Organizaciones de derechos humanos y ambientales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la expansión de la minería en Nicaragua está profundizando las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, mediante un modelo extractivo que avanza sobre territorios comunales y áreas protegidas en un contexto de debilitamiento de la autonomía de la Costa Caribe.
La denuncia fue presentada por la Fundación del Río, el Institute on Race, Equality and Human Rights y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) durante una audiencia pública celebrada en Washington D. C., en el marco del 196.º período de sesiones del organismo, este lunes 3 de agosto de 2026.
Las organizaciones sostuvieron que el Estado mantiene una deuda histórica con los pueblos indígenas debido a la falta de saneamiento de los territorios comunales titulados bajo la Ley 445 y señalaron que las recientes reformas constitucionales y legales han reducido la capacidad de decisión de las autoridades indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios, favoreciendo la expansión de la actividad minera.
Fundación del Río denuncia debilitamiento de las salvaguardas ambientales
El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, afirmó durante la audiencia que la política extractivista del Estado ha eliminado progresivamente las salvaguardas para proteger los territorios indígenas y afrodescendientes, entre ellas los estudios de impacto ambiental previos, la consulta pública obligatoria para proyectos mineros y otros controles ambientales y territoriales.
También señaló que la legislación vigente permite por primera vez el desarrollo de actividades mineras dentro de áreas naturales protegidas y denunció la falta de transparencia sobre proyectos, contratos, permisos de operación y la trazabilidad de los minerales extraídos.
Ruiz advirtió además que la expansión del modelo extractivo ha intensificado el uso de mercurio y cianuro en la actividad minera y que persiste el trabajo infantil en zonas de explotación. Según los datos presentados por Fundación del Río, actualmente existen 75 lotes mineros que afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera, comprometiendo más de 900 000 hectáreas, entre ellas la Reserva de Biosfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz.
Concesiones mineras, violencia y persecución a líderes indígenas
El director ejecutivo del Institute on Race, Equality and Human Rights, Carlos Quesada, afirmó que el incumplimiento del saneamiento territorial ha permitido el avance de colonos no indígenas sobre territorios comunales y que las recientes reformas constitucionales y legales han debilitado las garantías de autonomía de la Costa Caribe y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios. También sostuvo que este proceso ocurre en un contexto de cierre del espacio cívico, persecución de liderazgos comunitarios y violencia sistemática contra estas comunidades.
La abogada de Cejil, Alejandra Manavella, indicó que actualmente existen 62 lotes mineros que afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25.5 % de las tierras comunales.
Añadió que estas concesiones impactan 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1 900 kilómetros de red hídrica, además de zonas como Bosawas y Río San Juan. Según expuso, este modelo extractivo también está asociado a procesos de desplazamiento forzado, violencia y criminalización de quienes defienden sus territorios.
Durante la audiencia, Manavella señaló que entre 2013 y 2024 fueron asesinadas al menos 69 personas indígenas en este contexto y mencionó los casos de los líderes Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y los ocho guardabosques mayangnas como ejemplos de persecución contra liderazgos indígenas. También se presentaron resultados de un estudio científico sobre los efectos de la exposición al mercurio en mujeres indígenas.
Rivera, histórico líder miskitu y expresidente de Yatama, murió el 30 de mayo de 2026 bajo custodia del Estado, tras permanecer más de dos años en desaparición forzada. Su muerte reavivó las denuncias nacionales e internacionales sobre la persecución contra los pueblos indígenas de la Costa Caribe y las condiciones de detención impuestas por el régimen.
La CIDH expresa preocupación
Durante la audiencia, la comisionada Rosa María Payá afirmó que la CIDH ha documentado de forma reiterada que los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua enfrentan un patrón de despojo territorial, debilitamiento de su autonomía y persecución de sus liderazgos, situación que, según indicó, se ha agravado con la expansión de actividades extractivas sin respeto a las garantías de consentimiento libre, previo e informado.
Por su parte, la comisionada Marion Bethel solicitó profundizar en los efectos del uso de mercurio sobre la salud, especialmente de mujeres, niñas y niños, y consultó sobre el impacto de las sanciones internacionales al sector minero nicaragüense, así como sobre el uso y las concesiones de agua otorgadas para estas actividades.
El relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), Javier Palummo, sostuvo que el problema trasciende los impactos ambientales y representa un desafío de gobernanza territorial, debido a que las concesiones mineras coinciden con territorios colectivos y áreas protegidas en un contexto de debilitamiento de los mecanismos de evaluación ambiental, transparencia y participación ciudadana.
Al concluir la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH mantener y fortalecer el monitoreo sobre Nicaragua, incorporar de manera específica los impactos de la expansión minera sobre los territorios indígenas y afrodescendientes, reforzar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia Awas Tingni y coordinar acciones con mecanismos de Naciones Unidas para fortalecer el escrutinio internacional sobre la situación de estas comunidades.