El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró culpable a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a los exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) Walter Gómez y Marcos Fletes, al conductor Pedro Vásquez y a Pedro Joaquín Chamorro, hermano de la aspirante.
La Fiscalía pidió 8 años de prisión contra Cristiana Chamorro, y 13 para Marco Fletes y Walter Gómez. Mientras que para Vázquez y Pedro Joaquín siete años. La sentencia será leída este 21 de marzo.
En un juicio sin novedad y cargado de irregularidades –como es la norma en los procesos políticos ordenados desde El Carmen– el juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio, falló en contra de la precandidata por el supuesto delito de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. A Fletes, Gómez y Vásquez también se les acusa de los mismos delitos. En el caso de Pedro Joaquín Chamorro, por el supuesto delito de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida.
Fuentes cercanas a los implicados en el caso aseguraron que la Fiscalía no presentó ninguna prueba que demostrara la culpabilidad de los acusados. Entre los testigos, el fiscal presentó como estrategia de acusación al capitán Jairo Ramírez Carrión, perito de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional, quien fue el encargado de elaborar el análisis financiero y patrimonial sobre el cual se basa la acusación en contra de la FVBCh. Sin embargo, admitió que su análisis no puede considerarse concluyente porque no le dio tiempo de terminarlo por ser demasiada la cantidad de documentos que debía analizar.
El juicio inició el tres de marzo y se prolongó ocho días. Durante todas las sesiones la precandidata fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial con el traje azul de reos políticos y una fuerte presencia policial, según detalló el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh). El proceso fue suspendido y reanudado en varias ocasiones. También se supo que varios de los testigos dieron versiones contradictorias y otros fueron coaccionados para asistir a la audiencia, realizada en total hermetismo y sin publicidad, como manda la ley.
“En otras palabras, lo que el capitán Ramírez declaró es que no hay ninguna prueba de que la Fundación Violeta Barrios cometió el delito de lavado de dinero y a pesar de que todos son inocentes, el juez los encontró culpables, lo que cabía es la absolución total de los acusados”, agregó la fuente.
Testigos policiales recibieron capacitación de USAID
Según la fuente, el capitán Ramírez, al presentar sus credenciales, presentó un certificado de capacitación de un curso de auditorias financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), este organismo era uno de los principales cooperantes de la FVBCh cuando era gestionada por Cristiana Chamorro, antes de anunciar su postulación presidencial. El régimen de Ortega y Murillo ha señalado a través de sus voceros que USAID es una de las agencias que “financió” el supuesto “intento de golpe de Estado de 2018”.
“Al preguntarle si consideraba que los recursos de la USAID son ilícitos, respondió que bajo ninguna circunstancia podría considerase dinero sucio”, detalló la fuente. “En un contrasentido que el principal perito que presentó la Fiscalía y la Policía para supuestamente demostrar que la Fundación delinquía, lavando dinero proveniente de la USAID, más bien revela todo lo contrario, que trabajaba con fondos lícitos, que no cometió ningún delito y que todos los procesados son inocentes”, reiteró.
Cuando a Cristiana Chamorro se le concedió la palabra al finalizar el juicio, la aspirante aseguró: “Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir; jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente”.
Las encuestas apuntaban que Chamorro era la candidata más popular a ganar las elecciones generales de 2021, razón por la cual el régimen la inhibió y luego fabricó un proceso en su contra. El primero de junio, tras haber sido entrevistada por el Ministerio Público y por el Ministerio de Gobernación, la jueza sandinista Karen Chavarría, incluída recientemente en la Lista Engel por los Estados Unidos, ordenó el allanamiento a su vivienda y su detención. Desde entonces la aspirante mantuvo arresto domiciliario.
El régimen de Daniel Ortega inició la persecución contra Cristiana Chamorro el 20 de mayo, cuando anunciaron el inicio de las investigaciones en contra de la FVBCh por encontrar supuestas inconsistencias financieras en los informes de entre 2015 y 2019. En el caso fueron citados a entrevistar a más de 60 periodistas, editores y jefes de medios.