Durante tres años, la familia de Luis —seudónimo utilizado para proteger su identidad por temor a represalias— invirtió aproximadamente 21 000 dólares para que él pudiera convertirse en médico. Estudiaba tercer año de Medicina en la Universidad Católica Redemptoris Mater (UNICA), actualmente renombrada Universidad Cardenal Miguel Obando y Bravo, y, como muchos jóvenes nicaragüenses, había construido su proyecto de vida alrededor de una profesión que soñaba ejercer desde la adolescencia.
Su proyecto de vida comenzó a desmoronarse el lunes 8 de junio de 2026, dos días después que la Secretaría Técnica para la Atención de las Universidades (SETEC) emitiera la Resolución 04-2026, que endureció los requisitos para ingresar y permanecer en la carrera de Medicina en las facultades públicas y privadas de Nicaragua. Ese día, recibió una llamada de un profesor para presentarse en su centro de estudios y firmar documentos relacionados con su expulsión de la carrera.
“Había dedicado años de esfuerzo, estudio y sacrificio con la meta de convertirme en médico. De un momento a otro, sentí que el proyecto de vida que había construido durante años quedaba en incertidumbre”, relata.
Según Luis, el documento que le hicieron firmar no solo formalizaba su exclusión de Medicina, sino que además le impediría continuar la carrera en otra universidad del país.
“Cuando acudí a firmar el documento, no me permitieron sacar copias ni tomar fotografías. Tampoco me entregaron una copia para mis archivos personales. Según entendí, implicaba renunciar a mi derecho de apelar la decisión, presentar reclamos legales contra la universidad, solicitar documentación académica relacionada con mi desempeño e incluso continuar la carrera de Medicina en otra universidad”, relata.
El costo humano y económico de una medida arbitraria
Después de su expulsión, Luis hizo cuentas. Solo en mensualidades de 300 dólares, su familia desembolsó unos 10 800 dólares durante 36 meses. A ello se sumaron 450 dólares en matrículas, correspondientes a tres pagos anuales de 150; aproximadamente 700 dólares en libros y material bibliográfico; unos 7200 dólares en transporte y alimentación durante ese mismo período y alrededor de 1 800 en gastos administrativos y trámites académicos.
Según el desglose elaborado por el propio estudiante, la inversión total ascendió a unos 20 950 dólares. La cifra equivale a más de 104 salarios mínimos mensuales en Nicaragua, donde la paga mínima promedio ronda los 200 al mes, o casi nueve años de trabajo de una persona que destinara íntegramente estos ingresos a ese objetivo. Para Luis, ese cálculo resume el esfuerzo económico que su familia realizó durante tres años con la esperanza de verlo convertirse en médico.
“En este momento no tengo claro qué haré en el futuro. La medida ha afectado profundamente mis planes académicos y profesionales. Mi familia y yo habíamos invertido tiempo, recursos económicos y muchas expectativas en mi formación. Ahora me encuentro tratando de entender qué opciones tengo para continuar adelante”, dice.
Su caso es una muestra del impacto humano y económico de la nueva normativa que afecta la vida de miles de jóvenes nicaragüenses y que, según especialistas en educación superior consultados por DIVERGENTES, intenta corregir problemas de calidad académica endureciendo las exigencias para los estudiantes, mientras deja sin revisar factores estructurales que también influyen en la formación médica, como la calidad docente, los sistemas de evaluación, la gestión universitaria y los efectos del adoctrinamiento político a partir de 2018.
Los expertos también cuestionan que la normativa alcance a estudiantes que ya cursaban Medicina bajo reglas académicas distintas a las establecidas por la Resolución 04-2026. Consideran que modificar las condiciones de permanencia una vez iniciada la carrera equivale a cambiar las reglas del juego a mitad del proceso formativo y podría vulnerar derechos previamente adquiridos.
Purga afecta a varias generaciones de futuros profesionales
La normativa presentada por la SETEC –una institución que asumió funciones estratégicas dentro del sistema universitario tras la profunda reorganización de la educación superior impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos ocho años– fue presentada como una medida para fortalecer la calidad de la formación médica en Nicaragua.
Entre sus principales disposiciones, se encuentra la exigencia de un promedio mínimo de 90 puntos para ingresar a la carrera, evaluaciones psicológicas y vocacionales. La Resolución 04-2026 también establece que, para permanecer en la carrera, los estudiantes deben aprobar todas las asignaturas en primera convocatoria y mantener una “promoción limpia”.
Además indica que los estudiantes que estén “repitiendo el año académico o tengan asignaturas reprobadas no podrán continuar sus estudios”. Esto significa que la expulsión no solo aplica a quienes reprueben una asignatura en el futuro, sino también a quienes ya cursaban la carrera y habían reprobado alguna materia bajo reglas académicas distintas.
