Régimen Ortega-Murillo acusa a La Prensa por “defraudación aduanera y lavado”

La policía oficializa la toma de La Prensa alegando delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, esto ocurre el mismo día que dejó de circular la versión impresa por presiones de la DGA. Tras el allanamiento los periodistas que laboran desde sus casas denunciaron que la policía apagó el servidor interno del diario, imposibilitando publicar en su sitio web.

Policías de las tropas especiales ingresan a las instalaciones del diario La Prensa. Cortesía.

La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó la tarde de este viernes 13 de agosto que inició una investigación en contra del Grupo Editorial La Prensa y sus directivos por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, el mismo día que se suspendió la versión impresa del periódico de más de 95 años de existencia por un bloqueo de sus materias primas en la Dirección General de Aduanas (DGA). Antes de emitir el comunicado, oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) se tomaron el diario más longevo del país.

En la nota policial se informó que miembros de la DAJ y funcionarios de la DGA, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía realizaron allanamiento y registro de las bodegas de Editorial La Prensa Sociedad Anónima, donde se imprimen los otros productos comerciales de La Prensa.

La policía confirmó que el periódico quedó bajo custodia policial. Han cerrado los portones de las instalaciones y las patrullas ingresaron hasta el parqueo de la Junta Directiva del periódico. Colaboradores que se encontraban dentro de las instalaciones denunciaron que los oficiales impedían que usaran sus teléfonos.

El jefe de información de La Prensa, Fabián Medina, quien se encontraba en las instalaciones al momento del ingreso de las autoridades gubernamentales, dijo que dejaron a los trabajadores regresar a las oficinas y que lo que buscaba el jefe policial era “el papel con Aduana”. “Es parte de la misma ofensiva que están haciendo contra los medios (independientes)”, dijo Medina al salir de las instalaciones. “No hay forma de trabajar, no tenemos internet”.

“Patrullas policiales están dentro de las instalaciones de La Prensa. No dejan que los colaboradores que estaban en las oficinas usen sus teléfonos”, denunció el medio de comunicación a través de su cuenta de Twitter.

Durante el allanamiento los periodistas que laboran desde sus casas denunciaron que la policía apagó el servidor interno del diario, imposibilitando publicar en su sitio web. Desde el inicio de la pandemia, el año pasado, los comunicadores trabajan desde sus casas.

En las instalaciones, oficiales de policía recorrieron las instalaciones con el secretario de la Junta Directiva, Juan Lorenzo Holmann, mientras una batería de medios oficiales realizaban las tomas adentro de las instalaciones. En los medios de comunicación del régimen ya está instalada la narrativa de la investigación por “supuestas actividades delictivas” de La Prensa. Mientras en las afueras del diario, agentes de civil fotografiaron a periodistas independientes que daban cobertura a la toma de este rotativo.

La organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció la “continuidad de imposición de censura en contra de los medios de comunicación en Nicaragua”. Asimismo señaló que el gobierno de Ortega-Murillo “busca acallar las voces críticas y medios independientes que investigan, documentan y evidencian las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condena “este hecho que violenta la libertad de expresión. Exigimos se respete la integridad personal de todas las personas”.

Sanciones suizas

En horas de la mañana de este viernes, el gobierno de Suiza anunció sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Juan Carlos Ortega y seis funcionarios de la administración de Ortega que tienen prohibido ingresar o transitar en dicho país: Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Bayardo Arce, asesor económico de Ortega; la fiscal general, Ana Guido; el presidente de la Asamblea Gustavo Porras; el comisionado general Fidel Domínguez y el jefe del Departamento de Vigilancia de la Policía, Juan Valle Valle.

La Secretaría de Estado de Economía (SECO) de la Confederación Suiza manifestó que Rosario Murillo fue fundamental para alentar y justificar la represión de la oposición por parte de la Policía Nacional en 2018. El siete de julio, la vicepresidenta de Nicaragua amenazó a los periodistas independientes con aplicarles la Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como “Ley Mordaza”. Según la mandataria los hombres y mujeres de prensa están publicando “noticias falsas” sobre temas de Salud, con información de “falsos médicos y con falsos pronósticos”, lo cual podría ser castigado.

Periódico dejó de circular

Juan Lorenzo Holmann, Secretario de la Junta Directiva y Gerente General de La Prensa, custodiado por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial. Foto: Divergentes

El allanamiento ocurre un día después que La Prensa anunciara la suspensión del rotativo ante un nuevo bloqueo de materias primas en la DGA, por lo que el Diario La Prensa dejó de circular en el país a partir del viernes 13 de agosto de 2021, según informó el propio periódico este jueves por medio de una portada de protesta en la que titularon: “La dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad”. 

El grito de alarma de La Prensa ocurre en medio de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aumentado las presiones, amenazas y hostigamientos contra los periodistas independientes en Nicaragua. Desde finales de mayo, casi a diario decenas de comunicadores han sido citados en el Ministerio Público por el caso de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y la mayoría de ellos ha sido amenazado con la Ley 1042 o Ley de Ciberdelitos, en entrevistas en las que los fiscales actúan de forma “hostil e inquisidora”, según denunciaron periodistas y defensores de derechos humanos que le han dado seguimiento a estos procesos. 

“Alertamos que persiste la preocupación de caer en un apagón informativo, lo cual agravaría, la ya difícil situación de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”, indicó La Prensa en su último informe mensual de julio sobre violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, en el que recogen que la mayoría de medios digitales independientes han suprimido las firmas de los periodistas en sus artículos y 11 de ellos han sido forzados al exilio para resguardar sus vidas y continuar con su trabajo periodístico.