Ortega y Murillo inscriben sus candidaturas en unas elecciones “a su medida”

El Frente Sandinista “ratifica” la fórmula presidencial Ortega-Murillo para un proceso electoral que carece de competitividad y transparencia. En las elecciones previstas para el siete de noviembre quedaron fuera los sectores más beligerantes y los rostros de la protesta de abril. Según analistas y expertos, finalmente fueron inscritos los precandidatos más cómodos para la pareja presidencial, y quienes no tienen ninguna posibilidad de victoria ante el aplastante control del régimen.

Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden consolidarse en el poder con el apresamiento de la oposición en Nicaragua. Carlos Herrera, archivo | Divergentes.

Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron inscritos por Edwin Castro, representante legal del partido, este dos de agosto en la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE) como la fórmula del Frente Sandinista que pretende imponer la continuidad de la dictadura señalada de cometer crímenes de lesa humanidad. Tras ello, las intenciones de permanencia en el poder quedaron selladas al dejar por fuera de la contienda a los siete precandidatos opositores arrestados más populares, como Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, entre otros. 

El cuadro electoral no incluye a ningún sector de la oposición beligerante ni a los rostros que tuvieron un rol durante las protestas de abril de 2018. De hecho, casi todos los inscritos en esta jornada son desconocidos en la política y llegarán a la boleta –si superan el periodo de impugnaciones– sin ningún plan de gobierno claro. El partido que se presenta como actor capaz de movilizar el voto ciudadano contra el régimen es la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), cuya fórmula presidencial y aspirantes a diputados fueron seleccionados de forma unilateral, dejando a un lado a socios políticos como la Alianza Cívica. 

Para algunos expertos, Nicaragua ha pasado de la simulación de una democracia a la instauración de una dictadura “abierta y dinástica”. El cuarto periodo consecutivo presidencial que pretenden continuar Ortega y Murillo es la prueba de ello, pero también la eliminación de la oposición. “Esta inscripción de candidatos es privilegiada, porque se están inscribiendo aquellos que la dictadura permite que se inscriban y que sean parte de su circo electoral”, opinó el experto en temas electorales.

La segunda candidatura a vicepresidencia de Murillo llega el mismo día en que fue sancionada por la Unión Europea (UE) junto a otros siete funcionarios, incluido uno de sus hijos, Juan Carlos Ortega. Las sanciones de la UE fueron motivadas precisamente por la escalada represiva desatada a partir de junio y que, hasta ahora, suma 31 liderazgos opositores tras las rejas bajo acusaciones de “traición a la patria” y “lavado de dinero”.  

En un proceso controlado por el FSLN y sus caudillos, los planes y las promesas de gestión parecieran innecesarios, a tal punto que algunos de los candidatos consultados por medios de comunicación hacen lo que pueden para improvisar sus respuestas. Ortega y Murillo se perfilan como los vencedores, a punta de represión y control, de lo que serían las elecciones más importantes para el país centroamericano desde las de 1990, cuando los sandinistas fueron derrotados por la Unión Nacional Opositora (UNO) bajo la figura de Violeta Barrios.

“Los elementos fundamentales que manda la ley internacional y toda la legislación mundial sobre una elección democrática están sepultados en Nicaragua”, aseguró un experto electoral que, por motivos de seguridad y ante la escalada represiva, pidió anonimato.

Un congreso de autómatas 

El jefe de bancada sandinista, Edwin Castro, inscribe las candidaturas del Frente Sandinista. Foto cortesía de la presidencia.

Horas antes de la inscripción, Ortega y Murillo fueron “ratificados” por unanimidad en un congreso sandinista sin abstención ni oposiciones. Votos unánimes de una militancia autómata. Es decir, los nombres de la pareja presidencial fueron aceptados sin más por una militancia fiel y obediente a los mandatarios. Daniel Ortega ha sido el candidato eterno del partido, y en la última etapa ha designado a su esposa como la siguiente en la sucesión, un plan que se vio truncado por las protestas de abril y las sanciones impuestas a la mandataria y a otros personeros del régimen. Lo cierto es que el sandinismo no se caracteriza por su relevo, sino más bien por reciclar figuras y “premiar” lealtades a cambio de cargos públicos, como se evidencia en las listas de diputados oficialistas, quienes en su mayoría repiten en los puestos. 

