Ser opositor, activista, periodista o cualquier persona que se atreva a criticar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puede significar cárcel. Es un hecho que las personas dentro de los movimientos sociales y políticos surgidos a raíz de las protestas de abril de 2018 lo tienen claro, sobre todo después de las últimas detenciones ejecutadas por la Policía Nacional. Dentro de las agrupaciones, estos encarcelamientos han sido percibidos como un intento del régimen por “descabezar” a la oposición organizada, pero uno que, según ellos, no ha tenido éxito.
“Sin duda esto es un ataque a la democracia, pero el régimen no se esperaba que nosotros pudiéramos seguir funcionando sin nuestros liderazgos”, asegura Ariel Sotelo, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
En medio de todo, los opositores son categóricos al decir que no es el fin de su movimiento político. “Sería contrario con nuestros principios que hemos asumido con nuestros hermanos, con las víctimas y con la ciudadanía claudicar antes de haber hecho todo lo que está a nuestro alcance”, aseguró Alexa Zamora, integrante de dicha agrupación.
Para Luis Blandón, miembro de la Comisión Ejecutiva de Unamos, la escalada represiva era de esperarse, debido a que algunos de los detenidos de Unamos eran asediados en sus casas por la Policía Nacional, hasta el punto de impedirles la movilización. “En este contexto nos toca hacer las cosas desde la clandestinidad, porque parte de la estrategia es que no sigan capturando a nuestros liderazgos”, agregó.
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Tanto la UNAB como Unamos se definen como organizaciones con estructuras que no giran alrededor de personas particulares, sino en torno a “objetivos y metas”. Sotelo manifiesta que a pesar del golpe, se está dando un proceso de reestructuración interna.
La Policía Nacional encarceló el 12 de junio a Tamara Dávila, una de las integrantes del Consejo Político de la UNAB que tomó posesión a inicios de año. La activista fue arrestada tras un operativo policial ejecutado por la noche. Los oficiales entraron a la vivienda con violencia, desconectaron las cámaras de seguridad y retuvieron a las personas que se encontraban en la casa, incluida la hija menor de Dávila.
De la UNAB también fueron arrestados los líderes opositores Félix Maradiaga, precandidato presidencial; y Violeta Granera, una reconocida socióloga y activista. Sumados a ellos, cinco dirigentes de la Unión Democrática Nicaragüense (Unamos), agrupación política que forma parte de la UNAB, fueron detenidos por la Policía: Suyen Barahona, presidenta del movimiento; Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres. De la Coalición Nacional, el jurista José Pallais fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y José Adán Aguerri, miembros de la Alianza Ciudadana también fueron encarcelados por el régimen.
Además, bajo los señalamientos de “traición a la patria” también fueron encarcelados Miguel Mendoza, cronista deportivo y Luis Rivas, gerente general de Banpro; y María Fernanda Flores, exdiputada liberal quien fue puesta bajo arresto domiciliario.
Por los supuestos delitos de lavado de dinero fueron detenidos Marcos Fletes, Walter Gómez y la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien tiene arresto domiciliario. Pedro Salvador Vásquez, conductor de Chamorro, fue detenido en las cercanías de Las Palmas el 15 de junio, un día después de asistir a su citatoria a la Fiscalía debido al caso contra la Fundación Violeta Barrios. Sus familiares denunciaron que está incomunicado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial.
El “terror” también se siente en los territorios
Defensores de derechos humanos han calificado los operativos policiales como “noches de terror”. Las detenciones también han sido nocturnas, un hecho que no se contempla en la Constitución Política de Nicaragua. Al menos 12 casas han sido allanadas a altas horas de la noche, como si de asaltos se tratara.
Pese a que casi todos los operativos se han desarrollado en Managua, en los territorios persiste la zozobra entre los opositores. Álex Hernández, integrante de la UNAB, asegura que en las zonas departamentales donde dicha organización tiene presencia se mantiene el hostigamiento.
“Sin embargo, seguimos en resistencia y consultando con las bases sobre el destino de nuestra organización y los planes de trabajo y la construcción de mecanismos que nos permitan alcanzar de una vez por todas la tan ansiada unidad entre opositores”, agregó.
Hernández aclara que con las detenciones de los liderazgos de su organización, no se detienen los procesos internos, pues “no existe un sistema vertical”.
En medio del estado de represión, la oposición ha optado por replegarse y crear campañas a través de las redes sociales. La radicalización del régimen ha provocado que las acciones de calle sean cada vez más arriesgadas. “Es sumamente difícil volver a las calles, sin duda porque la gente tiene miedo, nosotros hemos estado intentando hacer pequeños actos de protestas en puntos del país que no pongan en riesgos a la ciudadanía nicaragüense, como pintas”, dijo Sotelo.
Pero en el campo donde los opositores han insistido más es en la incidencia internacional, cuyas voces se han elevado con mayor contundencia tras las últimas detenciones.
Opositores enfocados en la presión internacional
La mayoría de los opositores encarcelados —a excepción de la precandidata Cristiana Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, que son acusados de lavado de dinero y falsedad ideológica— son señalados de ser “traidores a la patria” bajo los argumentos que esgrime la Ley 1055, “Ley de defensa a los derechos del pueblo a la soberanía y a la autodeterminación para la paz”, una de las tres leyes represivas que el régimen ordenó aprobar en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista. La norma, compuesta únicamente por dos escuetos artículos, invoca el delito de traición a todos aquellos nicaragüenses que “menoscaben la soberanía nacional, soliciten injerencia extranjera, aplaudan sanciones”, entre otras conductas.
No obstante, las sanciones que ha realizado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están dirigidas a funcionarios específicos del gobierno de Ortega y Murillo, familiares del régimen, miembros de la Policía Nacional y del Ejército.
Según Sotelo, la estrategia de la oposición está centrada en la denuncia internacional para que prevalezcan los emplazamientos hacia el régimen, y de esta forma presionar para la liberación de los más de cien presos políticos que hay en el país. “Este es el trabajo fundamental en este momento, la presión internacional que pueda recibir Ortega para que él de una manera flexibilice”, agregó.
Lo cierto es que los alcances de estas presiones parecen insuficientes ante una escalada represiva que cada vez tiene nuevos blancos. En los últimos discursos de la vicepresidenta Murillo, la mira está colocada contra medios de comunicación y periodistas. “¿Cómo vamos a estar de rehenes de unos cuantos tapudos (mentirosos)?, porque eso es lo que son, chachalacos”, dijo la vicemandataria este jueves en su monólogo diario al mediodía.
La escalada represiva provocó que los Estados Unidos aplicara sanciones a cuatro nuevos funcionarios del gobierno, incluidos un miembro del Ejército y la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega. En los próximos días, el Parlamento Europeo discutirá una resolución contra el gobierno por los arrestos a opositores. Mientras tanto, la Ley Renacer está a pocos pasos de ser aprobada por el Senado de los Estados Unidos. “Lo fundamental en este momento es resguardar la vida de la ciudadanía”, aseguró Sotelo a DIVERGENTES, por esta razón, los opositores depositan parte de sus esperanzas en la diplomacia de la comunidad internacional.