Durante el primer mandato de Donald Trump, la Casa Blanca agrupó a Nicaragua, Cuba y Venezuela bajo una etiqueta que definió su política hacia América Latina: la “troika de la tiranía”.
El concepto, impulsado por el entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton, sirvió como base para una estrategia de presión que se materializó en sanciones contra altos funcionarios de los regímenes autoritarios de estos países. Ahora, en la víspera de un año electoral en Nicaragua y ante el aumento reciente de sanciones y declaratorias de ilegitimidad, la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo parece volver a colocarse como un objetivo de Washington.
Después de que Trump ordenara la captura del dictador Nicolás Maduro y cercara al régimen de Miguel Díaz-Canel, la oposición nicaragüense interpreta que podría estar acercándose el turno de los Ortega-Murillo.
“No hay duda de que Estados Unidos tiene un plan para Nicaragua que está implementando desde finales del año pasado”, dice el exreo político Irving Larios, desde su exilio en España.
Presión no se traduce en impulso democrático
En esa lectura también coinciden Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, dos de los principales liderazgos de la oposición, quienes consideran que la dictadura enfrenta un asedio constante por parte de la actual administración estadounidense, aunque eso no implique necesariamente un impulso inmediato hacia elecciones como una vía de retorno a la democracia.
Las elecciones en Nicaragua estaban programadas para noviembre de 2026, pero una reforma total de la Constitución las pospuso para el próximo. Justo al cumplirse los 19 años de gobierno de Ortega, en enero, Estados Unidos emitió un comunicado en el que lo definió como una “dinastía ilegítima vitalicia”.
“Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega ‘celebra’ 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años. Los nicaragüenses votaron por un presidente en 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrará las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”, reza el mensaje publicado en su cuenta de X por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La ilegitimidad de los Ortega-Murillo
Las elecciones de 2021, en las que Daniel Ortega consolidó su cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a sus principales rivales, fueron consideradas por la administración de Joe Biden como una “pantomima electoral”, sin condiciones de competencia real ni garantías democráticas.
Sin embargo, con la actual administración, el lenguaje ha evolucionado. Washington ya no solo cuestiona los procesos electorales, sino que califica directamente el modelo político de la pareja Ortega–Murillo como “ilegítimo”, en un contexto marcado por el aumento de sanciones y la presión sobre Cuba y Venezuela.
En la víspera del 18 de abril, aniversario de las protestas cívicas de 2018, Estados Unidos anunció sanciones contra los hijos de la pareja Ortega-Murillo y contra el entramado minero vinculado al régimen.
La pregunta es si este cambio —entre lenguaje más duro, sanciones dirigidas y advertencias de ilegitimidad— es solo retórica o el inicio de una estrategia más sostenida hacia Nicaragua.
Jerarquía de prioridades
Para el investigador en asuntos latinoamericanos Evan Ellis, la respuesta no es tan clara. “No está claro hasta qué nivel de presión sobre Ortega va a llegar Washington para enfrentar lo que considera una amenaza representada por Nicaragua”, señala.
“Yo veo que Nicaragua está en el radar de la administración, lo que no veo claro en qué nivel de la jerarquía de prioridades se encuentra Nicaragua”, agrega el experto.
En la misma línea, el experto en relaciones internacionales Jordi Bacaria considera que Nicaragua se inscribe dentro del mismo esquema de presión que Estados Unidos aplica hacia Venezuela y Cuba, aunque tiene la impresión de que el país centroamericano está en una especie de “lista de espera” tras el retroceso de dos de los países de la llamada troika. Lo que sí reconoce es que la presión ha aumentado en comparación con la administración de Biden.
De las tres prioridades de Estados Unidos identificadas por Bacaria —el acceso a recursos estratégicos en el hemisferio, la seguridad nacional vinculada al narcotráfico y la contención de la presencia de potencias extranjeras— Nicaragua encaja en al menos dos de ellas. Sin embargo, el experto no se muestra optimista en que, en el corto o mediano plazo, se produzcan cambios sustanciales.
El régimen “enemigo de la humanidad”
En efecto, el secretario de Estado Marco Rubio, quien conoce bien el Hemisferio Occidental, ha reconocido que Nicaragua es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Llegó a calificar al régimen como un “enemigo de la humanidad”.
En ese sentido, los opositores nicaragüenses sostienen que parte de su trabajo desde el exilio es hacer ver a la administración estadounidense la magnitud de dicha amenaza.
Maradiaga, por su lado, explica que las sanciones estadounidenses han tenido efectos internos, pese a que el régimen insiste en mostrarse victorioso frente a ellas.
Menciona, por ejemplo, la huida de la inversión extranjera y el cierre del acceso al financiamiento por parte de organismos internacionales, lo que ha llevado al régimen a depender de “socios marginales” como Rusia e Irán.
“Las sanciones por sí solas no producen una transición democrática, no tienen una función mágica, pero sí generan costos para los funcionarios que sostienen al régimen. No estamos ante un aislamiento estéril, sino ante un asedio gradual”, afirma.
