Ortega y Murillo imponen por la fuerza el «control de la narrativa electoral»

El régimen pretende “imponer un silencio total” y vetar, por miedo a otra reacción ciudadana, todo lo relacionado a las protestas de abril de 2018. «Pretende controlar no solamente el proceso electoral, sino también el discurso, el debate público, los temas de debate público en el proceso electoral», dice Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group.

Daniel Ortega y Rosario Murillo imponen una elección a su medida, según los opositores. EFE.

Daniel Ortega, que busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en los comicios de noviembre próximo, quiere controlar no solo el proceso electoral, sino el «discurso» e «imponer un silencio total», según valoraron analistas consultados para este artículo. El régimen, además de detener a siete aspirantes presidenciales de la oposición por supuesta “traición a la patria”, dejaron bajo arresto domiciliario e inhabilitaron la candidatura a la vicepresidencia de la República de la exreina de belleza Berenice Quezada, de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), por presunta apología del delito e incitación al odio.

Para Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, el Gobierno de Ortega pretende «controlar no solamente el proceso electoral, sino también el discurso, el debate público, los temas de debate público en el proceso electoral».

«Me parece que quieren imponer una especie de silencio total, una especie de veto de cualquier referencia a los acontecimientos de 2018, al papel de la comunidad internacional en esa situación y básicamente a cualquier narrativa que pueda contradecir a la retórica oficialista», señaló Breda.

El analista de Crisis Group dijo que la detención de la candidata opositora «responde un poco al temor desmedido de que básicamente vuelva a tomar fuerza el discurso crítico, de demanda y de denuncia en contra del Gobierno» sobre lo ocurrido en abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular que dejó al menos 328 muertos y decenas de miles en el exilio, «así venga de unos representantes que tampoco de por sí han sido percibidos como desafiantes».

«Eso responde a ese temor y a este intento de seguir aplastando cualquier tipo de discurso que no esté acorde con la retórica gubernamental para seguir desincentivando la participación en este proceso y la libre expresión de los nicaragüenses», indicó.

Controlar narrativa electoral

Por su lado, para el analista político nicaragüense Eliseo Núñez, de tendencia liberal, la inhabilitación de Quezada «deja un mensaje bien claro y es que Ortega ya no solo quiere, por medio de las inhibiciones, capturas, juicios, escoger quienes son sus contrincantes». “Ahora, con la captura de ella, lo que deja claro es que también quiere controlar qué dicen sus contrincantes», alertó.

«Como ella dijo algo sobre abril (de 2018), algo sobre la rebelión, ese tema, según la actitud que tomó el régimen, es un tema que está vedado y que quien hable de ese tema, seguramente le va a pasar lo mismo que a Berenice», agregó Núñez.

El sociólogo nicaragüense José Luis Rocha opinó que para el Gobierno «es razón más que suficiente la declaración que dio Berenice, mostrando su apoyo, que tuvo simpatía por la rebelión de abril de 2018».

«Eso no estaba previsto en el guion, eso lo sintieron como una provocación, como un límite dentro de la escasísima tolerancia que tienen ahora, que esta candidata no debió haber traspasado. Una muestra de extrema intolerancia, como una demarcación de los límites que nadie debe traspasar», anotó Rocha, investigador asociado de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y autor de «Autoconvocados y conectados: los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua».

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