Durante la bendición de las palmas el Domingo de Ramos y la vigilia pascual del Sábado de Gloria en una iglesia de Estelí, Antonio supo que el secretario político sandinista de su barrio “estaba espiando” a los feligreses. “No contestaba ni un Avemaría ni un Padre Nuestro, pero no dejaba de tomar fotos y de filmar con su celular”, relata a DIVERGENTES este fiel norteño que habló bajo anonimato por miedo a represalias. “Es lo mismo de siempre”, dijo.
“Lo mismo de siempre” es lo que Antonio ha experimentado en las últimas ocho semanas santas: vigilancia y acoso por parte de simpatizantes y policías sandinistas. Una persecución religiosa que puede dimensionarse no solo desde el plano cualitativo, sino cuantitativo. La investigadora en temas religiosos, Martha Patricia Molina, contabiliza 28 904 procesiones y actos de piedad popular prohibidos desde el año 2019, cuando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a restringir sistemáticamente las actividades religiosas, con énfasis en la Iglesia católica.
La prohibición de procesiones, en especial las de Semana Santa, obligó al catolicismo a replantearse sus ritos más importantes del año. Comenzaron a realizarse intramuros, con los nazarenos bajo Iglesia por cárcel. Siempre con policías apostados en las puertas de los templos y simpatizantes sandinistas monitoreando a los feligreses y los sermones de los sacerdotes.
Esa persecución religiosa, que incluye el encarcelamiento y destierro de obispos y sacerdotes, fue criticada el Martes Santo por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Lo hizo en un contexto en el que la dictadura copresidencial busca esquivar las presiones de la administración de Donald Trump haciendo algunas concesiones o negando sus políticas represivas ante la comunidad internacional.
“La Semana Santa es un tiempo sagrado para las familias de todo el mundo, incluida la mía. En toda América Latina, la gente se reúne en las calles de sus ciudades para profesar su fe y conmemorar la Pasión”, dijo Landau. “Pero, una vez más este año, la dictadura Ortega-Murillo niega al pueblo de Nicaragua el derecho a profesar su fe de esta manera al prohibir tales procesiones públicas. Nicaragua ha acogido históricamente algunas de las procesiones más bellas y famosas de la región (por ejemplo, en Granada y León) y espero el día en que nuestros amigos nicaragüenses recuperen su libertad religiosa”.
Al día siguiente, el régimen Ortega-Murillo emitió un comunicado para rechazar esos señalamientos y los presentó como parte de una estrategia política contra Nicaragua. El texto oficial afirma que existe libertad para realizar actividades religiosas y que la población participa activamente en celebraciones en todo el país. “Falso de toda falsedad. Desmentimos categóricamente las acusaciones perversas que han emitido voceros del Gobierno norteamericano”, reza el comunicado.
Este Lunes de Pascua, la copresidenta Murillo informó que en Nicaragua se realizaron “4139 Actividades de nuestra Fé, de nuestras Creencias y sobre todo del Amor a Dios, con casi un millón de feligreses participando (sic)”. Algo que Antonio, en Estelí, pone en entredicho. “Es cierto que hubo semana santa. La iglesia estaba full de gente, pero toda adentro, con toda la incomodidad haciendo procesiones en los pasillos, en alrededor, pero nunca en la calle”, describió el feligrés, en una experiencia que se repitió en casi todos los templos del país, pese a los esfuerzos de la propaganda oficialista por mostrar lo contrario.
Control hasta de los cohetes
Los datos recabados por Molina también se contraponen a lo que plantea la copresidenta Murillo. En un monitoreo compartido con DIVERGENTES, generado a partir de una red de informantes en las parroquias, la investigadora calcula que un total de 6135 procesiones fueron prohibidas en la cuaresma de 2026. “Pocas parroquias tienen permitido hacer un recorrido alrededor de la manzana del templo”, asegura el monitoreo.
La única arquidiócesis y las ocho diócesis que existen en Nicaragua albergan un aproximado de 409 parroquias, todas afectadas por las prohibiciones que documenta Molina. Entre las actividades prohibidas destacan las procesiones de Semana Santa, que incluyen los seis viernes de Viacrucis, el Domingo de Ramos y las ocho procesiones de Semana Mayor realizada a intramuros. Además, las de Corpus Christi y Cristo Rey; las fiestas patronales de cada parroquia; y las misas de conmemoración de los fieles difuntos del 2 de noviembre.
Por segundo año consecutivo, cuatro diócesis, las de Jinotega, Siuna, Matagalpa y Estelí, tampoco celebraron la Misa Crismal debido al destierro de sus obispos. Una misa que Molina describe como “trascendental en la vida de cada sacerdote y de la iglesia en general”.
Según Molina, las prohibiciones las ejecutan miembros de la Policía Nacional de cada sector. El modus operandi funciona de la siguiente manera: se presentan en persona, el jefe policial o sus subalternos, a notificarle al sacerdote que las actividades religiosas tienen que realizarse dentro del templo. También operan vía WhatsApp, ya que cada sacerdote tiene asignado un contacto policial encargado de la vigilancia y de exigir información.
Para esta cuaresma de 2026, que inició el 18 de febrero, la Policía fue más lejos al solicitar a varias parroquias el programa de Semana Santa y ordenó a los sacerdotes enviar una carta al jefe policial pidiendo autorización, en la que debían detallar cuántas docenas de cohetes utilizarían y quiénes serían los encargados de manipularlos.
La autocensura también campea en los templos. Un sacerdote de una parroquia que por seguridad no podemos precisar compartió un intercambio que tuvo con su obispo, específicamente para la oración número 9 de la liturgia de la pasión del Viernes Santo. El obispo ordenó sustituirla. La versión original pedía por los gobernantes e incluía esta frase: “promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa”.
La versión corregida que llegó de regreso la reemplazaba por una oración más genérica, que pide que Dios “guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente en el ejercicio de sus funciones”. Sin mención a la libertad religiosa. El mismo sacerdote contó que durante el viacrucis tuvo a una capitana de la Policía Nacional dentro del templo vigilando sus peticiones. Tuvo que usar sinónimos en las peticiones cuando los feligreses pedían por los presos políticos, como “cautivos”.
Cardenal Brenes y su viacrucis a intramuros
El Viacrucis Penitencial de participación multitudinaria promovido por la Arquidiócesis de Managua tampoco fue realizado fuera de la catedral metropolitana. Fue a intramuros, con una nutrida participación de fieles. A pesar de ello, el cardenal Leopoldo Brenes –máximo jerarca de la Iglesia Católica en Nicaragua– evitó referirse directamente a estas denuncias y se limitó a destacar la actividad pastoral dentro de los templos.
“He tenido comunicación con algunos de mis hermanos obispos y algunos sacerdotes; algunos me han enviado algunas imágenes, porque yo siempre digo, las imágenes comprueban cómo está la cosa”, dijo Brenes ante unos medios oficialistas que destacaron mucho más de lo usual sus declaraciones.
El sacerdote consultado por DIVERGENTES lamentó la postura del prelado. “No es la realidad lo que dice el cardenal Brenes”, catalogó.