Pablo Cuevas cruzó el Río Bravo con su nieto de cinco años de edad en brazos. Las aguas le llegaban hasta un poco abajo de la cintura, pero la corriente era calma. Poco a poco, el hombre, quien iba tomado de las manos de sus dos hijos y esposa, tanteando entre las piedras, pisó tierra firme.
Eran las ocho y media de la mañana del domingo 17 de abril en la Ciudad de Acuña, Coahuila, en la frontera entre México y Estados Unidos, que colinda con el Río Bravo, uno de los pasos preferidos por los migrantes. Cuando Cuevas se entregó a Migración y el oficial estadounidense le dijo: “bienvenido a Estados Unidos, puede sentirse libre acá”, sintió la emoción de saber que la travesía de cuarenta días que había realizado desde el 8 de marzo, el día que salió huyendo de Nicaragua, estaba por terminar.
Cuevas, de 53 años de edad, es un reconocido defensor de derechos humanos que durante varios años trabajó para la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Desde siempre las denuncias de Cuevas fueron frontales, en las que se documentaron incluso operaciones de la Policía y del Ejército en las que murieron civiles. “Me amenazaban de muerte desde entonces”, dice Cuevas, desde Orlando, Florida, donde se encuentra actualmente.
Sin embargo, a partir de las protestas de abril de 2018 las amenazas se volvieron más constantes. Le enviaban mensajes amenazantes a su celular o lo acosaban mientras iba manejando. En el último año, cuando el régimen ejecutó una cacería contra diferentes personalidades opositoras de Nicaragua previo a las elecciones presidenciales, en la que capturaron a algunos defensores de derechos humanos, como María Oviedo, compañera de Cuevas en la CPDH, el ambiente para él se volvió más tenso.
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Varias veces fue expulsado de departamentos– como Nueva Guinea y Chinandega– por parte de policías y paramilitares mientras él iba por misiones de trabajo. Enfrente de su casa se apostaban policías con radiocomunicadores y lo perseguían cuando iba al trabajo. Entonces en la CPDH tomó como medida de seguridad que Cuevas dejara de hablar ante los medios de comunicación. Una autocensura. “Viví una muerte civil”, expresa Cuevas.
El caso de Cuevas ilustra la persecución que viven los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Un país que paradójicamente vive una de las crisis de derechos humanos más graves de América Latina desde las protestas de abril de 2018, cuanto se contabilizaron al menos 355 muertos, cientos de heridos y decenas de presos políticos, algunos de ellos todavía permanecen en las cárceles en condiciones de torturas, según sus familiares. Además, el régimen ha clausurado a más de 160 organizaciones no gubernamentales, entre ellas humanitarias como la CPDH, donde trabajaba Cuevas. La CPDH fue la última organización de defensa de los derechos humanos que operaba en el país.
El régimen ha expulsado a organismos internacionales que monitoreaban la situación de derechos humanos en Nicaragua, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas (ACNUDH). Hace unos meses también expulsó al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)–una de las primeras organizaciones en ser canceladas y confiscadas por el régimen en diciembre de 2018– la destrucción, la cancelación y la obstaculización a los defensores de derechos humanos en Nicaragua es parte de la estrategia de la violación sistemática de derechos humanos como política de Estado. “Estas acciones dejan al descubierto la naturaleza de la dictadura autoritaria y antidemocrática, al eliminar las voces críticas de la vigilancia permanente de los organismos de derechos humanos”, agrega Núñez.
La doctora Núñez, la defensora de mayor trayectoria en Nicaragua, explica que los organismos defensores de derechos humanos “no somos enemigos del gobierno ni aspiramos al poder”, pero “estamos siempre enfrente de los gobiernos dictatoriales”.
Inculpamientos
Desde el propio 18 de abril, día que iniciaron las protestas en Nicaragua, Gonzalo Carrión recibió un garrotazo en la cabeza por parte de las turbas del régimen. Sin embargo, el miércoles 19 de diciembre, la Policía lo señaló junto a Vilma Núñez por “atribuir falsamente” la responsabilidad de uno de los peores crímenes que se cometieron durante las protestas: la quema de una casa en el barrio Carlos Marx, de Managua, donde fallecieron seis personas, entre ellas dos niños de menos de tres años de edad.
La policía señaló a Carrión de “encubrir a los verdaderos criminales”. Mientras la conferencia se transmitía en vivo por los canales oficiales, un vehículo ya estaba siguiendo a Carrión. De inmediato se resguardó clandestino en varias casas, hasta que se exilió en Costa Rica. “Ya era el paso de la criminalización de nosotros y la persecución individual más intensa”, dijo Carrión. “Fue una respuesta contra los defensores que documentamos las violaciones”, agregó. “Pretendieron apagar la interlocución de los defensores con la población”.
Carrión escapó a salvo del país. Pero la defensora de derechos humanos, María Oviedo, de la CPDH, fue capturada el 29 de julio de 2021, justo cuando se desarrolló la cacería contra personalidades políticas previo a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que la pareja de mandatarios se reeligió por cinco años más. Fue declarada culpable por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y condenada a ocho años de prisión en febrero de este año.
Vilma Núñez, del Cenidh, dijo que a pesar que el régimen ha perseguido a los defensores de derechos humanos y ha cancelado las personerías de sus organizaciones, ellos mantienen “un compromiso con la gente y el respeto de los derechos humanos”. Núñez dice que “nos tendrán que callar con la fuerza, con la violencia de la represión, para que dejemos de defender derechos”.
¿Cómo resisten?
Pablo Cuevas dice que en octubre del año pasado llegaron a la oficina de la CPDH unas personas que habían participado en las protestas de 2018 en Carazo, quienes le dijeron que “la inteligencia policial los había captado para asesinarme”. Por eso, Cuevas no quería seguir en Nicaragua. “No era vida lo que estábamos viviendo como familia”, dice.
Los hijos de Cuevas no tenían vida social porque temían que por cualquier acción que hicieran los inculpara la Policía. El acoso le provocaba insomnio a su esposa, que a la vez se expresaba en fuertes migrañas. “Nunca quise salir del país, por eso nunca tuve visa”, dice Cuevas.
Pese a no conocer Estados Unidos ni la ruta migrante, Cuevas consultó con algunas personas que ha ayudado en todo este tiempo como defensor de derechos humanos. Ellos fueron quienes lo guiaron en el recorrido hacia norteamérica. Por eso, ahora, desde la nueva organización de la cual es cofundador, Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, cuya oficina está en Miami, pretende ayudar “a nuestros compatriotas en los temas migratorios”.
Cuevas dice que ya están recibiendo denuncias desde Nicaragua y en los próximos días darán a conocer casos “bien feos” de violaciones a los derechos humanos. “Nuestro objetivos es visibilizar la bestialidad de las autoridades nicaragüenses. Vamos a seguir diciendo la verdad: que tenemos autoridades criminales y genocidas”, dice Cuevas.
Por otro lado, Vilma Núñez, dice que aunque todos los espacios se han cerrado, las leyes no se aplican y los defensores son vistos como enemigos, tienen que utilizar otros métodos como la denuncia pública a través de los medios de comunicación.
Nuñez considera que hay que batallar para eliminar la falta de acceso a la justicia, de verdad y la impunidad histórica en Nicaragua. “Eso perpetúa la impunidad que golpea a las víctimas, a los defensores, y a los mismos violadores, quienes dicen que ‘no pasa nada’”. La forma de luchar contra esto, según Núñez, es a través de la documentación de las violaciones de derechos humanos para que “veamos a los perpetuadores en el banquillo de los acusados”.