El día en que el Ejército de Nicaragua anunció el fallecimiento de su fundador, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra, publicaron una nota de prensa de un párrafo. En la misma, lo identificaron por su nombre, sin mencionar su grado militar; un paciente de 77 años de edad que presentó un paro cardíaco.
El segundo jefe del cuerpo médico militar y director del Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños en Managua, el coronel Noel Vladimir Turcios, alcanzó a poner su sello sobre el comunicado oficial, que registró el deceso a las 2:30 de la madrugada del lunes 30 de septiembre.
Fue hasta 12 horas después del deceso que el régimen y el Ejército reconocieron, en pronunciamientos individuales, el “aporte” del jefe militar y su trayectoria.
Así llegó a su fin la vida de quien dirigió con mano de hierro la institución castrense entre 1979 y 1995.
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Tuvo una vida política intensa, tanto durante la lucha para derrocar al somocismo como en su rol al frente del poder militar del sandinismo. Esas vivencias, como poco, dan para el guión de una serie de intrigas con muchos ingredientes: ambición, poder, guerra, violaciones de derechos humanos, conspiración, una nueva tiranía, un Estado policial, un general que habla por el llamado “sandinismo histórico” y rivaliza con la cuñada, y un audio enviado al periódico digital Confidencial en que se declaró “preso político” del régimen de su hermano, justo antes de morir.
Fue un símbolo de corrupción y represión en Nicaragua, como escribió el sociólogo Javier Meléndez para el diario La Prensa. Cuando dirigió las tropas en los ochenta, Nicaragua se desangró en una guerra civil entre los campesinos de la Resistencia Nicaragüense financiada por Estados Unidos y el sandinismo que se alineó con la Unión Soviética. Y ocurrieron graves abusos de derechos humanos del Estado y el autoritarismo en la Dirección Colectiva del FSLN fue evidente.
El jefe militar tuvo también un protagonismo en la transición a la democracia hasta que entregó la comandancia en 1995, dos años después que la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro anunció su retiro sorpresivamente. De militar entonces pasó a “empresario” y, desde aquellas esferas, “solía bajar a la tierra” para ofrecer comentarios políticos que irritaron alguna vez a su hermano.
Sus cenizas fueron sepultadas el 1 de octubre en una ceremonia privada, a la que asistió su hermano verdugo. De cierta forma, enterraron también los restos de aquella idea de institución que se sembró en los años que dieron paso a la democracia en la década de los noventa. Ese ejército se caracterizó por el relevo militar cada cinco años, así como por la no intromisión en asuntos políticos. Esta promesa la rompieron públicamente cuando respaldaron las reformas constitucionales en 2013 y 2014 que permitieron al dictador reelegirse de manera indefinida.
La exguerrillera e historiadora Mónica Baltodano lamenta desde el exilio la deriva institucional del Ejército y la Policía. Las describe como instituciones dóciles a la dictadura y recuerda el concepto primigenio cuando se formó la institución militar en 1979. Acababan de derrocar la dictadura de la familia Somoza y pensar en agredir a la población era contradictorio con su visión.
El contrasentido de apuntar con los fusiles a la gente
“El problema es que con la revolución concebimos las fuerzas armadas como un instrumento nacional para garantizar la paz y que los fusiles dejaran de apuntar contra la gente. El sandinismo le heredó a Nicaragua un ejército que no era propiedad de nadie, que terminó siendo nacional, una institución muy respetada. Lo que están haciendo ahora Ortega y Murillo es aniquilando esa precondición para la paz. Es ésta una regresión muy profunda”, analiza Baltodano, autora de la serie de cuatro volúmenes: “Memoria de la Lucha Sandinista”.
Baltodano afirma que reconvirtieron a la institución militar en otra que están acercando “a aquella guardia pretoriana que destruimos”, en referencia a la Guardia Nacional de los Somoza. Esa transformación la valora como lo más peligroso que ha ocurrido hasta ahora desde la llegada al poder de Ortega en 2007.
Mientras tanto, ella llama “cobarde” la actitud de silencio de la comandancia actual, porque no se pronunciaron en estos “cuatro meses de sufrimiento de Humberto”. Un mes de ese tiempo, el general fallecido lo pasó en su residencia, y el resto internado en el hospital Militar. En este último lugar finalmente pereció. Estuvo bajo custodia del Estado desde el 21 de mayo. Ese día, la Policía anunció la instalación de una “unidad de atención médica especializada” en la residencia del general en retiro para atender sus dolencias.
