Las expulsiones de estudiantes de Medicina ordenadas por la Secretaría Técnica para la Atención a las Universidades (SETEC), el organismo estatal que dirige la educación superior en Nicaragua, encendió las alarmas en universidades públicas y privadas.
Estudiantes, docentes y especialistas consultados por DIVERGENTES sostienen que las disposiciones arbitrarias en la Resolución 04-2026 y las denuncias de una aplicación discrecional refuerzan la percepción que las nuevas autoridades de este órgano –bajo el control del régimen Ortega-Murillo– pueden decidir quién continúa y quién es expulsado del sistema universitario, independientemente de sus méritos académicos.
La preocupación de varias fuentes de la comunidad universitaria consultadas por este medio trasciende las expulsiones de la carrera de Medicina. Consideran que la resolución demostró la capacidad de las nuevas autoridades para modificar las condiciones de permanencia de los estudiantes de cualquier carrera, en un sistema universitario cada vez más controlado por el Estado.
“No estamos hablando únicamente de Medicina. Lo que muchos entendimos es que sí pueden cambiar las reglas de una carrera de un día para otro, también pueden hacerlo con cualquier otra. Incluso ya hay casos de expulsiones en otras carreras”, afirma Lucía, estudiante universitaria, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias.
Juan, otro estudiante que pidió ser citado bajo anonimato, sostiene que el temor de ser expulsado de la universidad se ha instalado incluso entre jóvenes que cursan carreras distintas a Medicina.
“Yo no he dejado ninguna materia en Medicina, pero aún así no me siento confiado ni seguro. Mi primo estudia Derecho y también anda preocupado. Así andamos todos”, refirió.
Expulsan a médicos internos que estaban exentos de las nuevas reglas
La nueva resolución establece que quienes estudian Medicina deberán aprobar todas las asignaturas en primera convocatoria, y mantener una “promoción limpia” para continuar en la carrera. También dispone que quienes estén repitiendo un año académico o tengan asignaturas reprobadas no podrán seguir estudiando.
La medida comenzó a aplicarse el lunes 8 de junio de 2026, apenas dos días después de su publicación. Desde entonces, DIVERGENTES ha documentado casos de estudiantes expulsados en distintos años de la carrera, incluidos alumnos que cursaban tercero, cuarto y quinto año cuando entró en vigor la normativa.
Las afectaciones también alcanzan a los médicos internos, el grupo de estudiantes que la Resolución 04-2026 excluye de las nuevas restricciones académicas. Pese a ello, fuentes vinculadas al sistema de salud consultadas por DIVERGENTES aseguran que varios internos están siendo expulsados o excluidos de sus rotaciones bajo criterios que contradicen el reglamento que oficialmente continúa rigiéndolos.
Las denuncias también incluyen casos de estudiantes que, según sus familiares, no registraban el historial académico que la resolución establece como causal de expulsión.
Un padre de familia aseguró a DIVERGENTES que su hija, estudiante de Medicina que realizaba el internado en el Hospital Escuela de Jinotepe, fue expulsada de su formación clínica pese a que, afirma, nunca reprobó una asignatura durante los cinco años de carrera.
“Mi hija se encontraba en su internado en el Hospital de Jinotepe y durante sus cinco años de estudio nunca reprobó materia. Fue sacada. le dijeron que la orden venía de arriba. Cinco años de gastos y sin beca, todo echado a la basura. Nos sentimos tanto mi hija como nosotros, como padres, destrozados”, relató.
Contradicciones en la aplicación de nueva normativa
Al revisar la Resolución 04-2026 y el reglamento que la propia norma mantiene vigente para los médicos internos, DIVERGENTES encontró contradicciones entre lo que establece el texto oficial y la forma en que, según estudiantes y docentes consultados, está siendo aplicada.
El numeral quinto de la nueva normativa dispone que “los estudiantes que se encuentran en condición de médicos internos continuarán sujetos a las disposiciones académicas, administrativas y asistenciales establecidas en el Reglamento del Internado Rotatorio MINSA-UNAN”.
La normativa diferencia expresamente a los médicos internos del resto de estudiantes de Medicina y mantiene vigente el reglamento que históricamente ha regulado esta etapa de formación y que fue actualizado en 2020.
Ese reglamento, que está disponible en un repositorio de paga al que DIVERGENTES tuvo acceso, establece mecanismos de recuperación académica que difieren de las medidas que estudiantes denuncian se están aplicando actualmente. El artículo 31 dispone que cuando un interno no alcanza la nota mínima en el componente teórico de un módulo, debe realizar un examen especial. Solo si reprueba esa evaluación extraordinaria debe repetir el módulo.
El reglamento también reconoce el derecho de los internos a solicitar revisión de sus evaluaciones, interponer recursos de revisión y apelación, repetir módulos reprobados y permanecer en sus actividades académicas mientras esos recursos son resueltos. Asimismo, establece que quien repruebe una rotación práctica deberá repetirla al concluir el año académico. En ninguna de esas disposiciones se contempla la expulsión automática de la carrera por reprobar una evaluación o una rotación, como denuncian estudiantes consultados por este medio.
Las denuncias también están respaldadas por comunicaciones internas compartidas con DIVERGENTES desde hospitales docentes. En un grupo de WhatsApp de médicos internos del Hospital Gaspar García Laviana (HGGL), en Rivas, un docente informó a los estudiantes que la Subdirectora Docente del Silais había comunicado que “no habrán exámenes especiales” y advirtió que “La ley es pareja para universidades públicas y privadas; si dejan la rotación quedan fuera. NO HAY EXÁMENES ESPECIALES”.
