Ortega ha concesionado la cuarta parte de Nicaragua a empresas mineras

Un informe elaborado por Fundación del Río expone por primera vez que el país tiene bajo concesión al menos el 23% del territorio. El Gobierno que más permisos ha otorgado para la exploración y explotación ha sido el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, favoreciendo en gran medida a empresas canadienses. La actividad minera aumenta indiscriminadamente en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes

Vista de una concesión minera de Calibre Mining en Nicaragua. Tomada del sitio web de la transnacional canadiense.

Nicaragua tiene el 23% –casi la cuarta parte de su territorio– concesionada a empresas mineras. Así lo revela un informe técnico presentado por Fundación del Río en el que se detalla que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido el que más concesiones ha otorgado desde 2007. El monitoreo también detalla que las compañías de origen canadiense tienen la mayor parte de los permisos de exploración y explotación. Calibre Mining Nicaragua es la sociedad que tiene en su poder el 15% de todo el territorio como área concesionada.

El análisis realizado por la Fundación del Río se basó en los datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el mapa de derechos mineros. También recoge información de diagnósticos que esta institución realizó sobre la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape).

Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, detalló que el informe también revela que al menos unas 40 mil personas se dedican a la minería artesanal y de pequeña escala en el país. La industria irregular opera ilegalmente en 38 municipios de Nicaragua.

“Existe un nuevo sector de extracción minera dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz llamado Las Cruces, a escasos siete kilómetros del puesto del Ejército y del Marena. También descubrimos que el 66% de toda la Reserva de Biósfera de Bosawás está concesionada a la minería metálica. Nos preocupa que Nicaragua tenga más concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes en Centroamérica (141)”, explicó el ambientalista.

El negocio de la minería ha sido impulsado por el régimen de Daniel Ortega desde su llegada al poder. Sin embargo, la actividad extractivista incrementó en 2017 cuando la dictadura aprobó la Ley N° 953, Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y junto con esta ley estableció modificaciones al manejo de Área de Reserva Minera Nacional.

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Eniminas fue creada para “consolidar su control sobre el sector minero de Nicaragua”. Una de las principales funciones de la institución era la regulación de la minería aurífera a través de la emisión de concesiones de tierras a empresas nacionales y extranjeras, que cuentan con varias empresas conjuntas con empresas privadas.

Hasta 2021, la minería entonces fue la actividad económica que tuvo mayor ingreso sostenido en la última década, con un aumento del 115.5% de exportaciones. En los últimos 10 años, el MEM refleja exportaciones de 4,130 millones de dólares. Sin embargo, estos apenas se han traducido en ingresos de 130 millones de dólares que recibió el Estado de Nicaragua por el otorgamiento de estos derechos. Es decir, un 3% de lo que se exporta quedó en divisas en el país en la última década.

Cuando parecía que el negocio iba viento en popa para el régimen sandinista, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó en junio a Eniminas, y al presidente de su junta directiva, Ruy López Delgado. La sanción representó un duro golpe para la exportación de oro.

Según el comunicado de la OFAC, el régimen Ortega-Murillo estaría utilizando “los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua y participando en actividades que representan una amenaza para la seguridad del hemisferio”. 

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, explicó que, a medida que el régimen Ortega-Murillo continúa llenando sus arcas con importantes ingresos explotados del sector del oro nicaragüense, la dictadura le ha dado la espalda al pueblo nicaragüense, descuidando sus medios de subsistencia por las ganancias del círculo presidencial.

Ortega, el dador de concesiones  

Unos hombres realizan minería artesanal en la reserva protegida de Indio Maíz. Divergentes.

Las concesiones de Ortega han representado un aumento de seis veces más de la cantidad de hectáreas concesionadas en períodos anteriores. Los tres gobiernos liberales juntos habían entregado para explotación 139 mil 852 hectáreas, que representaba el 1% del territorio nacional, mientras que el régimen otorgó 782 mil 628, es decir, un 6,5% del territorio nacional.

Las empresas que han recibido concesiones son 54. Sin embargo, según el informe, unas cuantas son las que manejan la mayor parte de las titularidades de los derechos otorgados. Al menos cinco compañías manejan más del 60%, la mayoría son de capital extranjero.

“Por lo general las empresas o grupos financieros internacionales tienen empresas subsidiarias o compran los derechos de concesión a empresas constituidas en el país que se encargan de las primeras fases de los proyectos mineros y debido a esto, es complejo rastrear quienes tienen o van a tener la titularidad de los derechos de concesión”, explicó Ruiz.

