La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mangoneada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha suspendido e inhabilitado de un tajo los títulos de otros 25 abogados nicaragüenses, a quienes el régimen ha condenado previamente por traición a la patria, los ha despojado de su nacionalidad, confiscado y desterrado. Entre los juristas suspendidos de por vida para ejercer su profesión sobresalen el escritor y vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado; la veterana defensora de derechos humanos, Vilma Núñez; y el exmagistrado y padrino de bodas de la pareja presidencial, Rafael Solís Cerda.
El Poder Judicial ha emitido este once de mayo dos resoluciones en las que se invoca al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y su “competencia para organizar y dirigir el procedimiento de incorporación y otorgamiento de los títulos de abogados y notarios públicos, así como, autorizar y suspender el ejercicio de la profesión”.
En el primer documento se inhabilitan como abogados y notarios públicos a 15 personas, quienes forman parte de los 222 presos políticos desnacionalizados y desterrados en Estados Unidos en febrero pasado. Argumenta la resolución que “Edgard Francisco Parrales Castillo, José Bernard Pallais Arana, Noel José Vidaurre Argüello, Roberto Emilio Larios Meléndez, José Noel Talavera Araúz, Hugo Ramón Rodríguez Flores, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como Chino Enoc, Ana Margarita Vigil Gurdián, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Moisés Abraham Astorga Sáenz, María del Socorro Oviedo Delgado, Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo, Roger Abel Reyes Barrera, Hader Humberto González Zeledón y María José Camacho Chevez son traidores a la patria”.
La suspensión de estos abogados sucede dos días después que el Poder Judicial aplicó la misma medida a la defensora de presos políticos, la jurista Yonarqui Martínez. También coincide con la decisión del gobierno de España de iniciar a otorgar la nacionalidad a los primeros nicaragüenses despojados por el régimen.
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De acuerdo a Héctor Mairena, uno de los despojados del título de abogado, esto evidencia la voluntad del régimen de “aniquilarnos civilmente”. Resaltó que los desterrados y desnacionalizados ya fueron “aniquilados económicamente”, cuando les quitaron las pensiones a varios de los que eran jubilados. “Ahora nos quieren aniquilar profesionalmente”, añadió.
Mairena, miembro del movimiento UNAMOS (antes Movimiento Renovador Sandinista), dijo que el “menú de la dictadura es variado pero también demuestra que se está agotando”. Explica que dentro del “menú de la represión se encuentra la cárcel, el exilio, y ahora este despojo de la profesión”.
El exdiputado Eliseo Núñez, otro de los afectados por esta resolución, calificó este hecho como “abusivo” porque se basan en una sentencia ilegal, en la que ninguno de los abogados tuvieron derecho a la defensa, “al igual que todos los nicaragüenses no la han tenido en Nicaragua y que es violatorio del debido proceso”.
Núñez dijo que estas acciones demuestran que la pareja presidencial se cree “eterna en el poder y creen que pueden hacer cualquier cosa”. El también analista político está seguro que regresará a Nicaragua, y los Ortega-Murillo “van a entender que el país es para todos, no solo para ellos”.
El Poder Judicial sostiene que “se les impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre y al servicio del Estado de Nicaragua, así como, ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetúa, asimismo, la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, consecuentemente, de conformidad con el ordenamiento jurídico nicaragüense y normativas que rigen la profesión de abogado y notario público, estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense (sic)”.
“Es venganza”
En la otra resolución, el Poder Judicial inhabilita a Uriel Pineda; al escritor Sergio Ramírez; al exmagistrado Rafael Enrique Solís; a la ambientalista Mónica López Baltodano; al activista Héctor Ernesto Mairena; al defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión; al exdiputado Eliseo Núñez; a Manuel Jacinto Díaz Morales; a Álvaro Leiva Sánchez y, por último, a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez Ruiz de Escorcia.
Los abogados de esta segunda resolución están exiliados, condenados y forman parte del grupo de los 94 desnacionalizados, sin embargo, han mantenido desde 2018 la denuncia contra las tropelías y violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura Ortega-Murillo. “Tengo más de 30 años de ser defensor de derechos humanos y por repudiar los abusos cometidos con más fuerza desde 2018 es que nos pasan la cuenta. Es una venganza, como castigo. Sin embargo, desde el exilio seguimos comprometidos con la lucha de los derechos humanos de los nicaragüenses. El objetivo es llevar el terror hacia afuera de Nicaragua. Por eso nos despojan de la nacionalidad y ahora nos arrebatan el título”, denunció el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión.
A pesar de que es del conocimiento público que la mayoría de estos abogados están exiliados y desterrados, el Poder Judicial “les previene que deberán enviar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hicieren, los títulos de abogados y notarios públicos, los protocolos respectivos, el sello y el carné de abogado y notario público”.
Mairena dijo que no reconoce la legitimidad de esta resolución, al igual que no reconoció la decisión de despojarlo de su nacionalidad. “No es la dictadura de Ortega y Murillo la que va a decir que no somos nicaragüenses. Ahora nos despojan de los títulos, pero la formación profesional nuestra y ejercicio que hemos hecho de forma honrada, eso no los despoja la dictadura”, agregó Mairena.
Mientras que el abogado Braulio Abarca explica a DIVERGENTES que no es la primera vez que abogados y juristas han sido suspendidos por razones políticas, aunque estas resoluciones sí resultan inéditas dado el carácter masivo. “Existen antecedentes en los que se han suspendido a abogados y abogadas, como es el caso de la doctora Orieta Benavides y del abogado defensor Manuel Urbina Lara. Ambos fueron despedidos arbitrariamente por ejercer simplemente su labor como defensores y evidencia cómo en Nicaragua existe un irrespeto a los procedimientos específicos establecidos, tanto en la legislación notarial vigente como en el tema de la carrera judicial administrativa”, dijo el defensor de derechos humanos exiliado en Costa Rica.
“En otros países existen colegios de abogados independientes, como el caso de Costa Rica y Panamá, donde hay un colegio de abogados y que son regulados. No obstante, en Nicaragua lamentablemente hay un control absoluto, incluyendo la función de las y los abogados. Esto no solamente va en detrimento del derecho al trabajo, sino también a las garantías mínimas del debido proceso. Evidentemente no existe independencia de los poderes del Estado y esto genera un estado de indefensión ante esta gravísima violación al ejercicio de la profesión”, agregó Abarca, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.