Fue en realidad un “golpe de mano” del Poder Ejecutivo para callarlo. De hecho, ocurrió dos días después que él dudó públicamente en Infobae, en una entrevista con el periodista Fabián Medina, de la sucesión del actual clan en el poder si llegase a faltar su hermano. El traslado al centro hospitalario se dio en junio, luego de un agravamiento de su salud. Entonces fue sometido a un aislamiento total de su familia, según Baltodano. “Ni a los hijos dejaron pasar. Nunca dieron un reporte de su estado, como hubiera correspondido”, afirmó.
Para la exguerrillera y académica, las actuaciones del oficialismo contra Humberto Ortega se “procesan en el interior de la conciencia” de los generales, coroneles y el resto de integrantes de la institución.
Azahálea Solís, feminista y exmiembro de Auditoría Militar, se acuerda cómo los paramilitares se movían campantes por las calles de Managua y Masaya durante la represión de 2018. Al menos 355 personas fueron asesinadas y más de 2000 resultaron heridas en aquellos días convulsos que marcaron un antes y un después en la historia reciente del país.
Por lo que puede verse hoy, según Solís, hay un ejército que transitó de una profesionalización a “una subordinación rojinegra”, en referencia a los colores de la bandera del partido gobernante. Como Baltodano, ella tampoco esperaba ninguna reacción de la comandancia presidida por el general Julio César Avilés.
“Con la crisis, el ejército quiso aparentar jugar un papel neutral, pero en su práctica —en la figura de su jefe (Avilés)— ha mostrado que aceptan el mando, al margen de la ley. No están actuando con sometimiento a la Constitución, sino al poder dictatorial”, explicó Solís, también en el exilio.
Pilar de la dictadura Ortega-Murillo
El Ejército se ha convertido en una columna fuerte de la dictadura, cuando la comunidad internacional le ha demandado que rinda cuenta por los abusos de derechos humanos. El cuerpo castrense ha guardado silencio ante la masacre de 2018 y sigue en una posición monolítica, pese a que Avilés fue sancionado por Estados Unidos, su jefe del Estado Mayor y el jefe del brazo financiero que administra las pensiones de los militares.
Respaldan el discurso de la soberanía, un concepto manipulado por Ortega para justificar la represión a nivel interno. La élite en torno a Avilés tampoco dijo una palabra frente a las circunstancias de la muerte del general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez, fallecido en febrero de 2022 como reo de conciencia bajo custodia de la Policía. La lectura que han hecho los críticos de los militares es que llanamente se trata de una complicidad expresa con el dictador y su esposa Rosario Murillo.
Desde antes de la instalación del totalitarismo, la institución militar ha sido señalada de ejecuciones a campesinos (alzados en armas) en el norte de Nicaragua y por su participación activa recopilando información de inteligencia en aras de la supuesta “seguridad soberana” del Estado, lo que incluso está consignado en la legislación local desde 2015.
Todo esto ha ocurrido bajo el mando de Avilés. En todas las instalaciones militares el retrato del general jinotepino, de 68 años, es omnipresente. Lleva 14 años al mando de las fuerzas armadas. Es el segundo período más largo en la historia de la institución como comandante en jefe, tan solo superado por los 16 años de su fundador recién fallecido.
De acuerdo con datos oficiales, Avilés está al mando de un colectivo de 15 705 miembros, de los cuales 10 235 son soldados. Administra un presupuesto que el Ejecutivo ha aumentado hasta llevarlo a 95.7 millones de dólares en 2023. Pero dirige la institución sin la autoridad histórica de quienes comandaron la revuelta contra Somoza. Según su hoja de vida profesional, a finales de los ochenta tenía el rango de teniente coronel.
Los expertos coinciden en que el proceso de cooptación institucional a manos del actual dictador inició en 2007, cuando el caudillo les recordó sus orígenes sandinistas. Nombró a Avilés jefe militar en 2010, y un año después, su antecesor, el general Omar Halleslevens se convirtió en vicepresidente. Tanto este último como el actual jefe provienen del área de inteligencia y contrainteligencia militar, y representan a una rama de espías que se impusieron sobre los tropistas, con quienes han tenido rivalidades históricas por poder.
