Desde mediados de 2024, los juicios contra los presos políticos se realizan solamente a través de videoconferencias. Los encarcelados no son llevados a los tribunales y presencian los procesos desde su cárcel. Esta medida les impide comunicarse de forma libre con sus abogados. Este es uno de los patrones represivos que identificó la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización que monitorea la situación de los presos políticos, en el último informe de enero de 2024.
“Asimismo, anotamos el aumento de vigilancia y persecución contra los pocos abogados que ejercen o intentan ejercer la representación de personas presas políticas en Nicaragua”, señala el documento.
Otra de las situaciones que sufren las personas presas políticas desde noviembre del año pasado es una plaga de jelepates (chinches) en las distintas prisiones del país. “Varias personas presas políticas muestran afecciones de piel, tales como ronchas negras y sarpullidos, que provocan picazón y ardor constante”, denuncia la organización.
Hasta el 31 de enero de este año se registran 121 personas presas políticas en Nicaragua, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.
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Desde la excarcelación y posterior destierro de 222 presos políticos en febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha realizado ninguna liberación masiva. En ese momento, organizaciones que dan seguimiento a estos casos, contabilizaron 35 presos políticos que aún permanecían en las cárceles. Un año después, más de 80 personas han sido capturadas por la dictadura.
La UDJ identificó patrones represivos en las detenciones arbitrarias perpetradas por el Estado de Nicaragua, como allanamientos ilegales, desapariciones forzadas contra personas consideradas opositoras o críticas a la política partidaria. También se identificó en los interrogatorios una actuación coordinada entre el Sistema Penitenciario y policías, y condiciones carcelarias críticas.
“Interrogados y torturados en el Sistema Penitenciario”
La organización detalló que las personas detenidas arbitrariamente son trasladadas a la estación policial del Distrito III, en Managua, sólamente por unas horas o pocos días para después ser enviadas al Sistema Penitenciario sin presentarles una acusación formal en su contra.
“Interrogados y torturados en el Sistema Penitenciario, a diferencia del patrón anterior en el que la policía era únicamente la que ejecutaba estos actos represivos”, apunta el informe, que enfatiza en que existe una participación coordinada entre los interrogadores del Sistema Penitenciario y los agentes de la Policía Nacional.
El caso Brooklyn Rivera
Los familiares y abogados no reciben información y constatación del paradero de los presos políticos. Uno de los ejemplos es el de Brooklyn Rivera, dirigente del partido político indígena Yatama, detenido el 29 de septiembre de 2023 en su casa en la Costa Caribe. En este caso, las autoridades negaron información sobre su paradero e impidieron comunicación entre los detenidos y sus familiares o abogados.
“Se identificó que las autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas ‘en las morgues’, incrementando la zozobra de ellos, lo que constiuye otro tipo de tortura”, menciona la UDJ.
En el caso del Poder Judicial, “no brinda acceso a los expedientes judiciales de los casos. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones declara sin lugar los recursos de exhibición personal (Habeas Corpus), sin fundamentación debida”.
Otro patrón encontrado por la UDJ es el rol de la Defensoría Pública y la Fiscalía. “Ambas instituciones alegan desconocer las detenciones y/o no tener acceso a los expedientes de las personas”, indica. Y para cerrar el círculo de vejaciones: “la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos rechaza recibir las denuncias de los familiares sobre la situación en la que se encuentran las personas detenidas por razones políticas”.
“Se trata, pues, de una actuación interinstitucional coordinada que revela la instrumentalización del aparataje estatal para reprimir en Nicaragua”, expresa la UDJ.
El acoso a los abogados
Durante los procesos judiciales han aumentado los obstáculos para que los abogados asuman la representación de ley para ejercer una adecuada defensa, según el organismo. Les niegan las acusaciones, actas de audiencias, sentencias y los números de expediente judiciales. “Ya no se menciona quién es el juez a cargo del caso, ni que audiencias celebró, ni qué delitos se les imputan a los detenidos”, agrega el documento.
Como ocurrió entre 2019 y 2020, se ha identificado que algunas personas presas políticas son imputadas por tipos penales de delincuencia común: tráfico de estupefacientes, robo agravado, entre otros.
En el caso de quienes son acusados por “traición a la patria y/o noticias falsas”, las pruebas en su contra “son solamente periciales o testimoniales policiales sobre la base de publicaciones en redes sociales de la persona criminalizada por oponerse al gobierno”.
Reducen tiempo de recibir sol
Después de noviembre del año pasado, a los presos políticos les han reducido el tiempo para recibir sol. Antes recibían una hora a la semana, mientras que ahora sólo reciben 30 minutos.
En el caso de los que están recluidos en las cárceles de máxima seguridad, el derecho a patio sol está negado: los sacan por unos minutos para fotografiarlos y de esta forma simular que están cumpliendo con este derecho de los presos.
“Persisten los alimentos bajos en nutrientes y/o descompuestos dados por el penal y la falta de agua totalmente potable, pues la que le suministran tiene olor y sabor a tierra”, denuncia la organización.
Por otro lado, en las prisiones se han colocado más cámaras de seguridad dentro de los galerones o celdas para la vigilancia permanente de las personas detenidas por razones políticas.
Falta de atención médica
Los presos políticos siguen sin atención médica adecuada. A algunos los han llevado a un consultorio médico dentro del penal para tomarles fotos y así simular que están siendo atendidos de forma adecuada e integral.
No se realiza ningún tipo de exámenes médicos a las personas presas, lo cual es de suma urgencia para quienes tienen patologías de gravedad, como diabetes y las mujeres que necesitan hacerse sus chequeos ginecológicos de rutina.
Se identificó también la negación de alimentación adecuada, la reducción de porciones por debajo de la carga calórica necesaria para un adulto, con exceso de carbohidratos, en ocasiones con restos de insectos y en estado de descomposición.
Represalias contra familiares de presos políticos
Los tratos a los familiares durante las visitas continúan con “normalidad”. Las autoridades tienen carácter hostil al momento de recibir y limitar la paquetería. En enero de 2023, “una de las custodias obligó a una familiar a quitarse toda su ropa y le tocó su seno”. Para la UDJ, esto es “un acto desproporcionado durante la requisa y constituye una forma de violencia sexual humillante”.
Finalmente, esta organización registró amenazas por parte de las autoridades hacia los familiares para que no denuncien las quejas de los detenidos. Si lo hacen pueden ser procesados por “noticias falsas”.
Sobre las represalias contra los familiares, se conocen de algunos que radican en el exterior, a quienes se les negó la entrada al país.