La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) prohibir el ingreso de binoculares de visión nocturna a Nicaragua, además de condicionar la entrada de cámaras fotográficas y cinematográficas a los turistas. Deberán solicitar un aval ante la Cinemateca Nacional, dirigida por Idania Castillo, quien es nuera de la pareja presidencial. Para un especialista en el tema, esto podría traducirse en “un mecanismo de censura a periodistas o documentalistas que intenten registrar el clima de opresión que vive el país”.
En un comunicado emitido por la DGA el pasado 16 de enero, el régimen sandinista justificó la prohibición del ingreso de binoculares de visión nocturna aduciendo que es un equipo de “uso privativo” del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, dos instituciones señaladas de reprimir con armas de fuego las protestas antigubernamentales de abril de 2018.
“Cuando el viajero traiga consigo o en su equipaje binoculares de cualquier tipo, la administración o delegación de aduana efectuará coordinación con la Policía Nacional (terminal aérea), para que esta in situ emita a favor del viajero la debida ‘constancia de no regulación’, con la cual sería liberado el ingreso de los binoculares”, detalla la misiva de la DGA.
En un tercer acápite, el documento recalca que, en el caso de que el turista intente ingresar al país con binoculares de visión nocturna, la administración aduanera procederá con la retención de dicha “mercancía”. El documento instruye que con posterioridad el viajero podrá solicitar la devolución del equipo una vez salga del país.
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“Los binoculares que no obtengan la constancia de no regulación por la Policía Nacional y que no sean retirados por el viajero dentro de los tres meses posteriores a la retención, serán remitidos mediante acta de entrega a la autoridad superior de la Policía”, advierte la institución.
Restringe ingreso de cámaras
En el mismo comunicado, la DGA también hace efectiva la restricción de cámaras fotográficas o cinematográficas de televisión, digitales o videocámaras a viajeros que no gestionaron con antelación un “aval”, ante la Cinemateca Nacional, para ingresar este tipo de equipos al país.
“La autoridad aduanera procederá a registrar el ingreso de este tipo de mercancías en el régimen de importaciones temporales con reexportación en el mismo estado del sistema informático aduanero”, detalla la circular.
La institución añade que el viajero solamente puede introducir, como parte de su equipaje, “un aparato fotográfico y un anteojo de larga vista”. Las cantidades superiores a las permitidas, aclara la entidad aduanera, estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicables.
Sin embargo, la fuente fotográfica consultada por DIVERGENTES explica que, más que una medida de recaudación de impuestos aduaneros, el régimen sandinista estaría utilizando esta ley con fines políticos para impedir el trabajo de periodistas o documentalistas.
“Esto ya se hacía… si te fijas citan una ley que fue publicada en el año 2000, lo que pasa es que no siempre la aplicaban. Obviamente en estos tiempos hay mayor interés en esto, incluso para controlar también a los nacionales… Entonces vemos que utilizan leyes que tienen otros propósitos para tomar decisiones políticas”, expone el profesional.
La fuente consultada además refiere que en otros países no se necesita este tipo de procesos para poder ingresar con un equipo fotográfico o cinematográfico. “Con que se vea que el equipo está en uso y explicas que sos fotógrafo o periodista es suficiente”, dice.
En la misiva, la DGA incluso comparte una lista de marcas de equipos fílmicos y fotográficos, desde profesionales hasta aficionados, que son permitidos su ingreso al país.
Estas medidas del Ejecutivo se suman a las adoptadas en octubre del año pasado, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría de diputados sandinistas, aprobó una reforma a la Ley Creadora de la Cinemateca Nacional, que la faculta a fiscalizar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en el país. Es decir, una mordaza para la libertad de expresión y creatividad.
Según los legisladores, la ley busca promover el desarrollo y realización de producciones audiovisuales “que aporten a una cultura de paz, de valores y de respeto”, y fomenten además “la proyección de la imagen país hacia el mundo”.
La ley incorporó un nuevo capítulo en el que se crea un Registro de Actividad Cinematográfica Audiovisual, en el que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la actividad cinematográfica y audiovisual, se deberán inscribir.
Ese ente autónomo podrá prohibir el desarrollo, exhibición pública, comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como en el decomiso de los mismos, en caso que no cumplan con esa ley, de acuerdo con la legislación.