Para hacerlos de su lado, el caudillo sandinista desplegó una serie de estrategias para seducirlos: apadrinamiento de los negocios institucionales, la contratación de exmilitares en el Estado, propició y estableció un trato directo de la cúpula castrense con el gobernante quitando los controles civiles. Hubo también incrementos presupuestarios. Finalmente, Ortega reeligió al comandante en jefe que lleva ya los 14 años mencionados en el cargo, cuando originalmente hubiese durado cinco.
Al mando del Estado y el FSLN, el gobernante ejerce el poder bajo una relación instrumental de las fuerzas armadas, entendiendo a las mismas como un factor de fuerza y poder. Así lo explicó la experta en seguridad Elvira Cuadra, en el libro “El Régimen de Ortega”, publicado en octubre de 2016, en que destaca que los militares mantienen una “subordinación interesada”.
“Esto quiere decir que en esa relación de poder no son actores pasivos, sino que forman parte de una compleja red de intereses que se ha entretejido entre el gobierno, el grupo económico alrededor de la pareja presidencial conocida como Ortega-Murillo, otros grupos de poder económico y una élite militar y policial que ha construido su propia agenda de intereses económicos y políticos”, explicó en el libro publicado por editorial PAVSA y coordinado por Edmundo Jarquín.
Tres “comandancias” a la medida
Para sostener a Avilés, el gobernante implementó otros cambios en la cúpula militar: rediseñó la comandancia, integrada por el jefe del Estado Mayor y el inspector general. Ortega los ha cambiado en tres ocasiones desde que el FSLN llegó al poder. Eso era inimaginable entre 1995 y 2007, cuando el jefe del Estado Mayor se convertía en el comandante en jefe cuando al número uno le tocaba irse.
En 2013, el mayor general Óscar Balladares Cardoza, el segundo al mando, estaba en la línea de sucesión. Ortega lo retiró para dar paso a la reelección de Avilés. Como una compensación al cambio radical, lo nombró asesor presidencial. Un año antes, sacó al inspector general, el mayor general Denis Membreño Rivas —el número tres—, y lo colocó a cargo de la Unidad de Análisis Financiero. El sustituto de este último fue el mayor general Adolfo Zepeda, otro de la línea dura.
En diciembre de 2013, el tirano nombró al nuevo jefe del Estado Mayor: Óscar Mojica Obregón, quien dirigió el brazo financiero militar, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Así recompuso la comandancia, después de triturar el mecanismo no escrito de relevo institucional que había funcionado bien durante 18 años (1995-2013). Ortega iniciaba su propia reingeniería castrense, a la medida de sus intereses, en los que colmar las ambiciones de Avilés significaba finalmente su lealtad sin fisura.
Además del jefe militar, la comandancia actual está integrada desde el 11 de mayo de 2017 por el jefe del Estado Mayor, Bayardo Rodríguez y por el inspector general Marvin Corrales. Los críticos sostienen que se ha establecido un tapón institucional que evita los ascensos de manera natural en la institución y que dependen de la voluntad del gobernante. El impacto real de estas medidas en las tropas es desconocido en realidad, aunque algunos apuntan a cierta inconformidad.
En tanto, Ortega ha estimulado buenas relaciones con Avilés y el resto del Estado Mayor. Un ejemplo es Martha Ruiz Sevilla, esposa del mayor general Rodríguez, quien era ministra de Defensa desde 2014. El caudillo la mantuvo en ese cargo hasta 2019 y después la designó asesora hasta que la cesó en julio.
“El Ejército ha mostrado una gran sumisión a los intereses partidarios particularmente por los discursos y actuaciones de Avilés. Por la confusión partido-institución que se muestra en muchas ocasiones. Y lo mostró claramente con el caso de Hugo Torres, y ahora con las actuaciones frente a la prisión de Humberto Ortega”, insistió Baltodano.
32 generales activos y el descabezamiento de la DID
Según un registro de los generales nombrados por el gobernante desde 2007, elaborado por Divergentes, el caudillo ha ascendido oficiales a 46 generales desde que subió al poder: 32 están activos, nueve retirados; de tres no hay información sobre las tareas que realizan, uno falleció y otro está en comisión de servicio.