Las empresas de origen canadiense son las que tienen mayor cantidad de concesiones y juntas abarcan el 35% del área concesionada. Solo una empresa colombiana tiene el 21% del área concesionada, y las empresas nicaragüenses apenas tienen el 11%. Calibre Mining Corp., con 30 permisos otorgados, es la que está a la cabeza en la extracción minera.

Minería en Reservas de Biosferas

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Fundación del Río ha venido denunciando el auge de la actividad minera en el sureste de Nicaragua, específicamente en la Reserva de Biósfera de Río San Juan y dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, a pesar de que estas áreas no son consideradas como distritos mineros por el propio MEM y está prohibido realizar este tipo de actividades por su condición de áreas protegidas de carácter nacional e internacional.

Desde el 2016, la organización ha documentado más de 100 molinos de extracción minera ubicados en los municipios de San Carlos y El Castillo, además se ha evidenciado la vinculación entre la Minería Artesanal y de Pequeña Escala y las empresas industriales que procesan, compran o permiten la entrada de material que viene de zonas ilegales dentro de sus procesos de operación fuera de estos municipios.

En ese momento identificaron a planteles de las empresas Topacio S.A., Plantel Los Ángeles S.A., HYTS Resources Development S.A. y Calibre Mining Nicaragua S.A. como los puntos de destino de la ruta de comercio del material minero que procedía de esas zonas de extracción.

Otra de las reservas que sufre los impactos de la minería industrial y artesanal de oro, es la Reserva de Biosfera de Bosawás. Aunque el inicio de esta actividad data de hace más de 25 años, es desde el 2007 cuando ha aumentado exponencialmente las concesiones y la extracción ilegal de minería artesanal dentro de esta reserva.

Según el análisis del mapa de concesiones dentro de Bosawás, 79 corresponden a empresas mineras, de las cuales 60 han sido otorgadas y 19 se encuentran en solicitud. También 19 están consideradas como Áreas de Reserva Mineras administradas discrecionalmente por el MEM y por la empresa estatal Eniminas.

Nuevamente la empresa más beneficiada de estas concesiones son Calibre Mining Corp. a través de su subsidiaria Calibre Mining Nicaragua S.A.

Indígenas y afrodescendientes

Una explotación minera en la reserva protegida de Indio Maíz. Divergentes.

La actividad minera también ha incrementado en estas zonas. El informe revela que un nuevo sector de extracción minera, llamado Las Cruces, está ubicado a siete kilómetros del puesto del Ejército de Nicaragua y del Marena, sin que hagan algo para detener la operación que es ilegal.

“También se ha podido corroborar rutas de tráfico ilegal de mercurio y cianuro en grandes cantidades desde Costa Rica hacia Nicaragua”, recordó Ruiz.

Otro punto a destacar del informe es el aumento de concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. De acuerdo al documento, el país es el que más área dispone en la región centroamericana.

En el análisis del mapa de derechos de usos mineros, se evidencia que existen cuatro pueblos que están siendo impactados por dichas concesiones: Chorotegas, Matagalpas, Miskitos y Mayangnas.

“Existen concesiones mineras en 21 territorios indígenas que afectan a 5 territorios Chorotegas, 1 territorio Matagalpa, 6 territorios Mayangna, 7 Miskitu y 2 territorios multiétnicos (Mayangna y Miskitu)”, detalla el informe.

Las concesiones mineras de las empresas están afectando a uno o más territorios indígenas. El análisis cuantificó 141 concesiones de minería, 69 otorgadas y 72 solicitadas; además de 42 lotes que se han declarado Áreas de Reserva Minera. Es decir, un total de 183 lotes de concesiones y áreas de reserva minera se encuentran en esos territorios.

“Se han identificado a 19 empresas con concesiones mineras (otorgadas y solicitadas) dentro de los territorios indígenas y afrodescendientes, pero cinco de ellas concentran la mayor cantidad de concesiones. La empresa Calibre Mining Nicaragua S.A. es la que mayor número tiene y la que afecta mayormente a los territorios. Le sigue HEMCO Nicaragua S.A. y en el caso de CXB Nicaragua S.A. se conoce que vendió parte de sus derechos mineros a Calibre Mining Corp.”, enumeró Ruiz.

Frente a estos nuevos hallazgos, Fundación del Río hizo un llamado a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a que resistan el embate del modelo de saqueo y despojo que impone el régimen de Ortega-Murillo en sociedad con las empresas mineras; y solicitó el apoyo de la comunidad internacional, las organizaciones ambientales y de la sociedad nicaragüense para acompañar y acuerpar la denuncia frente a la minería metálica.