“La niña salió a comprar algo a la venta y ya no volvió”, cuenta Elba, una defensora de derechos humanos que ha lidiado con varios casos de desapariciones de menores que llegan a la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, una organización comunitaria asentada en Estelí y zonas aledañas.
Casi todas las denuncias que llegan a la Red inician así, explica la defensora a DIVERGENTES. Niñas o adolescentes que se dirigían a pulperías y no volvieron. Iban a la escuela, pero no regresaron a sus casas al final del día, o salieron a realizar sus mandados, sin llegar a su destino.
Los padres y las madres acuden a la Red, porque en la Policía Nacional les dijeron que debían esperar tres días para que se declarara la desaparición de sus niñas.
No les dan respuesta a su denuncia o los agentes les sugieren que sus hijas “se escaparon con algún hombre”, aunque la desaparición se trate de una menor de 12 años.
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La Red de Mujeres del Norte registró 54 denuncias de desaparición en 2021 y 30 hasta mediados de 2022. En 2023, no tuvieron los recursos necesarios para continuar documentando los casos.
Policía insensible con angustia de familias
Uno de los tantos casos ocurridos en 2023 fue de una niña de 13 años en un departamento del norte del país, que la familia prefiere no especificar por seguridad. La gente de la comunidad decía que “se la había robado un hombre”, así que la familia interpuso la denuncia.
Sin embargo, los agentes dijeron a sus familiares que “había sido decisión de la niña irse con su novio”, ignorando totalmente el delito y la edad de la menor.
Según el artículo 168 y 170 del Código Penal, se establece como delito las acciones contra la libertad e integridad sexual de las niñas y adolescentes, considerándose violación cuando son menores de 14 años y estupro, cuando son menores de 16.
Tras la insistencia de la familia, la Policía finalmente levantó el acta de denuncia, aunque de mala gana, añade Elba.
Finalmente, fue la misma familia la que dio con el paradero de la niña, casi tres semanas después de la desaparición. La Policía no se movilizó para realizar las investigaciones o capturar al hombre señalado de haberla raptado, pese a que los padres alertaron a los agentes donde posiblemente se encontraba la menor.
“Las respuestas de la Policía son muy lentas. Su protocolo de actuación ante las desapariciones dan demasiadas largas, porque hay que esperar 72 horas para que las familias denuncien formalmente. Después, se abre un expediente para iniciar la investigación y casi todo el proceso de pruebas se las piden a las familias. No hay preparación, ni sensibilidad, para atender estos casos con la urgencia que merecen”, expresa Elba.
Familias son las que buscan a sus niñas debido a desinterés policial
Casi siempre son los padres y madres quienes realizan todo el trabajo de investigación y movilización para encontrar a las menores, debido a la poca actuación de la Policía, reiteró la defensora.
Una de las principales deficiencias de la Policía es que no está formada en el manejo de herramientas digitales, como la investigación por medio de redes sociales. Muchos de los agresores contactan a las menores a través de Facebook y otras plataformas. Por medio de estos mensajes, se puede identificar quiénes son los captores y dónde pueden encontrarse.
“La Policía no sabe hacer este tipo de investigación y le toca a la familia hacer todo ese proceso de buscar mensajes, investigar los perfiles y llevar las pruebas. Esta es una situación muy cansada y un proceso muy revictimizante, ya que las familias son las que se ocupan del proceso para dar con el paradero de las menores”, explica Elba.
Familias con recursos tienen ventajas
Ante estas circunstancias, las familias con mayores recursos, no solo económicos, sino de movilización, redes de contactos e información, son las que tienen más probabilidad de encontrar a sus jóvenes.
A las familias menos privilegiadas son a las que la Red le da apoyo, pero, con la persecución y cierre masivo de las organizaciones civiles desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Red de Mujeres del Norte ha disminuido su amparo a las madres y padres de familias que acuden para pedir ayuda.
“Las madres se sienten muy solas haciendo el proceso de denuncia porque la Policía no les permite acudir con defensoras. Ellas acuden a nosotras para pedir orientación y nosotras damos un acompañamiento virtual y emocional, puesto que presencial no se puede para no exponerlas a ellas y a nosotras”, señala Elba.
“Esto complejiza la situación de vulnerabilidad de las mujeres y niñas porque se están expuestas a instituciones que no dan respuestas a sus situaciones y aumenta la situación de violencia machista en el país por la impunidad”, agrega.
