Nicaragua no ha actualizado sus cifras oficiales de pobreza en los últimos 10 años. La última medición disponible corresponde a la Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), que estimó la pobreza general en 24.9% y la pobreza extrema en 6.9%. Desde entonces, no existe una nueva encuesta oficial publicada que permita conocer cómo ha evolucionado este indicador clave para conocer el estado real del bienestar social en el país.
Una revisión de los portales institucionales del INIDE confirma que no hay resultados posteriores disponibles. Tampoco hay balances recientes en plataformas estatales, ni en medios propagandistas en los que el Gobierno suele divulgar algunos datos. El propio Plan Estadístico Nacional señala que la última publicación oficial de pobreza corresponde a 2016.
El investigador Alberto Mora Román, coordinador del Programa Estado de la Nación de Costa Rica, señala que la producción y publicación de estadísticas forma parte del funcionamiento básico de una democracia, porque permite dimensionar problemas, orientar políticas públicas y someter la gestión estatal al escrutinio público. En Nicaragua, la ausencia de datos oficiales en áreas clave, como pobreza, se da en un contexto de control estatal de la información y restricciones al acceso a datos públicos.
Síntoma de una democracia saludable
“En un país con una democracia saludable, la información es un insumo clave para la toma de decisiones públicas estratégicas relacionadas con inversión, prestación de servicios, etc., el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, promover el análisis y debate sobre asuntos de interés público y lograr una participación ciudadana oportuna que promueva la rendición de cuentas”, explicó.
Mora Román sostiene que los datos sobre pobreza son fundamentales para identificar prioridades y orientar la inversión social. “Conocer la incidencia de la pobreza y características sociodemográficas de la población pobre es muy relevante para priorizar las políticas y la inversión social en las poblaciones y territorios más afectados”, detalló.
Sin información reciente, agrega, no es posible identificar con precisión dónde se concentran las mayores carencias, qué grupos enfrentan más vulnerabilidad ni cómo han evolucionado las condiciones de vida en los últimos años. En ese escenario, la falta de estadísticas no solo limita el análisis público, sino que restringe el escrutinio sobre la gestión estatal y reduce los mecanismos de rendición de cuentas.
Un censo nacional con resultados en la oscuridad
En abril de 2024, el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo desarrolló el IX Censo Nacional de Población y Vivienda, el primero desde 2005 y el principal instrumento para actualizar los datos demográficos y socioeconómicos del país. Ese levantamiento debía sustituir la información del último censo de 2005, que continúa siendo la referencia oficial para estos parámetros.
A dos años de iniciado, los resultados de este censo no han sido divulgados hasta la fecha de publicación de este reporte. Sin esos datos, el país continúa operando con información de hace 20 años, sin una actualización oficial sobre su población ni sus condiciones de vida.
El informe más reciente sobre condiciones de vida en Nicaragua proviene de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En su reporte de 2024 sobre seguridad alimentaria, el organismo documentó un deterioro en los indicadores nutricionales del país. Según ese estudio, el 19.6% de la población nicaragüense —alrededor de 1.4 millones de personas— no consume suficientes alimentos, lo que representa un aumento respecto a años anteriores.
Esa investigación señala que el 27.3% de la población, equivalente a cerca de 1.9 millones de personas, no puede costear una dieta saludable, y que el país forma parte del grupo de naciones con crisis alimentaria prolongada.
El informe también advierte sobre otros indicadores asociados a la pobreza. El 14.9% de los niños menores de cinco años presenta retraso en el crecimiento por desnutrición, mientras que la anemia afecta al 15.7% de las mujeres en edad reproductiva.
Tras la publicación del estudio que reveló estos datos, en febrero de 2025, el régimen sandinista anunció su retiro de la FAO y ordenó el cierre de su representación en el país. En la comunicación oficial, las autoridades calificaron el informe como “información falsa” y señalaron que carecía de “objetividad” y “rigor metodológico”.
En esa misma carta, el ahora cocanciller Valdrack Jaentschke argumentó que los datos incluidos en el informe no fueron autorizados, consultados, ni validados por el Gobierno, y afirmó que su publicación tenía fines políticos, orientados a “desprestigiar” las políticas oficiales en materia de pobreza y seguridad alimentaria, en un contexto en el que Nicaragua no cuenta con cifras oficiales recientes sobre pobreza.
Datos externos ante el vacío oficial
Ante la falta de información nacional actualizada, organismos internacionales recurren a estimaciones parciales para aproximar la situación de la pobreza en Nicaragua. Estas mediciones se basan en ingresos comparables entre países y permiten identificar tendencias generales, pero no sustituyen una encuesta nacional de hogares.
El Banco Mundial confirma que no existen datos oficiales recientes sobre pobreza en el país más allá de 2016, debido a que estas mediciones dependen de encuestas nacionales que no han sido actualizadas por el Estado . En el plano regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la pobreza alcanzó alrededor del 29% de la población latinoamericana en 2023, con base en información oficial reportada por los países. En ese conjunto, Nicaragua no cuenta con cifras recientes comparables dentro de estos registros.
