Costa Rica está entregando a personas “como cheques en blanco” a Nicaragua, un Estado con severas señalizaciones de violaciones a derechos humanos, advierte el abogado Daguer Hernández; luego que se cumplieron cinco meses de la última aparición pública del nicaragüense extraditado, Douglas Gamaliel Pérez Centeno.
La completa desaparición de Pérez Centeno suscita los peores temores que existían alrededor de su extradición por ser un perseguido político: que su vida corriera riesgo bajo el encarcelamiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la posibilidad de ser objeto de torturas, al igual que ha ocurrido con otras personas presas políticas nicaragüenses.
“No tenemos comunicación con él. No hay forma de saber si está en una cárcel, si está vivo, si está en buenas condiciones de salud, o si se le están respetando sus derechos y garantías procesales, en el sentido que tenga acceso a un juicio justo, que tenga un abogado en representación y que lo esté defendiendo como corresponde”, señala Hernández.
Pérez Centeno junto con Reynaldo Picado Miranda son los dos nicaragüenses a los que el Estado costarricense inició procesos de extradición, ya que el régimen Ortega-Murillo los acusó de los asesinatos de la agente policial, Aracelly Marisol Díaz, y el civil Pedro Pablo Chavarrías el 2 de octubre de 2022.
De acuerdo con la defensa de Pérez Centeno y Picado Miranda, ambos se encontraban exiliados en Costa Rica desde 2018, debido a que fueron objeto de persecución política por su participación en las protestas antigubernamentales.
No obstante, al no contar con la protección internacional de refugio, Perez y Picado fueron circulados en la Interpol, por lo que fueron aprehendidos desde octubre de 2022 por las autoridades costarricenses.
La extradición de Pérez Centeno se ejecutó el 15 de febrero de este año. No obstante, la de Picado Miranda logró detenerse gracias a un Habeas Corpus interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Actualmente su solicitud de refugio está siendo analizada.
Corte Suprema de Justicia no respetó el principio de no devolución
A pesar que el abogado Daguer Hernández expuso los riesgos de la extradición de Pérez Centeno a la Sala Constitucional, los tribunales costarricenses no analizaron el trasfondo político del caso y la persecución estatal realizada por el régimen Ortega-Murillo.
Como un último recurso para detener la extradición de Pérez Centeno, Hernández interpuso el principio de No devolución, contemplado en el artículo 31 de la Constitución Política costarricense. Sin embargo, la Sala Constitucional estableció “que los alegatos presentados eran improcedentes para el caso”.
Pese a que la Sala Constitucional señaló que el principio no aplicaba para el caso de Pérez Centeno, no explicó las razones sobre esto, ni se pronunció sobre ese punto.
No obstante, Hernández asegura que no se puede pretender que un Estado que ha sido señalado como violador de derechos humanos por organismos internacionales y ha despreciado constantemente las recomendaciones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respete las normas mínimas para el trato de personas privadas de libertad.
“Costa Rica está enviando a personas en procesos de extradición a Nicaragua en los que no se logra determinar en qué condición están en su país. El trato para las personas que están presas en Nicaragua, ya sean presos políticos o comunes, es un trato completamente discrecional y en absoluto secreto”, explica.
En la actualidad, el régimen Ortega-Murillo no ha brindado ninguna información sobre Pérez Centeno y su caso no aparece en el Sistema de Causas del Poder Judicial. Lo último que se supo de él fue el 19 de febrero de este año, cuando la dictadura lo presentó ante los medios oficialistas.
Gobierno de Costa Rica facilitó la extradición
Para Hernández, los tribunales tanto administrativos como constitucionales, hacen una interpretación restrictiva de la ley, por lo que omiten el riesgo de tortura. De acuerdo con él, esto podría deberse a la interpretación errónea que ha hecho el Poder Ejecutivo sobre el proceso de refugio.
El Gobierno costarricense realizó un proceso sumario para negar el asilo y el refugio de Pérez Centeno, lo que facilitó su proceso de extradición. El presidente Rodrigo Chaves negó su responsabilidad sobre esto, a través de un comunicado publicado el 18 de febrero de este año. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica negó el asilo político a Centeno en agosto de 2023, mediante una resolución firmada por Chaves.
En declaraciones hechas por Chaves en 2023, aseguró que las personas nicaragüenses migran a Costa Rica y solicitan refugio para poder trabajar, y no porque sufran una persecución política.
Esto tuvo un impacto directo en el acceso al refugio para las personas nicaragüenses solicitantes, ya que las declaraciones se acompañaron de medidas restrictivas. Aunque estas ya fueron derogadas por violar el derecho a la protección internacional, todavía existen serios obstáculos para los nicaragüenses.
Solo en los primeros seis meses de 2024, Costa Rica recibió 9 000 solicitudes de refugio, en su mayoría nicaragüenses. Ha recibido más de 440 000 solicitudes de refugio de nicaragüenses desde 2018 hasta junio de 2023, según reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).