La prohibición de la realización de investigaciones sobre la flora y fauna del territorio nacional tendrá un impacto negativo sobre el avance científico del país, advierte el biólogo y director de Fundación del Río, Amaru Ruiz.
“Esto significa que no va a haber ninguna investigación que no sea la versión oficialista. Eso es preocupante para el desarrollo científico de un país y para el avance tecnológico. Antes podíamos comparar los estudios oficiales con los resultados de las investigaciones independientes para tener una mayor objetividad, pero ahora eso está prohibido”, expone el especialista.
Desde el pasado 16 de abril, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió cualquier tipo de monitoreo en la flora y fauna del territorio nacional, que no tenga la previa autorización del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), de acuerdo a la Resolución Ministerial 028-2024.
Los monitoreos que ahora están controlados, van desde una simple colecta de muestras, hasta investigaciones científicas, análisis, avistamientos, la instalación de infraestructura y equipamiento tecnológico de monitoreo de biodiversidad, y cualquier otra actividad relacionada.
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Esta resolución establece que el monitoreo de la flora y fauna del país es competencia exclusiva de Marena, como única autoridad competente para emitir autorizaciones ambientales de monitoreo de la biodiversidad.
Para la realización de monitoreos a la biodiversidad, las personas o empresas interesadas deben brindar información a Marena sobre los objetivos del monitoreo, ubicación, participantes, plazos, fuentes de financiamiento, entre otros datos solicitados.
Una vez obtenida la “autorización ambiental”, se debe solicitar una “certificación ambiental” ante la Procuraduría General de la República (PGR). “El incumplimiento a lo anterior será sancionado de conformidad con la legislación ambiental vigente, so pena de incurrir en las responsabilidades administrativas, civiles y penales previstas en el ordenamiento jurídico”, señala la resolución.
Control absoluto sobre investigaciones e investigadores
El establecimiento de esta resolución ministerial significa un control total de las investigaciones sobre biodiversidad e impedirá cuestionar los datos oficiales que presenta el Estado sobre la flora y fauna nacional.
Ruiz asevera que esta acción no solo aumenta el control de las investigaciones, sino los mismos investigadores. “Quien haga una investigación que no vaya en los lineamientos que el régimen diga, puede estar sujeto a sanciones. Por eso te piden requisitos de quién te financia, o la lista de participantes que hacen la investigación”, explica.
Si bien anteriormente ya estaba establecido que se necesitan una serie de permisos para la realización monitoreos en áreas protegidas, la nueva regulación exige estos permisos para cualquier área del territorio nacional. “Eso es tener control de toda la información que se genera y que únicamente pase por el oficialismo, sin que haya un escrutinio público”, indica el biólogo.
Incluso estudiantes de licenciatura deben pedir permiso
De acuerdo con Ruiz, debido a que la resolución no hace excepciones, incluso los estudiantes universitarios que realicen sus investigaciones de grado, monografías o tesis relacionadas a la flora y fauna nicaragüense, deberán solicitar estos nuevos permisos.
“Todos los programas ecológicos que hacían investigaciones como Pantera, especialistas extranjeros que llegaban a hacer sus investigaciones sobre ciertas especies a Nicaragua, incluso los estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado, van a tener que gestionar los permisos con Marena para hacer los estudios. Según esta resolución no hay nadie exonerado”, indica.
Esta regulación también afectará a organizaciones no gubernamentales y empresas que hacen estudios de biodiversidad para presentar proyectos que puedan afectar el ambiente, o la realización de proyectos que necesitan ese tipo de investigaciones.
“Por ejemplo, siempre se hacen estudios de cómo avanzan los vectores pandémicos como las ratas, los zancudos, y se hacen investigaciones sobre el impacto que tienen en la salud estas especies y la manera en que se pueden combatir. También se hacen estudios sobre las plantaciones agrícolas como el café, cacao o el maíz, y las formas en que se pueden conseguir mejores semillas o mejores fertilizantes o en general, la mejora de estos cultivos”, explica Ruiz.
Con la resolución, los guardabosques o líderes comunitarios que hacen monitoreos sobre sus propios territorios, también deberán de hacer la solicitud ante Marena y la PGR.
Turismo ecológico será desincentivado
La nueva regulación disuadirá el turismo ecológico del país, cuyas actividades incluyen el monitoreo, investigaciones y avistamiento de especies nativas, endémicas o migratorias del país.
“El avistamiento de aves es uno de los mayores potenciales del turismo en Nicaragua. Comúnmente profesionales de biología, ecología o incluso turistas nacionales, hacen avistamientos en toda la región centroamericana de esta especie y Nicaragua es uno de los países más visitados por eso”, indica Ruiz.
Esto afecta incluso a las reservas silvestres privadas porque si no desarrollan investigaciones dentro de las reservas, va a ser más difícil presentar los atractivos turísticos que tienen dichos lugares, ya que ahora se necesitan permisos, lo que aumenta los costos y desincentiva el turismo.
Una nueva forma de recaudar dinero
La exigencia de autorizaciones y certificaciones para la realización de monitoreos sobre biodiversidad será una nueva forma de recaudación de impuestos del régimen Ortega-Murillo, expone el biólogo. Estos trámites no están libres de costos en las instituciones, pese a que todavía no se han anunciado los montos.
“El régimen ha estado de cara a los procesos de recaudación. Lo inició a nivel municipal con las multas ambientales que prácticamente se están convirtiendo en un mecanismo más de recaudación, como lo hacen con las multas de tránsito. Ahora habrá costos para conseguir esta doble certificación que están exigiendo. Una certificación de Marena y la otra certificación de la PGR”, señala Ruiz.
De acuerdo con el biólogo, el Estado nicaragüense no tiene la capacidad para supervisar todos los permisos que se tengan que hacer para la realización de monitoreos e investigaciones sobre flora y fauna, y todavía se debe de evaluar si no se hará una modificación sobre la regulación.
“Hay que ver si no van a dar un paso atrás con esta regulación, como lo hicieron con la beca de los médicos. El Estado no tiene la capacidad para supervisar que todo mundo pida permiso para elaborar investigaciones científicas. No tienen la capacidad de supervisar todo el territorio nacional lo que haces. Eso es muy ambicioso”, indica.
“Creo que no han dimensionado toda la afectación que esa resolución ministerial puede tener, incluso para la gente que simplemente se quiere graduar”, añade.