La dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Alcaldía de Managua, inauguró un centro especializado en danza en las instalaciones donde por más de 20 años funcionó el programa feminista La Corriente, ubicada en el barrio Martha Quezada, en la capital, mismas que fueron tomadas por la Policía el 8 julio de 2022, después de que los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional le arrebataron su personería jurídica.
El lugar fue bautizado con el nombre de casa de la Cultura y Creatividad “Alejandro Cuadra”, y fue inaugurado por el vicealcalde sandinista, Enrique Armas. “La alcaldía capitalina siempre promoviendo la cultura y el arte abre el día de hoy este nuevo centro…”, dijo el edil durante el acto de corte de cinta.
La socióloga y directora de La Corriente, María Teresa Blandón, reiteró que por más que el régimen haya robado el edificio, la propuesta de defensa de los derechos humanos sigue vigente en su organización. A su vez, señaló que si el Estado realmente está interesado en promover y desarrollar una agenda cultural, debería de utilizar los recursos provenientes de préstamos y donaciones, y no de terceros, a través de la confiscación.
“El Estado tiene recursos suficientes para montar centros en todo el país, centros de danza, de pintura, de poesía, pero tienen 16 años de estar en el gobierno y por lo visto la inversión ha servido solo, a juzgar por lo que ha pasado en los últimos cinco años, para reprimir y para violar derechos humanos a la ciudadanía nicaragüense”, manifestó Blandón a DIVERGENTES.
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Durante la inauguración, las autoridades sandinistas detallaron que las clases en este espacio de danza son totalmente gratis, todos los días de la semana. En el lugar se impartirán clases de folclore y zumba. “Ojalá que este centro de danza realmente sirva para eso, porque es un buen ejercicio para la gente, para que puedan desarrollar sus habilidades”, dijo al respecto la presidenta de La Corriente.
Blandón recordó que el centro del programa feminista, construido en 1994 con el objetivo de promover la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos como condición para erradicar todas las formas de violencia, cuenta con una sala amplia en la que se desarrollaban diferentes tipos de encuentros, foros y lanzamientos de campañas.
“En ese lugar se formaron miles de personas a lo largo de tantos años en el conocimiento de sus derechos, gente que aprendió a discernir entre lo justo e injusto, entre lo que es legal e ilegal. Ilegal es que nos hayan quitado la personería jurídica, que nos hayan confiscado un centro que estaba al servicio de las mujeres, al servicio de los cuerpos disidentes, de la diversidad sexual y de las y los jóvenes”, destacó Blandón.
Oenegés feministas canceladas
De acuerdo a IM-Defensoras, entre el 2018 a la fecha, más de 80 organizaciones feministas han sido ilegalizadas por la dictadura. El mayor número de cierres ocurrió en julio del año pasado, cuando el oficialismo despojó la personería jurídica de 27 oenegés dedicadas a la protección de las mujeres, niños y niñas.
En febrero de este año, un fuerte contingente de la Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acompañado de antimotines, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y civiles se tomaron “por la fuerza” las instalaciones del Grupo Venancia de Matagalpa, ocho meses después de que la Asamblea Nacional disolvió la personería jurídica de dicho colectivo feminista ubicado en la zona norte del país.
El colectivo feminista calificó la toma de sus instalaciones como un “robo”, debido a que las autoridades no cumplieron los procedimientos legales para dicha ejecución. A su vez, enfatizó que, por más que la dictadura se haya adueñado del local, continuará con el compromiso de defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
Un estudio presentado por la Fundación del Río y otras organizaciones, en diciembre del año pasado, señala que, entre finales de 2018 al cierre de noviembre de 2022, el régimen ha cancelado un total de 3,106 organizaciones civiles, que representa el 42% de los organismos sin fines de lucro que existían en Nicaragua previo al estallido de la crisis social y política, cuando la dictadura reportaba 7,227 entidades activas en ese momento.