Nicaragüenses amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) residentes en Houston, Texas, buscan por todos los medios legales obtener una nueva condición migratoria regular que les permita seguir viviendo en los Estados Unidos y evitar la deportación hacia el país centroamericano. DIVERGENTES logró recopilar tres casos que ejemplifican el drama de estos ciudadanos.
Pablo apuesta a obtener su residencia en Estados Unidos por medio de su hijo, quien es ciudadano mayor de edad de 21 años, por lo que no ha hecho ningún trámite personal para obtener dicho estatus migratorio, pese a que llegó a Estados Unidos hace 28 años.
“Tenía 20 años de edad y fue después del huracán Mitch (1998), no había mucho trabajo en Nicaragua y decidí venirme a los Estados Unidos a buscar un mejor futuro. Entré con un grupo de inmigrantes por Aguas Calientes y caminamos como cuatro horas, hasta un lugar en una carretera donde nos llegaron a traer y nos llevaron hasta Phoenix, Arizona, y después me llevaron hasta New Jersey” relató.
En New Jersey Pablo se estabilizó. Se casó, pero se separó de su esposa, con la que procreó dos hijos. Su hijo mayor tiene 26 años y desde que cumplió los 21, le dijo que se sometieran a una petición para arreglar su situación migratoria, pero se sintió seguro con solo tener el TPS y no lo hizo.
Pablo comentó que tenía un abogado que lo estaba ayudando con su caso y que iba a presentar todos los documentos que le hacía falta para la petición de parte de su hijo y no tener problemas con migración. “Ahora las cosas están más duras para los inmigrantes”, lamentó. No obstante, ya el TPS se venció y Pablo aún no ha logrado cambiar su situación migratoria.
Confiados en la Ley Nacara y sus TPS
Pedro, de 61 años, originario de Managua, llegó a los Estados Unidos hace 29 años buscando una mejor vida y huyendo de los sandinistas, porque desertó del Ejército de Nicaragua. “Era una vida de perro esa del Ejército, mal pagados y sufriendo abusos verbales y humillaciones de parte de cualquier jefecito que ponían por argolla o por sapo”, dijo.
Él y su esposa calificaban para ser beneficiados por el alivio migratorio que otorgaba la ley “Nacara” en Estados Unidos, pero por una mala asesoría legal, según dijo, le negaron la posibilidad de formalizar su estatus migratorio. “Nunca busqué otro abogado para ver si podía apelar a la decisión sobre mi caso por la Ley Nacara y como nos dieron TPS, no seguí moviendo al caso”, indicó.
La ley NACARA (Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act) o Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana, es una ley federal de los Estados Unidos aprobada en 1997 que permite a ciertas personas de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba y países que eran parte de la antigua Unión Soviética), obtener la residencia legal permanente en el país norteamericano.
Esta ley proporciona protección contra la deportación y acceso a la residencia legal para inmigrantes que llegaron previamente como asilados políticos, bajo ciertas condiciones de entrada y tiempo de residencia.
Pedro trabaja ahora en una casa de retiro para adultos mayores, donde dijo estar tranquilo ayudando a los ancianos. “Antes trabajé por más de 20 años en varias de las refinerías de Houston; ese si era un trabajo duro, porque pasas todo el día bajo el sol y a altas temperaturas, pero el salario era muy bueno y por eso me quedé tanto tiempo. Pero por la edad y la condición física tuve que dejarlo y buscar uno menos pesado”, dijo.
“Nunca me imaginé que nos iban a cancelar el TPS”
Pedro se sintió seguro cuando le otorgaron el TPS. Como no había tenido ningún problema para renovarlo, no buscó un nuevo asesoramiento legal. “Ahora, el Gobierno lo suspendió y nos pueden deportar, es por eso que la semana que viene tengo cita con el abogado, para ver qué es lo que voy a hacer”, destacó.
“Con todo lo que ha pasado en Nicaragua y cómo le dieron parole a miles de nicaragüenses, nunca me imaginé que nos iban a cancelar el TPS. Por el contrario, pensé que nos darían la residencia permanente después de tantos años, sin meternos en problemas con las autoridades, pagando impuestos y aportando para que este país prosperara”, anotó.
Pedro resaltó que por el momento en su trabajo no le han pedido ningún tipo de documentación migratoria para seguir laborando, pero se le venció la licencia de conducir el mes pasado y no la pudo renovar.
Cristina, originaria de Estelí, relató que antes de emigrar a los Estados Unidos trabajaba como enfermera desde los 14 años. “Era madre soltera, con un hijo asmático de tres años y uno de ocho años, el salario no daba y por eso me vine a los Estados Unidos hace 29 años”.