El Grupo Venancia, ubicado en Matagalpa, ha compartido más de 46 casos en 2023 a través de sus redes sociales de denuncias realizadas en medios de comunicación o familias, a las que se encargan de dar mayor visibilidad.
La mayoría de las denuncias se tratan de menores de edad, de entre 12 y 17 años, provenientes de diferentes departamentos del país. “Ser mujer y ser menor de edad son factores que te hacen vulnerable ante una desaparición”, dice Reyna, una de las Venancias, como la gente de la comunidad llaman a sus miembros.
Redes sociales son fundamentales para localizar a menores
Ante la falta de respuesta institucional, las redes sociales han sido una herramienta fundamental para pedir ayuda a la gente, ya sea para dar con las menores o con los agresores.
“Han habido más denuncias en redes sociales. Por un lado, se trata de un aumento de las desapariciones, y por otro, es porque las personas deciden hacer públicos los casos cada vez más”, explica Reyna.
La advertencia de que hay un aumento de las desapariciones no es propia de 2023, sino desde hace tres años, señalan las defensoras. La desprotección total del Estado desde 2018, la desaparición de organizaciones de mujeres, el aumento de la impunidad de los agresores, la liberación masiva de presos comunes, son algunas de las razones de este incremento, de acuerdo a las defensoras.
Al menos hasta 2022, algunas organizaciones civiles mantenían una documentación y podían dar seguimiento a la situación de las desapariciones. En la actualidad, existe un total silencio informativo sobre estas tragedias y el Estado tampoco lleva registros.
“La Policía nunca ha llevado un registro de las denuncias de desapariciones, al igual que con cualquier otro tipo de delitos contra las mujeres. Las organizaciones de mujeres ya no podemos llevar un registro. No tenemos idea realmente de cuántas niñas y mujeres desaparecen todos los días en este país. Creo que tampoco queremos saberlo”, advierte Reyna.
Trata de personas, un problema ignorado por el régimen
Otra de las razones detrás de las desapariciones es la trata de personas en el país. El informe de 2023 sobre la trata de personas en Nicaragua del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que Nicaragua “no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”.
De acuerdo con el Departamento de Estado, el régimen Ortega-Murillo minimiza la gravedad del problema de la trata de personas en Nicaragua a través de informes pocos confiables.
Tampoco se han provisto de refugios, no se asignan fondos para servicios especializados a víctimas o se realizan esfuerzos insignificantes para abordar la problemática.
“El Gobierno no informó ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y la complicidad oficial generalizada”, destaca el informe.
El último dato oficial del régimen Ortega-Murillo sobre la trata de personas es un informe de 2022 de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. Este refleja que entre 2019 y 2020, se investigaron 30 casos por delito de trata, de los cuales el 70% correspondía a mujeres y niñas, y un 30% de las víctimas eran niños.
Según el régimen, en ese período se rescataron a 73 víctimas: 13 hombres y 60 mujeres. 10 eran infantes, 28 adolescentes y 35 adultos, y se detuvieron a 20 personas. No existen datos actualizados a partir del 2020. Sin embargo, el Departamento de Estado de EE. UU. cuestiona la veracidad de estos números.
Cuestionan validez de los datos del régimen
“Los observadores cuestionaron la validez de los informes del Gobierno sobre la trata de personas, incluidas las estadísticas de aplicación de la ley; algunos alegaron que el gobierno oscureció o clasificó intencionalmente mal los casos de trata, para minimizar las estadísticas”, indica.
La crisis migratoria que enfrenta Nicaragua y que se ha agudizado desde 2021 es un factor que probablemente ha potenciado la trata y que puede explicar el aumento de las desapariciones en los últimos años, según las defensoras.
Estos casos son muchos más difíciles para las familias, dice Elba de la Red de Mujeres del Norte. “Cuando hay trata, es mucho más complejo porque son las familias las que se disponen a activar las redes de búsqueda en sus barrios y comunidades, a generar alertas y avisos en redes sociales”, manifiesta.
“Son las familias las que deben andar preguntando por sus hijas, mientras esperan que la Policía haga algo. Es muy revictimizante, porque la mayoría de las veces las denuncias en la Policía quedan como un caso más”, lamenta.