Régimen Ortega-Murillo perpetró más de cinco mil anomalías durante la farsa electoral municipal

Urnas Abiertas revela que durante la jornada electoral sin competencia se ejecutó violencia política a través de capturas arbitrarias de opositores, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de los centros de votación y asistencia de paramilitares en las juntas receptoras de votos, lo que representa una “estocada mortal” a la democracia en general

Olga Valle, directora del observatorio Urnas Abiertas, durante la presentación del informe. DIVERGENTES

Las votaciones municipales del pasado seis de noviembre, en las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicó el 100% de las municipalidades en el 2023, estuvieron marcadas por al menos unas 5 mil 821 anomalías, irregularidades o violencia política durante la jornada de votación, un alto nivel de abstencionismo, así como la detención de unos 50 opositores, concluyó este miércoles el observatorio Urnas Abiertas.

De acuerdo al organismo multidisciplinario, el total de anomalías detectadas responden a irregularidades en el uso de vehículos del Estado, coacción del voto, indicios de fraude electoral, presencia de votantes de otras localidades en los centros de votación, propaganda electoral en el interior de los mismos, padrón electoral no visibles, así como hechos de violencia en diferentes municipios del país.

Según Urnas Abiertas, la violencia política se manifestó a través de capturas arbitrarias de opositores, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de los centros de votación, control en las carreteras, presencia policial desproporcionada en las principales vías y asistencia de paramilitares en las juntas receptoras de votos.

Olga Valle, directora del observatorio de incidencias políticas, explicó durante la presentación del informe titulado “Nicaragua Observa”, en San José, Costa Rica, que, para presentar estos datos, una red ciudadana de más de 1,700 personas se movilizó el seis de noviembre en Nicaragua en los diferentes centros de votación para corroborar las irregularidades que hubo durante el proceso.

“Las 1,700 personas se movilizaron en 17 departamentos, en 151 de los 153 municipios, solamente en Niquinohomo y Esquipulas no logramos levantar información, pero todo este trabajo nos permitió verificar las anomalías e irregularidades antes mencionadas”, señaló Valle.

Esta red ciudadana también permitió a Urnas Abiertas brindar una aproximación estadística de la participación ciudadana durante el proceso electoral, la cual fijó en un 17.33% y un nivel de abstención del 82.67%, se tomó como muestra un estudio realizado en 366 centros de votación de los 3 mil 106 habilitados a nivel nacional, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

Sin embargo, estos datos estadísticos distan de los presentados en noviembre pasado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, que fijó en un 57.1% la participación y en un 42.9% la abstención.

“Es muy importante decir que esta participación el Frente Sandinista la logra con una estrategia de coacción sin precedentes, lamentablemente el acarreo de votantes no es nuevo. Sin embargo, lo que vimos este año fue la disposición de todo tipo de recursos públicos para que toda la ciudadanía pudiese llegar a ese 17.33% de participación”, expresó Valle.

La experta añadió que, al igual que en años anteriores, el régimen continuó con la práctica de instalar “movilizadores”, que son personas que se encargan de hacer visitas casa a casa previo a las elecciones para conocer quiénes van a votar y así “controlar y coaccionar” a la población.

“Incluso, en muchos municipios estuvieron movilizando a personas en situación de calle para que fueran a votar, también se llevaron a personas de la tercera edad, con discapacidad y, desde los hospitales nos reportaron que dispusieron ambulancias para que los pacientes que estaban medianamente convalecientes pudieran acercarse a los centros de votación”, denunció Valle.

La directora agregó que también hubo soborno con comida y pagos en efectivo para que las personas fueran a votar, especialmente en la Costa Caribe, tanto en el norte como en el sur y en municipios como Sébaco y Río Blanco.

En los centros de votación observados por Urnas Abiertas también se instalaron puestos de control en los que operadores políticos del Frente Sandinista vigilaron y controlaron quiénes llegaron a votar.

En algunos de los centros de votación observados la ciudadanía tuvo inconvenientes por no encontrarse en el padrón electoral donde habían hecho la verificación y los oficiales electorales los enviaban a otro centro más lejano, en algunos casos situados hasta ocho horas de camino. “En otros casos, simplemente no se les permitía ejercer el voto por reconocerlas como opositoras”.

Algunos municipios organizados 

Foto de la elección general de 2021, en la que Ortega y Murillo se perpetuaron en el poder. Archivo de Divergentes.

Aunque las cúpulas de todos los partidos en Nicaragua son considerados colaboracionistas de la dictadura Ortega-Murillo, Urnas Abiertas destacó que las bases de partidos como PLC, ALN y Yatama se organizaron en al menos 13 municipios para defender el voto y tener la administración de su gobierno local. No obstante, estos no fueron apoyados por sus dirigencias nacionales.

“A pesar del no apoyo de los partidos colaboracionistas hay en la organización de base de esos partidos cierto ánimo de pelearla en un terreno que sabían que lo tenían perdido, pero que hubo un mínimo de lucha y resistencia que la oposición no podemos dejar desapercibido”, reflexionó por su parte el analista político Julio Ricardo Hernández.

En zonas como Waspam y Bilwi, en el Caribe Norte de Nicaragua, el régimen sandinista desplegó a un desproporcionado grupo de antimotines ante el levantamiento de grupos opositores del partido Yatama que reclamaron el despojo de las alcaldías que según ellos ganaron en las elecciones pasadas.

En esos lugares se reportó el encarcelamiento de 19 jóvenes que se enfrentaron con las fuerzas policiales durante el contexto electoral. Las autoridades además atacaron con bombas lacrimógenas e instalaron retenes en las principales vías de ambos municipios.

Para Urnas Abiertas lo que se observó en las elecciones municipales fue un “encadenamiento de acciones antidemocráticas de carácter violento y represivo”, que tuvo como objetivo que el FSLN se adjudicara todos los espacios locales, incluso aquellos en los que tradicionalmente participaban algunos partidos políticos colaboracionistas.

El organismo finalizó que los resultados de las elecciones municipales del seis de noviembre propinaron una “mortal estocada” a la democracia en general y al Desarrollo Local y la Autonomía Municipal en particular, y un grave retroceso en los avances que se habían logrado.