Fue en enero de 1998 cuando llegó a los Estados Unidos, tras caminar por dos noches por el desierto pasando la frontera por el sector de Brownsville. “No se me olvida porque nos metieron a todos en unas grandes cajas enterradas cerca de arbustos, donde dormimos y descansamos de día porque no podíamos caminar por el calor y la patrulla fronteriza. Ellos tenían varios de esos lugares, con esos grandes cajones para esconder a los inmigrantes que pasaban todos los días”, resaltó.
Capturas y deportaciones
Fue de visita a Nicaragua dos veces y no tuvo problemas para ingresar a los Estados Unidos nuevamente. Con el tiempo, recogió dinero y se trajo al hijo mayor cuando era menor de edad, pero lo agarraron al entrar por la frontera mexicana. “Como era menor de edad, lo soltaron. Por la falta de dinero y de un abogado no seguí el caso. Mi hijo no se presentó a las citas con la corte de inmigración y le dieron orden de deportación por no presentarse ante el juez”, comentó.
“Un día mi hijo venia manejando y lo paró la policía, pero ya era mayor de edad. Andaba tomado, sin licencia, lo pasaron a Migración y lo deportaron en el 2009, pero de inmediato lo mandé a traer nuevamente ” agregó.
Cuando el hijo de Cristina regresó a Estados Unidos, se puso a trabajar en un bar propiedad de unas tías por parte de su padre. Un día se emborrachó, se quedó dormido en la acera frente al bar, la policía lo agarró y se lo llevaron preso. Nuevamente Migración lo deportó.
El hijo de Cristina estaba casado. De la relación nació un niño, del cual ella se hizo cargo desde que tenía cinco semanas de nacido, porque además de su hijo, la madre del menor también fue deportada.
Ahora ese niño tiene 12 años, pero no lo adoptó. No tiene la custodia del adolescente, pero ella apuesta a pedir algún beneficio migratorio, aduciendo que su deportación por la anulación del TPS le causaría un dolor extremo a un ciudadano de Estados Unidos.
Resaltó que está buscando cómo sacarle el pasaporte a su nieto. “De ser deportada, el chavalo tendría que irse a Nicaragua conmigo, porque no tengo a nadie en los Estados Unidos que se haga cargo de él”, lamentó.
Complejidad de casos los hacen susceptibles a estafas
La abogada de inmigación Silvia Mintz explicó que Pablo podría arreglar por un “proceso consular en el cual su hijo ciudadano, que es ciudadano estadounidense, puede solicitar su reunificación”. Pero los casos de Cristina y Pedro son complicados, por no tener un familiar directo que los puedan pedir y aconseja a las personas en una situación similar, consultar de inmediato un abogado especializado en temas migratorios.
La abogada resaltó tener cuidado con abogados inescrupulosos que piden grandes cantidades de dinero para llevarles el caso y “arreglarlos”, sabiendo que las personas no tienen ninguna posibilidad de quedarse legalmente en el país, como el caso de Pedro y su esposa, que por el momento tendrían que regresar a Nicaragua.
La abogada Mintz resaltó que no hay que tomar decisiones apresuradas porque las leyes migratorias están cambiando constantemente y hay que estar pendientes de esas modificaciones.
Beneficiarios del TPS acorralados judicialmente
El 20 de agosto de 2025, los tribunales de Estados Unidos le dieron otra victoria al presidente Donald Trump en su lucha por la anulación del TPS. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito concedió la solicitud del gobierno federal para suspender una orden del tribunal de distrito que había extendido el TPS a miles de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión judicial dejó a más de 60 000 personas —en su mayoría centroamericanas— a las puertas de la irregularidad migratoria, tras más de 25 años residiendo legalmente en Estados Unidos.
La resolución afectó directamente a 51 000 hondureños y 3000 nicaragüenses que recibieron protección bajo el TPS, luego de que el huracán Mitch arrasó Centroamérica en 1998. También impactó a unos 7000 ciudadanos nepalíes, cuyo TPS venció el pasado 5 de agosto. Para los centroamericanos, el estatus migratorio y los permisos de trabajo expiraron el 8 de septiembre de 2025.
Este fallo revirtió una decisión del 31 de julio de la jueza Trina L. Thompson, del Tribunal de Distrito de San Francisco, quien había ordenado posponer la terminación del TPS hasta una audiencia fijada para el 18 de noviembre. En su resolución, Thompson criticó que el Gobierno estadounidense no había hecho una revisión objetiva de las condiciones actuales en los países de origen.