Nueva reforma electoral busca perpetuar al sandinismo en el poder local

Los diputados leales a los Ortega-Murillo introdujeron una propuesta de reforma a la Ley Electoral que cambiaría nueve artículos para reforzar el control absoluto del sistema de cara a los comicios locales, en un ambiente de liquidación de competencia política y represión en Nicaragua. “La reforma está motivada por el miedo. Se sienten débiles políticamente aunque fuertes en cuanto control de leyes y Estado. Quieren manejar todo a control remoto desde El Carmen y no pueden dejar cabos sueltos, dando por sentado que habrá otra farsa”, dice Jesús Tefel

Una mujer se busca en el Padrón Electoral de su Junta Receptora antes de votar en las elecciones sin competencia de 2021. Archivo | Divergentes

La reciente propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada por los diputados sandinistas este martes, a menos de seis meses de la fecha de los comicios municipales, pretende mantener el “control totalitario” sobre el sistema electoral de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De acuerdo a analistas en la materia, la discrecionalidad para elegir miembros de Consejos Regionales, Departamentales y Municipales, el aumento en el número de votantes en Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la reducción de los días para realizar campaña son los cambios más sustanciales que apuntan a perpetuar al sandinismo en el poder local. 

La reforma de nueve artículos (16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158) se traduce en el cierre de cualquier tipo de fisura que permita la participación política de ciudadanos que quisieran organizarse y disputar el poder local, coinciden los analistas. “Lo que están haciendo es rellenando los baches que no pudieron con la reforma electoral del año pasado”, explicó Juan Diego Barberena, abogado y opositor.

El año pasado, previo a las elecciones sin competencia que organizó el régimen Ortega Murillo, los diputados reformaron la Ley Electoral para desarrollar unos comicios generales que no fueron competitivos y transparentes. Los cambios en esa ocasión pasaron por inhibir a candidatos opositores, dificultar la labor de los fiscales, tener el control de las movilizaciones a través de la Policía Nacional, y premiar la participación de los partidos comparsas, mejor conocidos como zancudos.

Este año el principal “argumento” de los diputados sandinistas para reformar la Ley Electoral se basa en “la experiencia del proceso del 2021”, una jornada marcada por el arresto de todos los precandidatos opositores. Sin embargo, no detallaron cuáles fueron esos aprendizajes que obtuvieron en las elecciones anteriores. Según los legisladores, se pretende agilizar la conformación de las estructuras electorales y el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), es decir, “tener un proceso dinámico”. 

No obstante, los analistas consultados por DIVERGENTES no coinciden con el punto de vista oficial.

Un hombre vota en las elecciones sin competencia de noviembre de 2021 en Nicaragua. Archivo | Divergentes

Olga Valle, directora del observatorio independiente Urnas Abiertas, consideró que la reforma de los nueve artículos, además de eliminar cualquier ventana que permita a la población organizarse para disputar el poder local al régimen sandinista, cierra la posibilidad incluso a los partidos colaboracionistas para que estos no designen a ciudadanos que puedan informar sobre las irregularidades del proceso. 

Valle recordó que aunque los partidos políticos a nivel nacional son considerados como colaboracionistas por seguir el juego del régimen, a nivel local muchas veces los ciudadanos entran en la dinámica de estas organizaciones e intentan de manera legítima llegar al poder y trabajar por su municipio.

“El año pasado era sencillo de controlar porque el régimen tenía una lista cerrada de candidaturas nacionales, pero en este momento no funciona de esta manera. Por eso es que con la reforma el Gobierno no quiere que algo se escape de su control. Es a lo que están apostando, a controlar por completo el proceso electoral”, insistió Valle.

La búsqueda del control total

Una policía electoral en una Junta Receptora de Votos durante las elecciones sin competencia de 2021. Divergentes | Archivo

El primer artículo que apunta a ese control totalitario es el número 16. En este apartado los diputados proponen “agilizar la conformación de los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Consejos Electorales Regionales (CER)”, reduciendo de quince a cinco días el plazo de los partidos políticos para presentar sus propuestas. De no formalizar la inscripción, el Consejo Supremo Electoral realizará el nombramiento oficial.

En este mismo párrafo los legisladores reducen de diez a cinco el número de días para que los partidos políticos propongan ternas para la conformación de los Consejos Electorales Municipales (CEM). Si las organizaciones no lo hacen en el tiempo establecido, los encargados del nombramiento serían el CED o CER, según corresponda.

