El año pasado, para estas mismas fechas, Máximo estaba feliz por el pago de su aguinaldo. En su mente solo existía la preocupación de hacerlo “rendir” todo el mes de diciembre. Sin embargo, este año, en las mismas fechas, la situación dio un giro inesperado. La alegría cambió por miedo, la paz por zozobra y la tensión abunda no solo en él, sino en la mayoría de funcionarios civiles y policiales que todavía están laborando en el Hospital Carlos Roberto Huembes.
“Todos estamos preocupados por la situación. No se dice, pero hay despidos masivos. Y muchos trabajadores, que son policías, con bastantes años de antigüedad, están renunciando. Otros son despedidos. Los que quedamos somos los que tenemos familias que mantener y no podemos permitirnos quedarnos desempleados”, denunció Máximo, un trabajador del hospital que solicitó el anonimato por temor a ser despedido.
La semana pasada el Hospital Carlos Roberto Huembes (antes administrado por la Policía sandinista) fue intervenido por orden de la copresidenta Rosario Murillo, y traspasado a la empresa Servicios Médicos Especializados (SERMESA), propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Según fuentes policiales consultadas, los funcionarios policiales que trabajaban en el hospital iban a continuar saldando sus pagos bajo la administración de la Policía, y que si existía un cambio, este iba a ocurrir en los siguientes meses, después de la firma de un nuevo contrato, pero sin perder sus beneficios.
Pero, esta semana la nueva administración comunicó a los trabajadores que son policías que tenían que firmar un nuevo contrato en los próximos días y que estos iban a ser a la baja, es decir, con un salario por debajo del que percibían hasta hace unos meses.
“Yo renuncié porque no pienso rebajarme el salario. Tantos años trabajando en la institución, sudando la camiseta, para que vengan a pagarme lo que quieran. No, las cosas no son así”, afirmó una funcionaria policial a DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
El abandono a los policías

De acuerdo a una fuente vinculada al Ministerio del Interior con amplio conocimiento del tema, la Policía como institución se “echó” para atrás porque les ordenaron cortar cualquier conexión con el hospital, incluido el pago de algunos de sus empleados más antiguos, quienes se quejaron por los contratos que Sermesa estaba ofreciendo para continuar bajo su administración.
“Existía una promesa de no dejar sola a su gente, quizás a los de mayor antigüedad, pero la orden de alejarse de todo, vino desde arriba, y frente a eso no hay nada que puedan hacer desde Plaza El Sol”, explicó la fuente a este medio de comunicación.
La noticia de que no iba a existir apoyo y protección a sus trabajadores, cayó como un balde de agua fría entre los funcionarios policiales. Algunos como Gabriel, que tenía más de cinco años trabajando en el hospital, no lo pensaron tanto y renunciaron porque entendieron que en un nuevo formato de trabajo, iba a ser más complicado rendir.
Otros como Orfelia, que llevaba más de tres años trabajando en el centro hospitalario, decidieron que mientras no tuvieran algo fijo, lo mejor era firmar el nuevo contrato ofrecido por Sermesa, aunque este fuese con una baja salarial y un incremento de horas laborales.
“Yo me siento decepcionada, abandonada por mi institución. Es como cuando te dan la espalda y no entendés por qué, si no se ha hecho nada malo. Pero tengo familia y necesito el dinero. Es triste, muy triste, un cierre de año terrible para nosotros”, lamentó Orfelia.
La situación ha cambiado tanto que lo dicho recién fue intervenido el hospital, a día de hoy, no existe garantía de que se cumpla. Por ejemplo, aunque está garantizada la atención a los policías y sus familias, la entrega de medicamentos especiales será valorada por caso, es decir, algunos podrían dejar de recibirlos si así lo deciden las nuevas autoridades.
“La intervención es total y cualquier cosa puede cambiar según lo determinen en Sermesa. Es una erradicación total de la Policía dentro del hospital”, señaló la fuente del Mint.
Intervención y arrestos

Además de la intervención del hospital por el INSS, Rosario Murillo ordenó la detención del comisionado general Julio César Paladino, director del hospital; y del comisionado mayor Jorge Rivas, gerente financiero del centro hospitalario, por supuesta malversación de fondos.
Otro cambio drástico que provocó el retiro de la Policía de la administración del Hospital Carlos Roberto Huembes fue el cierre de la Universidad de Ciencias Médicas y Enfermería “Dr. Julio Briceño Dávila”, que funcionaba en esas instalaciones y que graduaba a médicos generales y de otras especialidades.
La orden establecida luego de la intervención es que las generaciones que ya están cursando la carrera de Medicina o cualquier otra especialidad culminen su plan de estudio, sin embargo, se orientó que estas sean las últimas camadas de estudiantes que se graduen.
La Universidad de la Policía ofrecía carreras como Medicina general, Enfermería y Odontología. También especialidades de cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología, anestesiología, dermatología y radiología e imagen.
Las carreras estaban orientadas, según su página web, “a la formación de personal policial, miembros del Ministerio de Gobernación (actualmente Ministerio del Interior), sus hijos y personal civil seleccionado”. En pocas palabras, no podía ingresar cualquier bachiller del país.