Pese a que existe una fecha en el calendario electoral, la oposición, por ahora, se mantiene en un escenario de incertidumbre. Chamorro cree que hablar de elecciones de cara al próximo año sería especulativo.
“Para nosotros es más importante las condiciones que las fechas. No porque se avecine un evento electoral hay que tomar decisiones o prepararse de una forma determinada. Si no hay condiciones, no hay condiciones”, sostiene.
Orteguismo apostó por la confrontación directa
Contrario a las negociaciones que se han abierto en Cuba, en Nicaragua se desconoce si existe algún acercamiento entre El Carmen y la Casa Blanca. Ortega, recientemente, ha optado más bien por el terreno de la confrontación con Donald Trump, a quien llamó “desquiciado mental”.
El mandatario nicaragüense también demandó a Trump poner fin a la guerra en Irán, “al bloqueo contra Cuba, a las sanciones contra Venezuela y que regrese al presidente Nicolás Maduro a su país”, su socio en la región. En Nicaragua, los diversos sectores están pendiente de lo que pueda ocurrir en Cuba y apuestan porque se produzca un efecto dominó que también fuerce a Ortega a negociar.
A finales de abril, el embajador cubano ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, se refirió a las negociaciones en curso y dejó claro que el tema de los presos políticos “no está sobre la mesa”. “Nosotros tenemos nuestro sistema legal, al igual que aquí en Estados Unidos ellos tienen el suyo”, dijo.
Estas declaraciones se producen en medio de contactos diplomáticos recientes entre Washington y La Habana, en los que Estados Unidos ha insistido en la liberación de presos políticos como gesto de buena fe, aunque el gobierno cubano ha rechazado incluir ese tema como condición formal de diálogo.
En Venezuela tampoco se ha producido un giro político sustancial. Si bien se han registrado algunas aperturas económicas y un mayor interés de inversionistas, analistas advierten que aún no se han impulsado reformas políticas profundas que reconduzcan al país por una senda democrática. El gobierno venezolano ha descartado que haya elecciones este año.
Reforma electoral profunda
En Nicaragua, un eventual proceso electoral creíble requeriría una reforma profunda del sistema electoral, que incluya la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), la depuración del padrón y la garantía de observación internacional independiente. A ello se suma la necesidad de revisar y derogar las reformas constitucionales recientes que consolidaron la concentración de poder en la pareja gobernante.
Sin estas condiciones, sostienen los opositores, cualquier convocatoria a elecciones correría el riesgo de convertirse en un ejercicio sin competencia real ni legitimidad democrática.
Chamorro y Maradiaga evitan profundizar en escenarios electorales concretos, pese a que sus organizaciones políticas —como Ciudadanos por la Libertad y Ruta del Cambio— han comenzado a reorganizarse en el exilio tras el cierre del espacio político interno en Nicaragua.
“La presión puede cambiar ese escenario”, dice Maradiaga. Incluso reconoce que la oposición ya no piensa necesariamente en la vía electoral como la única ruta de salida, como ocurrió en 2021.
“Las grandes transiciones no empiezan en una urna; comienzan con una grieta que la presión externa termina de abrir”, afirma Maradiaga, una visión que coincide con la lectura de Chamorro sobre episodios inesperados, como los de 1990, que obligaron a Ortega a adelantar elecciones.
Cautela desde Ciudadanos por la Libertad y Ruta del Cambio
Lo que se desprende de estas posiciones es que la oposición aún no parece tener una estrategia completamente definida más allá —como reconocen— de insistir ante Washington en que Nicaragua representa un foco de riesgo político en el hemisferio.
En un eventual proceso de negociación, incluso, existe la posibilidad de que queden al margen, como ya ha ocurrido en Cuba y Venezuela.
Al respecto, el exreo político Irving Larios lo resume así: “No está en nuestras manos, en nadie de la oposición. Estados Unidos tiene un control e interés particular en resolver los problemas que le causan ruido geopolítico en el hemisferio occidental. Lo que busca Estados Unidos es la apertura del régimen”.
El 28 de abril, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que no permitirá que Cuba extienda una “alfombra de bienvenida a nuestros adversarios para que operen en territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad”.
Luego remató: “No vamos a permitir que ningún aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a 90 millas de las costas de Estados Unidos”.
Aunque la advertencia estaba dirigida a Cuba, el mensaje podría resonar en Nicaragua, país al que Washington incluyó dentro de la llamada “troika de la tiranía”.
Para algunos analistas internacionales y opositores nicaragüenses, Ortega representa un desafío político similar al que Estados Unidos identifica en La Habana, aunque Managua se encuentre geográficamente más distante del territorio estadounidense y no cuente con el mismo peso político ni económico.
El caso nicaragüense, sin embargo, sigue rodeado de más preguntas. Mientras Cuba negocia y Venezuela emprende aperturas parciales sin reformas políticas de fondo, Managua decidió apostar por la confrontación directa.“El mensaje de Estados Unidos a Nicaragua es ‘te estamos observando’”, dice el experto Bacaria.
La pregunta ya no es si Nicaragua está en la agenda de Washington, más bien cuánto tiempo pasará antes de que esa presión política se traduzca en decisiones más concretas.