Entre los candidatos a diputados del partido oficial aparecen nuevos rostros: Moisés Absalón Pastora y Adolfo Pastrán, dos propagandistas del gobierno que en los últimos meses se han dedicado a difundir en sus segmentos el discurso de la pareja gobernante. 

“No es posible aspirar a ganar las elecciones”

Para algunos analistas políticos, el régimen de Ortega y Murillo anuló las elecciones desde la imposición de magistrados afines en el Poder Electoral y unas reformas electorales que no garantizan una contienda democrática. Además, ha detenido a 31 personas, entre ellas a siete precandidatos opositores, líderes y excombatientes históricos del sandinismo. La nueva escalada represiva provocó mayores muestras de condenas internacionales y aislamiento, cuyos efectos todavía están por verse. 

“La permanencia de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua perpetuaría la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mando”, dijo Amnistía Internacional (AI) hoy ante el anuncio de su candidatura en las próximas elecciones presidenciales. “Mantener las estructuras que han asegurado la impunidad no puede ser la base para la construcción del futuro del país. Para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y prontamente y que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación”, aseveró Érika Guevara Rosas, directora de AI. 

La formula presidencial del partido Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACXL), compuesta por el exjefe de la Contra Nicaragüense Oscar Sobalvarro (d) y la exreina de belleza de Nicaragua 2017 Berenice Quezada. EFE | Jorge Torres

A pesar de la falta de garantías, la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), conformado por el partido CxL, la Alianza Cívica (fracturada) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC), inscribió este lunes a su fórmula presidencial compuesta por Óscar Sobalvarro, un exjefe de la Contra y ganadero; y Berenice Quezada, una exreina de belleza que incursiona en la política a sus 27 años, después de trabajar como creadora de contenidos para redes sociales.

“El aspirar a ganar la elección no es posible bajo estas circunstancias, pero sí se puede aspirar a dejar a Ortega en una situación política lo suficientemente precaria para que, una vez que pase este periodo ya bajo un gobierno ilegítimo, se pueda conseguir una elección en nuevas condiciones”, analizó un politólogo nicaragüense que pidió no ser citado. Para el experto, esto se puede lograr bajo un “voto protesta”, que contempla diversas acciones que van desde la abstención, hasta el voto masivo en una franja sin fuerza política, o la nulidad.

“Ortega definitivamente tiene todas las herramientas para anular cualquier votación desde el punto de vista numérico, pero no desde el punto de vista cualitativo”, reiteró.

En las opciones tampoco perfilan nombres que causen encanto en una población afectada por la crisis económica y la falta de una salida al conflicto sociopolítico. La comunidad internacional ha alertado que Nicaragua se encamina a las “peores elecciones posibles”, según Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Otros actores como la Unión Europea han alertado que desconocerán el proceso electoral si se celebra con las actuales condiciones y sin garantías.

Varios nicaragüenses con estatus de refugiados en Costa Rica en una protesta hace unas semanas en San José. EFE | Jeffrey Arguedas.

El régimen no solo ha puesto zancadillas a la oposición que pretendía enfrentarlo en unas elecciones, sino que hizo uso del aparato judicial para iniciar procesos cuestionados contra siete aspirantes de oposición que punteaban en las encuestas. La primera de ellas fue Cristiana Chamorro, una de las mejores valoradas antes del caso de supuesto lavado de dinero que se abrió en su contra, y su posterior detención. Chamorro mantiene arresto domiciliario y permanece incomunicada en su residencia. Esta misma medida fue impuesta al aspirante Noel Vidaurre, un antiguo político conservador miembro de la ACxL.

Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora son los otros precandidatos encarcelados por el régimen y acusados bajo invocación a la Ley 1055, Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo, por el supuesto delito de “traición a la patria”. Esta fue una de las leyes represivas que el gobierno de Ortega y Murillo aprobó a finales de 2020, junto a otras que tenían el fin de imponer zancadillas a los opositores y torpedear el proceso electoral. 

Este día también fueron inscritos candidatos del partido Alianza por la República: Gerson Gutiérrez y Claudia María Romero; Alianza Liberal Nicaragüense: Marcelo Montiel y Jennifer Espinoza; Partido Liberal Constitucionalista: Milton Arcia y María Dolores Moncada; Partido Liberal Independiente: Mauricio Orúe y Zobeyda Rodríguez. Así como candidatos del partido regional Yatama y el Camino Cristiano Nicaragüense.

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