Esta medida surgió en medio de otras decisiones recientes relacionadas con el sector salud. Apenas una semana antes, el caso de una joven médica reportada como desaparecida por su familia derivó en una conferencia en la que autoridades policiales divulgaron información relacionada con su salud mental, antecedentes personales y entorno familiar. Especialistas cuestionaron la exposición pública de datos sensibles y el mal manejo de una situación vinculada con la salud mental.
Poco después, el 6 de junio –el mismo día en que se emitieron las nuevas reglas para estudiar Medicina– el Ministerio de Salud anunció evaluaciones psicológicas para 3742 médicos menores de 35 años que laboran en el sistema público.
Para algunos especialistas consultados por DIVERGENTES, la nueva normativa se suma a esas decisiones al centrar las respuestas en quienes estudian o ejercen la profesión, mientras persisten interrogantes sobre problemas más amplios relacionados con la formación médica y el funcionamiento del sistema universitario.
Corregir a los estudiantes, sin corregir el sistema
Para Adrián Meza, especialista en educación superior y exrector académico, la resolución constituye una señal de que las autoridades reconocen problemas en los resultados de la formación médica.
“Es una evidencia clara de que el modelo está haciendo aguas. Es decir, los resultados por la insuficiencia académica son tan evidentes, que el régimen se ha visto obligado a tomar acciones para tratar de remediar el daño causado con la transformación de un modelo de educación y formación a un modelo de adoctrinamiento”, afirma.
Sin embargo, considera que la solución adoptada se concentra en las consecuencias y no en las causas. “Lo único que hace es trasladar toda la carga de la medida correctiva al alumno”, señala Meza.
De acuerdo con el experto, si las autoridades consideran que existen problemas de calidad en la formación médica, la revisión debería incluir múltiples componentes del sistema educativo.
“El problema de fondo es un problema de calidad, calidad en la docencia, calidad en la dirección de la carrera y el programa, calidad en los procesos didácticos y también calidad en los sistemas de evaluación”.
A su juicio, endurecer los requisitos para los estudiantes no aborda necesariamente esos factores. “Para obtener resultados académicos concurren muchos factores. Aquí el único factor que se está abordando es el factor de puntaje de aprobado”, cuestiona.
Nuevas reglas a mitad del camino violan derechos estudiantiles
La preocupación sobre esta medida también alcanza a Ernesto Medina, exrector universitario y uno de los principales especialistas en educación superior del país, quien está actualmente en exilio.
“Lo primero que uno se pregunta es realmente en base a qué se están tomando estas decisiones y pues imponiendo estas nuevas regulaciones”, señala.
Medina considera legítimo que una carrera como Medicina tenga requisitos especiales debido a la responsabilidad social que implica la formación de futuros profesionales de la salud. Sin embargo, sostiene que decisiones de esta magnitud deberían estar respaldadas por estudios, diagnósticos y análisis técnicos sólidos.
“Las implicaciones que tiene en la sociedad la formación de los médicos no pueden ser objeto de decisiones arbitrarias e improvisadas como parecen ser estas”, manifestó Medina.
Más allá de las nuevas exigencias para los estudiantes, Medina cuestiona “¿qué es lo que están haciendo las universidades para garantizar que estos jóvenes van a tener también la mejor formación posible?”.
La pregunta apunta a un aspecto que la resolución no aborda tal como la evaluación de la calidad docente, la preparación de los profesores, los recursos académicos disponibles y los mecanismos institucionales para mejorar la enseñanza.
“Yo le pongo un gran signo de interrogación a lo que las universidades ahorita le ofrecen a los jóvenes nicaragüenses”, advierte.
Según denuncias recopiladas por DIVERGENTES, algunos estudiantes afectados ingresaron a Medicina varios años antes de que la Resolución 04-2026 fuera aprobada, tal como el caso de Luis.
Por eso Medina considera especialmente preocupante la aplicación retroactiva de la medida y señala que es “una violación flagrante de los derechos de los estudiantes”. El especialista explica que las nuevas reglas no solo afectan a futuros aspirantes, sino también a estudiantes que ya habían iniciado sus carreras bajo condiciones distintas.
“Aplicar esto a estudiantes que ya están en los años finales de la carrera o aún los que estén terminando primero o segundo año y que según estos nuevos criterios ya no podrían seguir estudiando, es un cambio de las reglas del juego que va en contra de los derechos fundamentales de un estudiante”, advierte.
¿Puede una materia definir quién llegará a ser médico?
Mientras la Resolución 04-2026 parte de la premisa de que quienes reprueben una asignatura no deben continuar en la carrera, algunos estudiantes expresaron en redes sociales que el rendimiento académico está influido por circunstancias personales, familiares, económicas y emocionales que una nota no siempre refleja.