Otros pasaron a la red de empresas, creadas bajo el amparo del acuerdo petrolero con Venezuela. En meses recientes, Ortega dirigió una purga general en el Estado asistido por la Policía y también hizo cambios en la Dirección de Información para la Defensa (DID), el principal órgano de espionaje militar.
Esto obedece a una lógica en la que el Estado le achaca a esta dependencia cierta responsabilidad por las deserciones internas del FSLN y también la posible información que llega a los medios independientes y a los estadounidenses, explicó un analista consultado bajo el anonimato.
A partir de agosto de 2024, el nuevo jefe de la DID es Álvaro Peña Núñez. Este militar ha acompañado en viajes oficiales a Laureano Ortega, hijo de la pareja de dictadores y representante del régimen para asuntos de Rusia, China e Irán. Lo ha hecho con Zhukov Serrano, nuevo subdirector de investigaciones de la Policía, moldeado según los intereses de la familia presidencial y quien representa a una nueva generación de oficiales leales a los Ortega-Murillo.
El nuevo segundo jefe de la DID es ahora Francisco Noel Jarquín López, ascendido a general de brigada en septiembre, durante el acto del aniversario 45 de la institución.
“Esto lo que revela es una identificación con la pareja gobernante de los oficiales ascendidos. Estos militares ven solo a Humberto Ortega como una referencia del pasado. Este es otro Ejército y es leal a la dictadura, en la cual uno de los principales temas es la transición del poder a las manos de Rosario Murillo. Por eso, ella está creando su propio núcleo de acero”, explicó la fuente.
Para este analista, el régimen mantiene una “vigilancia sobre el vigilante”, obteniendo información local de los servicios de inteligencia cubanos y rusos con los cuales mantiene nexos históricos. Es decir, Ortega no se fía ni aún del servilismo demostrado por una gran parte de los altos mandos que participan del Estado Mayor y el consejo militar.
En septiembre, Ortega tomó también dos decisiones que tienen una vena familiar dentro de la institución. Ascendió a coronel a Alma Celeste Avilés —hermana del comandante en jefe— y a general de brigada a su consuegro, Marco Antonio Salas, el jefe del cuerpo médico militar y padre del esposo de Camila Ortega Murillo.
El secretario general del FSLN tiene una experiencia parecida en la Policía. El actual director es el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, consuegro también del gobernante y representante de una institución que ha sido señalada por las masivas violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses.
El día del ascenso de su hermana, Avilés agradeció al gobernante el apoyo que les ha brindado para “dignificar la carrera militar” y, sin ningún asomo de rubor, por sus declaraciones, le juró lealtad a la pareja gobernante como ha hecho con convicción en los últimos años.
“Cuente, presidente, con la firme determinación de todos los que integramos el Ejército de Nicaragua, para continuar avanzando en la ruta de consolidar la Nicaragua Libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. Gracias, presidente”, dijo Avilés en su discurso, reproducido por los medios oficialistas.
De acuerdo con el marco jurídico vigente, el gobernante es el jefe supremo del Ejército y la Policía. Por lo que se ve, el acto del 45 aniversario militar fue una jornada de halagos mutuos entre Avilés y Ortega. El dictador correspondió al general con una felicitación por realizar en su discurso una síntesis histórica de la formación del cuerpo castrense.
Pero el instinto político de Ortega lo hizo pasar rápidamente al ataque de sus adversarios. Nuevamente volvió a tomar el tema de las protestas de 2018 como eje de su arenga. Ese fantasma lo persigue desde entonces.
En la narrativa oficialista, Ortega acusa con vehemencia a los sacerdotes por “odiarlo”. Volvió a mencionar a los tranques y la obligación de despejar las barricadas cuando sus adversarios los creían derrotados. Mucha sangre corrió, pero la dictadura se ha prolongado en el poder los últimos seis años. Si lo hizo fue en parte, porque la cúpula castrense se lo permitió.
“Hay que recordar lo que dijo Mao Tsé Tung: ‘El poder descansa en la punta del fusil’. Eso lo sabemos bien quienes sufrimos la dictadura militar somocista y tuvimos que enfrentarla con las armas”, agrega la exguerrillera Mónica Baltodano.
Este reportaje es realizado en el marco del proyecto “Workshop and Master Classes” de DIVERGENTES con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y la Embajada de Alemania en Costa Rica.