El 2024 es el año récord de elecciones en el mundo, por cantidad de países y de personas que celebrarán comicios. Más de 60 países (algunos de ellos con bajas credenciales democráticas) tendrán elecciones para escoger a diversas autoridades nacionales y subnacionales. Entre todos estos se encuentran países con gran importancia geopolítica como los Estados Unidos, Rusia, India, Taiwán, Alemania y el Reino Unido. Se estima que alrededor de la mitad de la población mundial acudirá a las urnas este año. 

América Latina también estará presente en este año récord. Se culmina el extenso ciclo electoral que se inició en 2021. Desde entonces y hasta finales de este año casi todos los países latinoamericanos –con la excepción de Bolivia, que llevará a cabo sus elecciones en 2025– habrán realizado procesos electorales para renovar tanto las autoridades gubernamentales nacionales como las subnacionales. Centroamérica forma parte de esta tendencia.

Aunque en este caso no constituyen elecciones, es de relevancia comenzar el análisis en Guatemala. A partir del 14 de enero la región de América Central comenzó con expectativas democráticas. En ese país, a pesar de los intentos de golpe de Estado que surgieron tras los resultados de la primera vuelta electoral el 25 de junio de 2023, Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron juramentados y asumieron como presidente y vicepresidenta, respectivamente. El caso guatemalteco evidencia la importancia que tienen las elecciones limpias y justas en una democracia, no solo como medio legítimo para escoger gobernantes, sino también como episodios de resiliencia democrática. Los principales retos del gobierno de Arévalo son el reconstruir una institucionalidad democrática rota y cumplir con sus promesas democráticas.

Sin embargo, el caso guatemalteco es más bien una excepción: la región centroamericana no vive una primavera democrática ni experimenta un período propicio para la expansión de valores democráticos. Nicaragua es un régimen autoritario, aunado a que justamente el país que inaugura el calendario electoral el domingo 4 de febrero –El Salvador– se inserta en el preocupante fenómeno de autocratización en el mundo. En este proceso se va a escoger el binomio presidencial hasta el 2029. Estas elecciones son concurrentes con los comicios legislativos y municipales. 

El presidente actual de El Salvador, quien se encuentra en licencia para poder postularse nuevamente, disfruta de un elevado respaldo popular, ha logrado manejar la economía y es probable que sea reelegido (a pesar de dudas legítimas sobre la constitucionalidad de este acto), desviándose así de la tendencia regional en América Latina de sancionar a los incumbentes desde 2018 (exceptuando Paraguay). No obstante, el desafío a la democracia en El Salvador va más allá de la posibilidad de reelección presidencial. El país ha experimentado un evidente deterioro en las condiciones de su sistema democrático, evidenciado por la merma del Estado de derecho, ataques a la prensa, la menoscabada independencia judicial. Estas problemáticas se reflejan especialmente en la estrategia abordada para combatir la inseguridad (principalmente los grupos pandilleros) y en la violación sistemática de derechos humanos. 

Sumado a El Salvador, el 5 de mayo Panamá también llevará a cabo elecciones para escoger presidencia, vicepresidencia, concurrentes con elecciones para la Asamblea Nacional, subnacionales y diputaciones al Parlacen. La política panameña tiene diversas particularidades siendo una de ellas que la alternancia es la tendencia y que las elecciones panameñas han servido para relegitimar cada cinco años el statu quo. Lo que resulta llamativo de la oferta electoral es que hay una vuelta a los expresidentes. Ricardo Martinelli (2009-2014) se postula, a pesar de estar involucrado en escándalos  y condenas judiciales, por corrupción y es quién encabeza la intención de voto. Junto a él, otro expresidente busca la reelección: Martín Torrijos (2004-2009), y se les unen otras seis candidaturas, entre partidos políticos y los de libre postulación.  

Panamá llega a estas elecciones en un contexto social y político convulso. La sociedad se levantó y protestó en contra de la minería en octubre de 2023, debido a la renovación de un contrato de minería de cobre (suspendido posteriormente por la Suprema Corte). A estas protestas le anteceden las de julio del 2022 y finales de 2019. Más allá de las demandas puntuales, estos episodios de protestas lo que reflejan es un descontento por parte de la ciudadanía de las decisiones tomadas por el gobierno de Laurentino Cortizo y un profundo malestar con la corrupción, costo de la vida y con el sistema político en general. Estas elecciones presentan la oportunidad de impulsar un cambio de dirección anhelado por la ciudadanía y abordar conflictos que han estado latentes durante mucho tiempo, tal y como los estudios de opinión dan cuenta.

Costa Rica también es parte de este ciclo electoral. El primer domingo de febrero se escogerán 6212 autoridades locales en los 84 cantones del país. Es la tercera ocasión que se vota de manera no concurrente con las elecciones nacionales y son los sextos comicios en donde mediante voto popular y directo la ciudadanía costarricense, decide quienes serán sus gobernantes locales. Estos procesos electorales se distinguen por registrar niveles de abstencionismo superiores a los de las elecciones nacionales. En esta ocasión presentarán novedades significativas en cuanto a las reglas que rigen la contienda electoral: la prohibición de reelección indefinida y la paridad horizontal tanto en cargos uninominales como plurinominales, debido a una sentencia de la Sala Constitucional. Cada elección cantonal tiene sus propias dinámicas y agendas, sin embargo, se realizarán todas en un contexto nacional de crisis de inseguridad sin precedentes: el año 2023 fue uno de los más violentos de la historia reciente del país.

Otras elecciones democráticas en países del continente, que no pertenecen a Centroamérica, también resultan de interés para ser observadas, debido a sus variadas relaciones con el istmo centroamericano. Es el caso de República Dominicana. Dicho país del Caribe posee además retos y oportunidades compartidas con el istmo. La República Dominicana celebra elecciones nacionales el 19 de mayo, la reelección consecutiva está permitida y el actual presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, es el favorito para ganar la reelección. Si este resultado se materializa, sería otro líder que desafía la tendencia de castigo al oficialismo por parte del electorado.

México y los EE. UU. también celebrarán comicios –el 2 de junio y el 5 de noviembre– respectivamente. En el primero posiblemente se elija a la primera mujer presidenta y en el segundo todo indica que la contienda estará entre el actual presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump. Estos eventos electorales se perfilan como cruciales, ya que tienen implicaciones significativas en la dinámica geopolítica con respecto al istmo centroamericano.

Finalmente es importante destacar que, a pesar de las diferencias, los diversos países de Centroamérica comparten riesgos políticos en mayor o menos nivel, entre los principales están: el crimen organizado, inseguridad la corrupción sistémica, el populismo autoritario y flujos migratorios, que conllevan a una erosión significativa del estado de derecho, afecta la calidad de las democracias en la región, una ciudadanía frustrada con las expectativas y una complicada gobernabilidad. A este panorama complejo y desafiante en el ámbito político-electoral es al que se enfrenta la región el presente año.