó en los tribunales. Ahora Ortega y Murillo han llegado al punto de quitarle la nacionalidad a 22 periodistas críticos de la dictadura.
Cuadra Lira señala que en Nicaragua no existen organizaciones formalmente inscritas trabajando, porque las facultades para que puedan funcionar con personería jurídica dependen directamente de la dictadura; y aquellas organizaciones que no están registradas y tienen presencia en los territorios, funcionan de forma cautelosa para evitar represalias.
Defensores, los primero silenciados
“No solo se persigue a las organizaciones a través de este tipo de leyes, sino que también se les inventan causas en contra de miembros de las organizaciones. Y de esa manera las ahoga, se les ataca por un lado y por otro”, explica Leonor Arteaga Rubio, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso.
Arteaga Rubio señala que, bajo la idea que la cooperación internacional significa una injerencia en los países que aprueban este tipo de legislación, lo que El Salvador y Nicaragua están haciendo es violando el derecho a la cooperación, protegido por la legislación internacional, y que forma parte de la libre asociación dentro de cualquier sociedad democrática. En ese sentido, enfatiza, una Ley de Agentes Extranjeros nunca será aprobada para que haya una sociedad civil más transparente, sino para silenciar y castigar a aquellas personas que no sigan el “guión del Ejecutivo”.
En El Salvador, las primeras voces que Bukele intentó silenciar fueron las de los defensores de derechos humanos. En 2023, la FGR reabrió un caso que data de la guerra civil (1980-1992) en contra de cinco ambientalistas antimineros de la comunidad Santa Marta, ubicada a más de 50 kilómetros de la capital y referente de la organización social en El Salvador.
Los defensores fueron detenidos y luego liberados por el fallo de una cámara, pero siguen enfrentando un proceso judicial por homicidio, cuyo juicio se viene postergando. Su causa se abrió ante la alerta de la posible reactivación de la minería metálica, prohibida en 2017. En vísperas de la Navidad pasada, el Congreso volvió a activar esta industria en una sesión plenaria exprés.
Con la aprobación de Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, el Gobierno irá en contra de las organizaciones que defiendan los derechos humanos, aquellas que acompañan a detenidos y a familiares de las personas detenidas durante el régimen de excepción, y las organizaciones que cuestionan la falta de transparencia, indica Peter Natarén, presidente de la Cooperativa Santa Marta y miembro de la Mesa Nacional contra la Minería.
“Bukele va a pasos más acelerados a lo que hizo Ortega en Nicaragua”, “Ahora va contra las voces que han sido más fuertes, que han denunciado la corrupción o que han trabajado a favor de grupos vulnerables”, concluye Natarén.