Los analistas coinciden en que el tiempo para constituir los CED o CER es corto. También que producto de la poca popularidad que tienen los partidos políticos en Nicaragua es probable que no logren conformar los consejos y que efectivamente sea el CSE el que decida a qué funcionarios elegir para estos puestos. Es decir, la “fiscalización” del proceso electoral estaría dirigida de entrada por una ficha del Gobierno Ortega-Murillo.

El siguiente objetivo de control es el CEM. Si los partidos políticos no inscriben a tiempo las ternas, los encargados para nombrar a estos miembros serán los CED o CER. Es decir, los funcionarios electos por el CSE en primera instancia, tendrían la misión de seleccionar a quien ellos “consideren competentes” para integrar este otro consejo.

Juan Diego Barberena expresó su preocupación por el control total que tendría el Gobierno al administrar los CEM, pues este último consejo tiene la atribución para sustituir de oficio a los miembros de las JRV cuando fuera necesario. El punto es que no explican qué parámetros se deben cumplir para expulsar o no a un participante.

“El problema que tenemos en el sistema electoral es que hay una facultad discrecional para elegir a las autoridades electorales, desde los magistrados del CSE hasta los consejos electorales. Es preocupante que el Consejo Municipal pueda cambiar a un miembro de una JRV solo para garantizar su funcionamiento. Es en esta etapa del proceso donde inicia el escrutinio y ahora depende de la discrecionalidad”, indicó Barberena.

El truco en el Padrón Electoral

Una mujer se busca en el Padrón Electoral de su Junta Receptora de Votos. Archivo | Divergentes

Los diputados plantean en la reforma al artículo 22 la agilización administrativa y el funcionamiento de las JRV durante el proceso electoral. El cambio principal es el aumento de votantes de 400 a 600 por Junta Receptora de votos.

Con la ampliación de votantes, el régimen pretende aglomerar en pocos centros a los ciudadanos para continuar con la narrativa de la concurrencia en los procesos electorales. Sin embargo, a juicio de la directora del observatorio de Urnas Abiertas, esta movida deja en evidencia que quieren tapar la baja participación que han tenido en las últimas elecciones.

“Es posible que se vean centros de votación con más personas y que intenten disfrazar de que habrá mayor participación ciudadana como lo quisieron decir el año pasado. También existe la posibilidad que haya un manejo excluyente del padrón y se manipule para construir otro fraude electoral”, enfatizó Valle.

Para Barberena, la reforma de este artículo podría estar relacionada con el cambio que proponen los diputados en el artículo 105, que se refiere a un cambio al momento de manchar el dedo del ciudadano que ha ejercido su derecho al voto. En lugar de que se le impregne desde la base de la uña, ahora se aplicará en la yema del dedo.

A juicio de Barberena, y tomando como referencia las denuncias en procesos electorales anteriores, la decisión de solo impregnar la yema del dedo podría desencadenar prácticas irregulares en los centros de votación, por ejemplo, eliminar la tinta de un ciudadano para que pueda votar en otra JRV.

Archivo | Divergentes

Los diputados también plantearon la reforma al artículo 74 en el que plantean acortar el tiempo de campaña electoral de 75 a 30 días para las elecciones generales y de 42 a 20 para las municipales. Una decisión que ofrece una enorme ventaja al régimen frente a sus competidores.

Barberena manifestó que el único partido político que tiene facultad de hacer campaña todo el año, porque tiene todos los recursos, es el Frente Sandinista. Sin embargo, agregó que la reforma no solo le ofrece esa ventaja al sandinismo, sino que robustece la idea del sistema de partido hegemónico que existe en el país.

Todas las reformas, según Barberena, aumentan la discrecionalidad del Frente Sandinista. Están encaminadas a robustecer aún más el sistema a favor del régimen y mantener las malas prácticas electorales en contraposición a las buenas prácticas que deberían existir.

“La reforma está motivada por el miedo. Se sienten débiles políticamente aunque fuertes en cuanto control de leyes y Estado. Quieren manejar todo a control remoto desde El Carmen y no pueden dejar cabos sueltos y eso es lo que hacen con esta ley dando por sentado que habrá una farsa y que será un proceso que no cumple nada. Es un trámite que hacen para no perder la tradición”, expresó Jesús Tefel, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

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