El régimen de Daniel Ortega ha ideado nuevas trampas electorales para controlar todos los municipios del país. El retraso en las elecciones municipales, que por ley deben organizarse el 6 de noviembre, es una de las nuevas estrategias, que para analistas en temas electorales es una intención de la dictadura de acortar el tiempo establecido para que se desarrolle el proceso electoral y así dar más ventaja al Frente Sandinista, el partido oficial, dentro de un sistema forjado a la medida del orteguismo. “El hecho de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) todavía no presente un calendario confirma la discrecionalidad con que la dictadura pretende administrar estos comicios sin competencia”, afirmó Olga Valle, directora e investigadora de Urnas Abiertas.
Para Valle, el retraso en la convocatoria de los comicios ha sido una práctica sistemática desde que Daniel Ortega volvió al poder en el 2007, hasta llegar al punto de que no se sabe cuándo serán convocadas las próximas elecciones. Desde el año 2000, la convocatoria oficial para los comicios se ha realizado a más tardar el cinco de mayo del año respectivo. A pocos días de finalizar este mes, el CSE continúa sin presentar un calendario electoral pese a la “demanda” de los partidos comparsas que pretenden participar en las elecciones sin competencia.
“No nos preocupa que el CSE todavía no haya convocado a elecciones (municipales), lo que sí nos preocupa es el calendario electoral, porque allí es donde están los tiempos, los términos para cada una de las actividades que tiene que llevar el partido durante el proceso de las elecciones municipales, que son muchos”, afirmó el presidente del partido Alianza por la República (APRE), Carlos Canales, un político conocido por respaldar los procesos viciados que ha desarrollado el régimen sandinista.
Urnas Abiertas ha advertido de que los tiempos de convocatoria de elecciones municipales han disminuido de un año a seis meses desde 2007. “Para las elecciones de 2008 la convocatoria fue lanzada el seis de noviembre de 2007, justo un año antes de la cita en las urnas. En 2012, el anuncio se dio hasta el 26 de abril, es decir, siete meses antes de realizarse las elecciones y en 2017, el llamado se produjo el 5 de mayo. Sin embargo, para este 2022, se desconoce cuánto tiempo será reducido el período y cuándo se convocará oficialmente”, alerta la organización.
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El artículo cuatro de la Ley Electoral establece que el CSE elaborará en consulta con las organizaciones políticas que gozan de personalidad jurídica un calendario electoral con la debida antelación para cada elección, señalando entre otras actividades: el término, desarrollo, procedimiento de la campaña electoral y el día de las votaciones. Sin embargo, a seis meses de estas votaciones, lo único que ha ocurrido en temas electorales es la aprobación de una reforma por la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es aumentar el control sobre todo el proceso, sin plantear cambios de fondo y ni para garantizar una jornada transparente, legítima e íntegra.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla 135 alcaldías bajo bandera del Frente Sandinista. Las otras 18 son administradas por partidos liberales. Según Urnas Abiertas, el avance del FSLN sobre el poder local inició en las cuestionadas elecciones de 2008 y desde entonces, la autonomía municipal ha venido siendo sistemáticamente atropellada, pues el control de las municipalidades responde a la estrategia totalitaria de la dictadura.
La reforma que perpetua al sandinismo
Los diputados de la Asamblea Nacional, controlada enteramente por el orteguismo, aprobaron a inicios de mayo una reforma a la Ley Electoral que cambió nueve artículos para reforzar el control absoluto del sistema de cara a los comicios locales, en un ambiente de liquidación de competencia política y represión en Nicaragua.
De acuerdo a analistas en la materia, la discrecionalidad para elegir miembros de Consejos Regionales, Departamentales y Municipales, el aumento en el número de votantes en Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la reducción de los días para realizar campaña son los cambios más sustanciales que apuntan a perpetuar al sandinismo en el poder local.
La reforma de nueve artículos (16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158) se traduce en el cierre de cualquier tipo de espacio que permita la participación política de ciudadanos que quisieran organizarse y disputar el poder local, coinciden los analistas. “Lo que están haciendo es rellenando los baches que no pudieron con la reforma electoral del año pasado”, explicó Juan Diego Barberena, abogado y opositor.
El año pasado, previo a las elecciones sin competencia que organizó el régimen los diputados reformaron la Ley Electoral para desarrollar unos comicios generales que no fueron competitivos y transparentes. Los cambios en esa ocasión pasaron por inhibir a candidatos opositores, dificultar la labor de los fiscales, tener el control de las movilizaciones a través de la Policía Nacional, y premiar la participación de los partidos comparsas, mejor conocidos como zancudos.
Los diputados plantean en la reforma al artículo 22 la agilización administrativa y el funcionamiento de las JRV durante el proceso electoral. El cambio principal es el aumento de votantes de 400 a 600 por Junta Receptora de Votos.
Con la ampliación de votantes, el régimen pretende aglomerar en pocos centros a los ciudadanos para continuar con la narrativa de la concurrencia en los procesos electorales. Sin embargo, a juicio de la directora del observatorio de Urnas Abiertas, esta movida deja en evidencia que quieren tapar la baja participación que han tenido en las últimas elecciones.
Los diputados también plantearon la reforma al artículo 74 para acortar el tiempo de campaña electoral de 75 a 30 días para las elecciones generales y de 42 a 20 para las municipales. Una decisión que ofrece una enorme ventaja al régimen frente a sus competidores.
Barberena manifestó que el único partido político que tiene facultad de hacer campaña todo el año, porque tiene todos los recursos, es el Frente Sandinista. Sin embargo, agregó que la reforma no solo le ofrece esa ventaja al sandinismo, sino que robustece la idea del sistema de partido hegemónico que existe en el país. Todas las reformas, según Barberena, aumentan la discrecionalidad del Frente Sandinista. Están encaminadas a robustecer aún más el sistema a favor del régimen y mantener las malas prácticas electorales que le dan a Ortega todo el poder.