La tensión y la zozobra abundan entre civiles y oficiales de la Policía sandinista que hasta hoy formaban parte del personal del hospital Carlos Roberto Huembes, intervenido por orden de Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, y traspasado a la la empresa Servicios Médicos Especializados (SERMESA), propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En el centro hospitalario la incertidumbre es total. “Fueron descabezados los directores, y los jefes de áreas (que eran policías) reducidos a simples coordinadores”, explicó una fuente vinculada al Ministerio del Interior, quien confirmó que la intervención del hospital dejó muchas interrogantes que la nueva administración apenas está resolviendo. O al menos eso dicen.
Tres fuentes policiales con amplio conocimiento del caso que hablaron con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, coincidieron en que fue Murillo quien ordenó la detención del comisionado general Julio César Paladino, director del hospital; y del comisionado mayor Jorge Rivas, gerente financiero del centro hospitalario, por supuesta malversación de fondos.
“Paladino está casa por cárcel. Él hace rato estaba en su casa por un aneurisma en la aorta, pero en funciones todavía”, confirmó una de las fuentes consultadas para este artículo. En una nota de prensa, el régimen confirmó la toma del hospital y detalló que a partir del 10 de noviembre de 2026, será administrado por manejo Sermesa.
Propaganda sandinista disfraza intervención
En el comunicado se resalta que los cambios generarán mejor atención y que este seguirá siendo de “los policías, para los policías y sus familias”, aunque con una nueva gerencia y administración.
“Esa afirmación es, digamos, políticamente correcta. La Policía no va a tener poder. Los jefes de áreas, que son policías, pasarán a ser coordinadores, y sus superiores, van a ser los doctores de mayor rango en Sermesa. Es un golpe durísimo al ego de la Policía. Es una demostración de fuerza que deja mal parada a la institución. Expone, sin dudas, su falta de independencia frente a los civiles”, explicó otra de las fuentes consultadas para este artículo.
La nueva administración llegó al Hospital Carlos Roberto Huembes con un objetivo. Imponer su control y dejar claro que no hay facilidades ni continuidad de la anterior dirigencia. Se reunieron con los jefes de áreas, que son policías, y les informaron que los que deseaban quedarse iban a hacerlo, pero sin una posición de mando. Responderán a un superior que no será policía, con altas probabilidades de que sea la máxima autoridad en Sermesa.
“A los que son policías, pero no jefes de áreas les notificaron que por el momento iban a continuar con el sistema anterior de pagos, es decir, bajo la administración de la Policía, pero con una alta probabilidad de firmar un nuevo contrato en los próximos meses”, aseguró una de las fuentes a DIVERGENTES.
Adiós a la universidad de la Policía
Otro cambio drástico que provocó el retiro de la Policía de la administración del Hospital Carlos Roberto Huembes fue el cierre de la Universidad de Ciencias Médicas y Enfermería “Dr. Julio Briceño Dávila”, que funcionaba en esas instalaciones y que graduaba a médicos generales y de otras especialidades.
La orden establecida luego de la intervención es que las generaciones que ya están cursando la carrera de Medicina o cualquier otra especialidad culminen su plan de estudio, sin embargo, se orientó que estas sean las últimas camadas de estudiantes que se graduen.
La Universidad de la Policía ofrecía carreras como Medicina general, Enfermería y Odontología. También especialidades de cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología, anestesiología, dermatología y radiología e imagen.
Las carreras estaban orientadas, según su página web, “a la formación de personal policial, miembros del Ministerio de Gobernación (actualmente Ministerio del Interior), sus hijos y personal civil seleccionado”. En pocas palabras, no podía ingresar cualquier bachiller del país.
“Las prácticas profesionales con mucha probabilidad se realizarán en el hospital. Sin embargo, las clases serán en otro recinto. Los profesores todavía no se aclaran si serán los mismos o únicamente dejarán al personal policial que estaba antes y no al civil, que también impartían clases”, refirió otra de las fuentes consultadas para este artículo.
“Es un espejismo”
Una funcionaria del hospital que solicitó omitir su nombre, que es civil, explicó que en sus casos, el INSS absorbería la gestión de sus puestos laborales, pero tendrían que negociar sus contratos, salarios y horas de trabajo laborales, porque no iban a permitir tener puestos de empleados “de cuatro o cinco horas”.
“Te están presionando. Nos están diciendo que o firmamos o nos vamos. Dicen que nos van a aumentar el salario, pero eso es un espejismo porque eso significa tener un contrato de ocho horas, dejar tus extras, y entonces al hacer cuentas, al menos en mi caso, perdería un ingreso que me ayudaría con mis gastos. No sé cuántos nos vayamos a quedar, pero la situación es preocupante”, refirió la trabajadora del hospital.
Otro punto que preocupa a los trabajadores del hospital que son oficiales de la Policía tiene que ver con el tema de las cotizaciones. Según las fuentes consultadas para este artículo, la orden, hasta el momento, es respetar las semanas cotizadas en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu), aunque firmen un nuevo contrato.
Sin embargo, existe desconfianza con esta situación por la presión que están imponiendo con la firma del nuevo contrato, que según los entrevistados deben quedar cerrados antes de que termine el año.
“En el hospital van a continuar atendiendo a los policías. Y la entrega de medicamentos será igual que con la anterior administración. Lo que está en una nube es el tema de las cosas extras que antes se permitían en el hospital para sus pacientes. O sea, la administración la tendrá Sermesa, y ellos trabajan con un estilo y una forma. Y es lo que se espera repliquen ahora en el hospital. Ahí está surgiendo hasta ahora el principal conflicto”, señaló la fuente vinculada al Ministerio del Interior.