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Régimen instaura una nueva fase represiva “más elaborada y selectiva”

La policía continúa como la punta de lanza de la represión Ortega-Murillo. Divergentes.

En el país se ha instaurado una “espiral de violencia” en un contexto sociopolítico de represión y control absoluto. Así lo evidencia un informe presentado por la socióloga Elvira Cuadra y el Monitoreo Azul y Blanco, una iniciativa civil que da seguimiento a las agresiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la ciudadanía. 

Después de mayo la represión se sofisticó y está dirigida a “blancos específicos”, a personas que parecen estar en una lista selectiva que incluye a periodistas, líderes de oposición, precandidatos presidenciales, activistas, campesinos y empresarios. En dicho mes, el régimen ejecutó una cacería contra partidos políticos y miembros de grupos de oposición que encararon al gobierno y exigieron elecciones libres. La ruta de Ortega y Murillo fue elevar la represión a través de allanamientos y detenciones arbitrarias. 

“Las condiciones a las que están sometidos y expuestos este grupo de personas son condiciones realmente preocupantes que muestran los niveles de tortura y el ensañamiento de que están siendo víctima de parte del gobierno de los Ortega Murillo”, aseguró Cuadra.

Una treintena de personas fueron encarceladas desde mediados de mayo, fecha en la que el régimen impuso zancadillas al proceso electoral con unas reformas que desoyeron el llamado de la comunidad internacional. También fueron electos  nueve magistrados afines al sandinismo en el Consejo Supremo Electoral (CSE). 

La mayoría de los detenidos han sido procesados por “conspiración” y “menoscabo a la soberanía nacional”, delitos contemplados en el Código Penal. Otros, como la precandidata Cristiana Chamorro y los trabajadores Marcos Fletes y Walter Gómez de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) enfrentan un juicio por lavado de dinero, gestión abusiva y retención indebida.

“Esta nueva escalada está compuesta por formas de represión que implican un mayor involucramiento del sistema judicial y de otras instituciones como Migración. Lo podemos ver con los juicios que se están llevando a cabo y las torturas a las que son sometidos los más de 30 prisioneros políticos que hay en Nicaragua”, recalcó Cuadra. 

Las denuncias de torturas y malos tratos han sido difundidas tras la realización de juicios o visitas exprés concedidas por los fiscales. Familiares de los detenidos dijeron que algunos de ellos han perdido entre 12 a 36 libras, lo que revela la falta de una alimentación adecuada en la nueva Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “el nuevo Chipote”. 

Recientemente, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) denunció el estado del universitario Lesther Alemán, una de las voces que encaró a Ortega durante el primer Diálogo Nacional, el 15 de mayo de 2018, realizado con el fin de buscar una salida a la crisis sociopolítica. Alemán apenas se pudo sostener de pie durante la audiencia inicial que le realizó la Fiscalía en la DAJ, según alertó su abogado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió las medidas provisionales y requirió al estado de Nicaragua que libere a Alemán, y a otros dos opositores más: el campesino Freddy Navas y la activista Tamara Dávila. 

Estas acciones confirman la hipótesis presentada por Cuadra en su informe titulado “Una espiral sostenida de violencia”, en el que además se revela la evolución de la violencia letal en el primer semestre de 2021. 

Incremento de asesinatos

El informe elaborado por Cuadra y un equipo de colaboradores arroja que la espiral de violencia letal comenzó a incrementarse a partir de abril, cuando se produjeron el 17 % de los asesinatos, según la información suministrada por los medios de comunicación y procesado por un equipo de analistas. En mayo se calcula que ocurrieron el 20 % y en junio el 22 %. 

“Este período coincide con un incremento significativo de la violencia política gubernamental en contra de la oposición y en todo el país. Según se puede apreciar en los datos, el mes de abril en 2020 y 2021 ha sido el de más alta incidencia en ambos años; sin embargo, en 2020 muestra tendencia a la baja, mientras que en el 2021 la curva sigue creciendo hasta junio”, dice el informe. 

La violencia letal también se mantiene en las zonas rurales y urbanas, siendo lo rural el lugar en el que más asesinatos ocurren en el país (58.8 %). Los municipios de mayor incidencia son: San José de Bocay (11.1 %), Managua (9.8%), Wiwilí de Jinotega (6.5 %) y El Cuá (4.6 %).

Otro aspecto que destaca el informe es que, en un tercio de los casos (31.4 %), no se identificó una motivación específica, mientras que el 47.1 % tuvieron motivos diversos: en un 13.7 % se identificaron motivaciones vinculadas con la violencia de género y en el 7.8 % de los casos, la motivación se relaciona con el asalto o robo.

A pesar que no existen indicios claros, algunos hechos de violencia podrían estar relacionados con fines políticos, debido al actual contexto electoral que atraviesa el país. Históricamente la tendencia demuestra que en años de elecciones los índices de homicidio suelen aumentar.

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