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El Sistema Penitenciario Nacional difundió un video de Angélica Chavarría, esposa del fallecido dirigente sandinista Humberto Ortega y cuñada de Daniel Ortega, en el que afirma haber recibido un trato digno durante su permanencia en esa institución. En el material audiovisual, Chavarría asegura que recibe visitas periódicas de sus familiares, atención médica y algunas “consideraciones especiales”, entre ellas el acceso a un televisor para su recreación y distracción.

Sin embargo, el elemento que llama la atención no es el contenido del video, sino una afirmación incluida en el comunicado oficial que acompaña la publicación. El Sistema Penitenciario señaló: “Publicamos declaración de Angélica Chavarría, quien, por razones explicadas anteriormente, permanece en el Sistema Penitenciario Nacional”. 

Esa afirmación es falsa. Hasta la fecha, organizaciones que dan seguimiento a personas consideradas presas políticas y organismos internacionales de derechos humanos no tienen conocimiento de una acusación formal o de un proceso judicial en contra de Chavarría.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 4/2025 emitida el 10 de enero de 2025, le otorgó medidas cautelares al considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.

Según la CIDH, Chavarría permanecía sin ser vista desde el 19 de mayo de 2024, fecha en la que fue detenida mientras permanecía junto a Humberto Ortega bajo arresto domiciliario y sin posibilidades de comunicación.

Claudia Pineda, de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua (UDJ) en su cuenta de X, expresó que  “su aparición pública no borra la arbitrariedad de su detención ni el patrón de desaparición forzada contra personas presas políticas”, cuestionando ¿dónde están las demás personas presas políticas desaparecidas? por el régimen Ortega-Murillo. 

Y es que, tras la muerte de Humberto Ortega en septiembre de 2024, sus familiares tampoco pudieron conocer el paradero de Chavarría. La CIDH indicó además que el Estado nicaragüense no respondió las solicitudes de información relacionadas con su situación, motivo por el cual pidió precisar si Chavarría se encontraba bajo custodia estatal, así como las circunstancias y condiciones de su detención.

La resolución también señala que Chavarría participó en las protestas de 2018 apoyando a manifestantes y que posteriormente habría recibido amenazas por parte de simpatizantes sandinistas. Asimismo, recoge denuncias realizadas por Humberto Ortega sobre presuntos actos de persecución en mayo de 2024, antes de la detención de ambos.

Familiares denunciaron además la confiscación de computadoras y teléfonos celulares durante el allanamiento a la vivienda. Luego del fallecimiento de Humberto Ortega, las autoridades tampoco informaron sobre el destino de Chavarría y, posteriormente, sus cuentas bancarias fueron congeladas.

Hasta el momento no existen registros públicos de una acusación formal, un proceso judicial o una sentencia en su contra. Por ello, la afirmación del Sistema Penitenciario sobre que permanece detenida por “razones explicadas anteriormente” carece de información verificable que permita conocer bajo qué cargos o proceso legal se encuentra privada de libertad.