“Hay materias que te cuestan el doble o triple y no por eso eres mal estudiante; una asignatura no define lo que eres y lo que llegarás a ser”, escribió una usuaria identificada en TikTok como @minombreesbet.
Otra estudiante, identificada como @brittt, relató que perdió una asignatura mientras atravesaba una situación familiar compleja. Según explicó, su abuela enfermó gravemente y falleció poco antes de uno de sus exámenes. “No fue mi culpa haberla dejado; fueron circunstancias que pasaron”, escribió.
Los testimonios que circulan en redes sociales reflejan experiencias marcadas por problemas familiares, dificultades económicas, estrés académico, afectaciones emocionales y situaciones personales que pueden incidir temporalmente en el desempeño estudiantil.
“Perder una materia no te convierte automáticamente en un mal médico, igual que aprobarlas todas no garantiza ser uno excelente”, escribió otra estudiante en la misma red social.
Para muchos jóvenes, el problema no radica únicamente en la exigencia académica, sino en la ausencia de oportunidades para recuperarse de un error o de circunstancias excepcionales.
“Aprender implica fallar, corregir y volver a intentarlo”, escribió uno de los estudiantes afectados por la medida. Otro recordó que muchos profesionales reconocidos atravesaron dificultades similares durante su formación universitaria.
“Conozco compañeros, doctores y profesores que reprobaron alguna vez una materia y hoy son excelentes profesionales”, comentó.
La incertidumbre también alcanza a quienes aún permanecen en las aulas. “Tengo un nudo en la garganta porque no se sabe; el día de mañana seré yo”, escribió en TikTok la usuaria identificada como Nayeli Somoza, reflejando el temor que la nueva normativa ha generado entre quienes continúan cursando Medicina.
Para otros, la resolución representa algo más que una reforma académica. “Hoy siento que no solo nos cerraron una puerta; siento que nos arrancaron un sueño por el que luchamos durante años”, expresó otro estudiante.
Cómo intentan otros sistemas garantizar calidad en formación médica
Mientras en Nicaragua la nueva normativa busca elevar la calidad de la formación médica mediante la expulsión de estudiantes que reprueben asignaturas, otros países de la región enfocan sus mecanismos de aseguramiento de la calidad en la evaluación de los programas académicos y de las instituciones que forman a los futuros médicos. Consultado por DIVERGENTES, el doctor Carlos Araya Fonseca, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, explicó que los procesos de aseguramiento de la calidad en ese país suelen incluir evaluaciones integrales de las carreras y de los centros de educación superior.
La observación coincide con los cuestionamientos formulados por Medina y Meza. Mientras la nueva medida de la SETEC endurece las exigencias para los estudiantes, los especialistas consultados apuntan a la necesidad de evaluar de forma integral los distintos componentes que influyen en la calidad de la formación médica.
“Las prácticas que deben instaurarse tienen que ser todas las que tengan que ver con la acreditación internacional de la carrera. Eso involucra un cuerpo docente apropiado con recursos tecnológicos suficientes para que el conocimiento pueda transmitirse adecuadamente”, indica el médico costarricense.
También destaca la importancia de revisar permanentemente los programas académicos, los recursos institucionales y las capacidades docentes. “ Sin evaluación no se puede saber si algo está bien o está mal”, añadió.
La transformación de las universidades bajo el control político
Desde 2021, el régimen sandinista ha cancelado o confiscado decenas de universidades, sustituido autoridades académicas, reestructurado organismos rectores y concentrado el control del sistema universitario bajo nuevas instancias estatales.
Los académicos nicaragüenses citados en este reporte han denunciado un creciente proceso de control político sobre la educación superior y una progresiva sustitución de criterios académicos por criterios ideológicos. Es en ese contexto donde surge la nueva regulación para Medicina.
En los últimos años, más de 30 instituciones privadas fueron cerradas o absorbidas por el Estado. Muchas de ellas fueron reabiertas bajo nuevas administraciones designadas por el régimen sandinista.
Este proceso provocó cambios en estructuras académicas, autoridades universitarias y cuerpos docentes. También generó preocupación entre especialistas por la pérdida de autonomía universitaria y por el creciente peso de consideraciones políticas en la toma de decisiones académicas.
Hasta ahora no existen cifras públicas que permitan conocer cuántos estudiantes han sido excluidos de Medicina tras la entrada en vigor de la Resolución 04-2026.
Lo que sí existen son historias como la de Luis y de otros jóvenes nicaragüenses que han contado sus testimonios en redes sociales.“Tal vez no todos merecíamos que nos regalaran nada, pero sí una oportunidad más para demostrar que podíamos levantarnos”, reflexiona uno de los estudiantes afectados.