Los mensajes fueron enviados la tarde del lunes 22 de junio a médicos internos del Hospital Gaspar García Laviana, en Rivas, pese a que el Reglamento del Internado Rotatorio MINSA-UNAN mantiene vigente el examen especial como mecanismo de recuperación académica.
Rosa, otra estudiante de una universidad privada que solicitó anonimato por temor a represalias, afirma que algunos compañeros realizaron exámenes especiales y aun así fueron excluidos.
“A varias personas les hicieron un examen especial y aunque lo aprobaron, los corrieron. Están haciendo algo sin precedentes”, asegura.
Según su testimonio, en otros hospitales los estudiantes siquiera tuvieron la oportunidad de presentar esas evaluaciones.
“A otros les prohibieron siquiera hacer el examen especial. Entiendo la reforma actual, pero eso no justifica que no nos informaran previamente que ya no podíamos hacerlo o que lo iban a anular”, sostiene.
Las denuncias también llegaron desde el Hospital Gaspar García Laviana, en Rivas. Un médico vinculado al centro aseguró a DIVERGENTES, bajo condición de anonimato, que las expulsiones alcanzaron a la mayoría de los internos de algunas rotaciones.
Según su relato, de los 18 médicos internos asignados a Cirugía, 14 fueron expulsados. En Pediatría también hubo salidas, mientras que en Ginecología fue retirado un estudiante y en Medicina Interna otros seis.
La falta de claridad también se extiende a las responsabilidades institucionales. Según estudiantes consultados por DIVERGENTES, cuando comenzaron las expulsiones algunos hospitales remitieron los casos a las universidades, mientras que las universidades señalaron que los internos se rigen por las disposiciones del internado.
Estudiantes de la JS se salvan de ser expulsados
Las dudas sobre qué normas se están aplicando han generado otros cuestionamientos entre estudiantes y docentes. Más allá de las contradicciones detectadas en el caso de los médicos internos, varias fuentes aseguran que las nuevas disposiciones tampoco se estarían aplicando de forma uniforme entre estudiantes que presentan situaciones académicas similares.
Algunos estudiantes consultados bajo anonimato por motivos de seguridad aseguran conocer casos de alumnos que continúan cursando la carrera de Medicina pese a registrar más de una asignatura reprobada.
Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) afirma conocer al menos cinco casos de jóvenes de su generación que han reprobado más de una materia en los últimos dos años, pero que se destacan por organizar algunas de las actividades políticas del Frente Sandinista en el recinto universitario.
“He visto compañeros expulsados por una materia y otros que siguen estudiando con varias reprobadas. Por eso muchos nos preguntamos cuáles son realmente los criterios que están aplicando, porque es claro que no es un tema de rendimiento académico, sino de tener vínculos con el partido de Gobierno”, sostiene.
DIVERGENTES no pudo verificar de forma independiente los expedientes académicos mencionados por las fuentes debido al carácter reservado de esa información y al temor de los estudiantes a sufrir represalias. Sin embargo, los testimonios coinciden en señalar que las nuevas disposiciones se aplican de forma discrecional.
“He visto estudiantes con excelente rendimiento salir expulsados por una sola materia y otros que continúan dentro pese a que no son los más destacados académicamente, pero que participan en muchas de las actividades políticas que organiza la universidad”, afirma un médico docente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), consultado para este reportaje bajo condición de anonimato.
Según el docente, estas diferencias han comenzado a alimentar cuestionamientos sobre los criterios utilizados para determinar quién permanece y quién queda fuera de la carrera.
“Lo que queda claro es que nadie tiene garantías. Hoy es Medicina, mañana puede ser cualquier otra carrera. Incluso ya hay rumores sobre la expulsión de estudiantes de otras carreras que no son de Medicina”, afirma.
Para esta fuente, vinculada al sistema público de salud, la resolución marca un precedente que podría trascender la carrera de Medicina. Aunque no existen anuncios oficiales sobre su extensión a otras áreas, considera que ya envía un mensaje claro sobre el control que las nuevas autoridades ejercen sobre la permanencia estudiantil.
El contexto político que rodea las universidades
Las denuncias sobre la aplicación de la Resolución 04-2026 ocurren en un sistema universitario profundamente transformado por el régimen sandinista tras la Rebelión de Abril de 2018, cuando miles de estudiantes participaron en las protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre 2021 y 2023, el Gobierno confiscó más de 30 universidades, sustituyó autoridades académicas y concentró la conducción de la educación superior en nuevas estructuras estatales. Para los especialistas Ernesto Medina y Adrián Meza, consultados previamente por DIVERGENTES, ese proceso redujo la autonomía universitaria y amplió el peso de criterios políticos dentro de las instituciones.
Más que una reforma académica, consideran que constituye una muestra del creciente control que las nuevas autoridades ejercen sobre la permanencia de los universitarios.
Las denuncias sobre presiones políticas dentro de los recintos universitarios refuerzan esa percepción. Una familiar de una estudiante becada de la Universidad Central de Nicaragua (UCN) aseguró a DIVERGENTES que su hermana fue obligada a participar el pasado fin de semana en el Repliegue Táctico, una de las principales movilizaciones organizadas cada año por el Frente Sandinista.
“Mi hermana fue obligada a ir solo por ser becada”, afirmó bajo condición de anonimato.
Según su testimonio, la joven padece diversas condiciones de salud, entre ellas episodios de pérdida de conocimiento, pero aun así recibió la orientación de asistir a la actividad partidaria.
En este escenario, la preocupación de las fuentes consultadas no radica únicamente en el endurecimiento de las reglas, sino en la percepción de que las decisiones sobre quién puede permanecer dentro de la universidad dependen cada vez menos del rendimiento académico y cada vez más de un modelo universitario donde el control político condiciona la permanencia de los estudiantes.