El Banco Mundial, por su parte, mantiene a Nicaragua dentro del grupo de economías de ingreso medio bajo, una categoría que suele estar asociada a altos niveles de vulnerabilidad económica y a una amplia proporción de población en riesgo de caer en pobreza ante cambios en el ingreso o el costo de vida.
Las estimaciones internacionales permiten ubicar tendencias, pero no muestran con precisión dónde se concentra la pobreza ni qué grupos están más afectados. Tampoco permiten evaluar cambios en las condiciones de vida tras la crisis sociopolítica de 2018, la migración masiva o el aumento del costo de vida en los últimos 10 años.
Encuestas desde el exilio captan la realidad de los hogares en Nicaragua
Ante la ausencia de cifras oficiales recientes, las encuestas independientes ofrecen una de las pocas aproximaciones a la situación económica de los hogares nicaragüenses. La más reciente consulta del organismo Hagamos Democracia correspondiente al último trimestre de 2025, muestra un deterioro sostenido en los ingresos y en la capacidad de consumo de las familias.
Los datos reflejan una amplia brecha entre ingreso y costo de vida. El 72.1% de los encuestados no logra cubrir sus gastos mensuales con sus ingresos habituales, mientras que más del 78% no puede costear la canasta básica, cuyo valor supera los 21 000 córdobas mensuales.
El estudio evidencia que el problema no se limita al desempleo. Incluso entre quienes tienen ingresos estables, la capacidad de cubrir necesidades básicas es limitada. Una parte significativa de la población reporta ingresos inferiores a los 7000 córdobas, muy por debajo del costo real de la vida.
El mercado laboral muestra señales de precariedad. El 66.1% de los consultados no cuenta con empleo formal, ya sea porque trabaja por cuenta propia o se encuentra desempleado, lo que reduce el acceso a ingresos estables y a protección social.
En este contexto, las remesas se han consolidado como un pilar de subsistencia. El 49.3% de los hogares reporta haber recibido dinero del exterior en los últimos tres meses de 2025, lo que confirma su papel central en la economía doméstica. Estos ingresos provienen principalmente de Estados Unidos, Costa Rica y España, y en muchos casos determinan la capacidad de los hogares para cubrir alimentación y servicios básicos.
El aumento del costo de vida agrava el escenario. Más del 60% de los encuestados percibe incrementos recientes en productos esenciales como carne, queso, aceite y frijoles, lo que reduce aún más el poder adquisitivo.
Aunque estas mediciones no sustituyen una encuesta oficial, permiten observar tendencias consistentes. En ausencia de datos estatales actualizados, los resultados coinciden en que los ingresos de los hogares no alcanzan para cubrir el costo de vida.
Toda la región mide la pobreza, menos Nicaragua
El rezago de Nicaragua contrasta con el resto de Centroamérica, donde los países publican de forma periódica mediciones oficiales sobre pobreza basadas en encuestas de hogares o índices multidimensionales.
En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que el 15.2% de los hogares vivía en pobreza en 2025, según su última Encuesta Nacional de Hogares. En Panamá, el Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que el 20.8% de la población se encontraba en pobreza en 2023, con base en su medición oficial más reciente.
Guatemala publicó en 2024, a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que el 56% de su población vive en pobreza, una de las tasas más altas de la región. En Honduras, el Instituto Nacional de Estadística reportó que más del 60% de los hogares se encuentra en condición de pobreza, según sus últimas mediciones oficiales.
El Salvador también mantiene actualizaciones periódicas. El Banco Central de Reserva reportó que alrededor del 26% de los hogares vivía en pobreza en 2023, con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
Estos datos permiten a los países actualizar diagnósticos sociales, identificar territorios prioritarios y evaluar el impacto de sus políticas públicas. Además, alimentan sistemas regionales como los de la CEPAL, que construyen comparaciones con base en información oficial reportada por los Estados.
En ese contexto, la ausencia de cifras oficiales recientes en Nicaragua limita su inclusión en estos análisis y reduce la disponibilidad de información comparable sobre la evolución de la pobreza en la región.
El investigador costarricense Alberto Mora Román señala que la publicación de estos datos, tal como lo hacen los países centroamericanos– a excepción de Nicaragua– debería ser periódica. “Toda esta información debería producirse y publicarse anualmente. Es decir, en el 2025 deberían publicarse los datos del 2024”.
“No generar o no publicar ni promover el acceso a información o limitar su acceso suele ser parte de la estrategia de gobiernos autocráticos —o que buscan convertirse en uno de este tipo— para impedir el escrutinio público de su gestión, además para limitar el conocimiento y debate de los asuntos de interés público de un país”, concluyó en referencia a la ausencia de cifras en Nicaragua.