La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una declaración en la que condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, con casos que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad, al tiempo que, en un gesto de diálogo, pidió al país centroamericano que vuelva a formar parte del organismo regional.
La declaración, aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General que se celebra en Panamá, condenó “las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos, documentados por los mecanismos internacionales”, entre ellos algunos que “podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad”.
Además de expresar “su profunda preocupación (…) por el socavamiento sistémico del orden democrático y las instituciones en Nicaragua, caracterizado por la eliminación de la separación de poderes”.
Así, llamó la atención por el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, pidió “liberar de inmediato e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitraria o injustamente, incluidas todas las personas sometidas a desaparición forzada o cuyo destino o paradero se desconoce”.
También recordó la muerte reciente bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera “pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y subrayó la importancia de “la verdad, la justicia y la reparación” para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Además instó a las autoridades nicaragüenses a respetar la libertad de expresión, de religión o creencias, y a cesar las medidas para despojar o negar la ciudadanía a sus nacionales, garantizando el retorno seguro de los nicaragüenses en el extranjero y en exilio que desean retornar a Nicaragua, sin temor a represalias.
Nicaragua atraviesa esta crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.
La declaración de la OEA pidió así al Estado de Nicaragua “que garantice una participación política amplia y efectiva, estableciendo las bases para futuros procesos electorales de conformidad con las normas interamericanas”.
Precisamente fue en noviembre de 2021, días después de la reelección para ese quinto mandato, que el Gobierno nicaragüense notificó la decisión de denunciar la Carta de la OEA, que dio inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esa organización.
Sin embargo, la declaración de hoy dejó un espacio al diálogo con el llamado a que Nicaragua regrese a la OEA, “reiterando la disposición de los estados miembros a facilitar dicho proceso”.
Así fue el lobby de la oposición
En el Centro de Convenciones Atlapa y los hoteles circundantes en los que se realiza la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Ciudad de Panamá, un nutrido grupo de opositores y organizaciones de Sociedad Civil de Nicaragua se reúnen con embajadores y diplomáticos del hemisferio para explicar la gravedad sostenida de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El lobby grupal se ha acelerado este martes, en la víspera de que el organismo interamericano vote una declaración sobre Nicaragua en la que, entre varios puntos, se condena la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera.
En una posición conjunta firmada por al menos diez organizaciones opositoras, y titulada “Nicaragua no puede esperar: llamado urgente a la OEA para una salida pacífica y democrática”, resaltan que “la violación sistemática de los derechos humanos persiste tanto dentro del territorio nacional como contra la población nicaragüense en el exilio, mediante prácticas que constituyen crímenes transnacionales y una estrategia sostenida de persecución contra toda persona opositora o percibida como tal”.
Un par de días antes, las mismas plataformas de opositores pidieron a los países miembros del foro hemisférico “reconocer la ilegitimidad del régimen sandinista de los Ortega-Murillo”, en un ejercicio de concordancia política que dista de las diferencias que, por años, han impedido la “unidad opositora”. Entre los que asisten a Ciudad de Panamá resaltan los excarcelados políticos Juan Sebastián Chamorro y Lesther Alemán. Activistas como Edipcia Dubón y Haydée Castillo. Luis Blandón del partido UNAMOS, Jonathan Duarte de la Fundación Libertad, entre otros.
En el comunicado de prensa difundido este 23 de junio, las plataformas opositoras anuncian que coordinaron sus delegaciones en Panamá durante la Asamblea General con el objetivo de incidir ante los Estados miembros, y celebran haber logrado su principal meta: “que Nicaragua vuelva a figurar en la agenda de la Asamblea, de la que estuvo ausente en 2025”, tras un proceso que incluyó una visita a Washington en mayo junto al Grupo de Países Voluntarios Amigos de Nicaragua. Piden que se aplique la resolución AG/RES. 2978, aprobada en 2021, que declaró sin legitimidad democrática las elecciones de noviembre de ese año, y que “en consecuencia los Estados miembros traten al régimen copresidencial como ilegítimo, tanto en su origen como en el ejercicio del poder, reafirmando el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades”.
Los opositores citan como contexto al menos 46 presos políticos y nueve personas en condición de desaparición forzada hasta mayo de 2026, 452 personas desnacionalizadas y más de 850 000 desplazados desde 2018, y señalan la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal como una de las expresiones más graves de esa política represiva, ocurrida después de casi tres años de detención incomunicada, y que el régimen sólo reconoció su captura cuando su estado de salud ya era irreversible.
En paralelo, organizaciones de sociedad civil como Raza e Igualdad, CEJIL y la Asociación Memoria y Justicia organizaron conversatorios para ampliar sobre la represión en Nicaragua. La mañana de este martes, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas expuso, en el marco de la Asamblea General, los hallazgos de su más reciente informe sobre la motivación de género en la represión Ortega-Murillo. Azahalea Solís, de la Asociación Memoria y Justicia, fue una de las encargadas de comentar los hallazgos que desmontan uno de los principales argumentos de la dictadura: la equidad de género.
“La única equidad que hay es que tanto hombres como mujeres estamos bajo persecución en Nicaragua. Tanto hombres como mujeres estamos pobres. Tantos hombres como mujeres estamos sufriendo violación de nuestros derechos. Es la única equidad que hay”, criticó Solís.
Las declaraciones del presidente de Panamá
El lunes, durante la inauguración de la Asamblea General de la OEA en Panamá, el presidente José Raúl Mulino abordó también la situación de Nicaragua. Mulino afirmó que, en su calidad de Estado anfitrión, Panamá considera su “obligación” señalar lo que la organización “no puede ignorar”, en referencia al “grave deterioro del respeto a los derechos humanos” en el país.
“La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos son hechos incompatibles con los principios que esta organización defiende”, expresó el mandatario panameño.
La resolución sobre Nicaragua se votará este miércoles. Fue Canadá quien solicitó formalmente esa inclusión. La gestión llegó a través de una carta enviada el 21 de mayo por la misión canadiense ante la OEA, en la que pidió incorporar el punto sobre la situación del país al temario de esta sesión.
La iniciativa contó con el respaldo de Chile, socio de Canadá al frente del Grupo Voluntario sobre Nicaragua, el mecanismo del organismo que monitorea la crisis política y de derechos humanos del país. Argentina y Costa Rica se sumaron también al pedido.
Este despliegue de incidencia ocurre, sin embargo, en una OEA atravesada por su propia crisis interna. La salida en bloque de varios diplomáticos de alto rango de la misión estadounidense ante el organismo, reportada esta semana por Reuters, y la intención declarada del embajador Leandro Rizzuto Jr. de alejar a la OEA de la agenda de derechos humanos para enfocarla en asuntos económicos, plantean dudas sobre cuánto peso político real puede tener una resolución como la que se vota este miércoles.
Aun así, el expediente nicaragüense sigue ocupando un lugar central en el sistema interamericano, incluso después de que el régimen Ortega-Murillo formalizara su salida de la organización en 2023. El borrador de resolución bajo discusión retoma las conclusiones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y eleva el caso de Brooklyn Rivera a símbolo de la persecución contra liderazgos indígenas y opositores, aunque evita medidas coercitivas: combina la condena a las violaciones con una invitación a que Nicaragua se reincorpore al sistema interamericano.