Nicaragua es el país latinoamericano con mayor deterioro de la libertad académica desde el año 2018, de acuerdo a una base de datos del Instituto V-Dem (Variedades de la democracia), un instituto de investigación independiente fundado por el profesor Staffan I. Lindberg. La situación se ha agravado con los hechos recientes ordenados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo: la confiscación de ocho universidades privadas y la reforma a Ley General de Educación que, básicamente, fulmina la libertad de cátedra al imponer su control político a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El índice sitúa a Nicaragua como el país latinoamericano con menor puntaje en libertad académica, seguido de Venezuela, donde también impera un régimen alérgico a la libertad de pensamiento. Además de eliminar a la Universidad Centroamericana (UCA) del 6% constitucional, el gobierno ha clausurado y confiscado más de 25 oenegés dedicadas a la educación y la investigación en lo que va de 2022.
El Instituto V-Dem está financiado por varias organizaciones gubernamentales, entre ellas el Banco Mundial. La sede del proyecto se encuentra en el departamento de ciencias políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. La base de datos ubica a Nicaragua, Venezuela, Brasil y Colombia como los países latinoamericanos de menor puntaje en el índice de libertad académica, formado por estimaciones puntuales que incluye los siguientes indicadores: libertad para investigar y enseñar, libertad de intercambio académico y difusión, autonomía institucional, integridad del campus, y libertad de expresión académica y cultural; estos derechos están registrados en la recomendación de la UNESCO de 1997 sobre el estatuto del personal docente de la educación superior.
“Existe una gran correlación entre la democracia y la libertad académica, tanto en el campo de las ideas como en el de la organización social, no están desconectados. La libertad académica es central”, afirma la investigadora argentina Yanina Welp en su editorial en Agenda Pública.
Recibe nuestro boletín semanal
La libertad académica puede verse afectada por medios muy directos, como el cierre y persecución de la disidencia tan propios de los sistemas autoritarios, o por mecanismos más sutiles, referidos a la financiación y priorización de agendas. El cambio de un régimen autoritario a uno democrático tiene un efecto directo en el aumento de la libertad académica. En la gráfica se puede apreciar como Nicaragua subió su puntaje durante la década de los años 90 y como ha disminuido a partir de 2006, para luego llegar a su mayor deterioro a partir del año 2018.
Por otro lado, el informe anual Free to Think 2021 del Proyecto de Monitoreo de la Libertad Académica de Scholars at Risk reportó el despido a 13 profesores y dos administradores de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en aparente represalia por su participación en una elección sindical.
Los despidos llegaron una semana después de que el consejo universitario autorizó al decano a “sancionar, suspender, o cancelar nombramientos de académicos, administrativos, y personal de servicio, así como expulsar a los miembros de la comunidad estudiantil”, cuyas acciones “amenazan la paz”. Según los profesores, la Facultad de Odontología era la única escuela en la que los miembros del oficialismo FSLN no ganó la elección del sindicato, y fue la única escuela cuyos candidatos no fueron identificados por esta afiliación partidaria.
El caso de Hungría: un espejo para Nicaragua
Después de haberlo hecho con la Universidad Central Europea (CEU, en sus siglas en inglés), el gobierno de Hungría inició el ‘ataque’ a otra de las instituciones académicas principales: la Academia Húngara de las Ciencias (HAS). Como en Nicaragua, lograron retirarle el presupuesto y de esa manera privaron a la casi dos veces centenaria institución de sus institutos de investigación, en los que han trabajado cerca de 5 mil investigadores de diferentes disciplinas. La Academia era una de las principales voces neutrales de la enseñanza húngara.
Esta historia inició en junio de 2018, cuando el nuevo ministro de Tecnología e Innovación, László Palkovics, propuso una enmienda técnica a las leyes presupuestarias para reasignar el apoyo financiero anual a la línea presupuestaria del nuevo ministerio.
En el análisis realizado por la investigadora argentina Yanina Welp afirma que en la actualidad, los problemas se amplifican porque “regresan elementos del pasado”. “Por eso Hungría es el ejemplo más notable, donde el accionar del Ejecutivo llega hasta la puesta en marcha de una maquinaria de propaganda para elaborar listas de profesores, intelectuales e instituciones considerados enemigos del Estado y a los que se persigue abiertamente, mientras emergen nuevas formas de ataque a la pluralidad asociadas al sectarismo”, asegura Welp.
Incluso, los periódicos propagandísticos húngaros han pedido a los estudiantes que envíen los nombres de los profesores que critican al gobierno. También han señalado a determinados profesores individualmente, fabricando artículos despectivos sobre ellos.
Hay cientos de regulaciones que se han introducido para limitar, directa o indirectamente, la libertad académica en Hungría. El gobierno húngaro ha creado un entorno académico oligárquico, que sitúa a la cabeza a determinadas universidades. Estas universidades recién fundadas (como la Nacional de Servicio Público, o la John von Neumann) reciben mucha más financiación que el resto, y además cuentan con otras normas que les favorecen.
De la misma manera, el Ejecutivo ha nombrado a numerosos responsables universitarios afines a él y ha cambiado la estructura de los gobiernos de las universidades, por ejemplo, los cancilleres delegados por el Ejecutivo han recibido muchos de los derechos de los rectores. También ha hecho retroceder la autonomía institucional de muchas otras maneras, como el nombramiento realizado por el gobierno de todos los dirigentes universitarios.
Estos dos últimos elementos, igualmente sucedieron en Nicaragua el 10 de febrero de 2022, cuando la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, juramentó a las nuevas autoridades de las universidades privadas que fueron ilegalizadas y confiscadas. Entre los nombrados estaba personal que ha sido parte de la Universidad Nacional de Nicaragua sede Managua (UNAN-Managua), todos militantes sandinistas.