Régimen viola su propia ley de amnistía con captura de líderes campesinos

“Se llama doble persecución: es juzgarte dos veces por los mismos hechos. Eso está prohibido por la ley”, alerta Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos. “La amnistía extingue la acción penal, es decir, no se puede perseguir nuevamente por el mismo delito”, agrega por su parte la jurista Yonarqui Martínez.

Los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, apresados nuevamente por el régimen Ortega-Murillo. EFE.

La noche del lunes cinco de julio fueron secuestrados tres líderes del Movimiento Campesino: Freddy Navas, Pedro Mena y Medardo Mairena, este último uno de los aspirantes opositores a la presidencia. Los tres ya habían estado presos y condenados anteriormente, y luego fueron puestos en libertad bajo la Ley de Amnistía, aprobada en junio del 2019. Así que la disposición de la policía de revivir los delitos borrados por la misma amnistía del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene cabida legal, según abogados. 

El régimen Ortega- Murillo acusa nuevamente a estos tres líderes campesinos de los mismos crímenes que fueron enjuiciados a inicios de 2019, agregando la aplicación de la Ley 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. 

La nota de prensa publicada la madrugada de este martes por la Policía Nacional informa que Medardo Mairena Sequeira, Pedro Joaquín Mena Amador y Freddy Alberto Navas López son “cabecillas del asesinato de cuatro compañeros policías y ciudadanos civiles, secuestro y lesiones de 12 compañeros policías en el municipio de Morrito, departamento de Río San Juan”. La comunicación también agrega: “y de los tranques de la muerte en los departamentos de Chontales, Boaco, Río San Juan y Zelaya Central, donde cometieron delitos de homicidios, robo con intimidación (asaltos), secuestros, extorsiones, violaciones, destrucción y daños múltiples durante el fallido intento de Golpe de Estado en el año 2018”. 

La abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, expone que la nota de prensa de la Policía Nacional no es clara, ya que mencionan primero los delitos por los que ya fueron procesados en el pasado los campesinos, pero no dicen que serán juzgados por esos delitos. “La amnistía extingue la acción penal, es decir, no se puede perseguir nuevamente por el mismo delito”, enfatizó la jurista. 

Por lo tanto, la abogada Martínez asegura que la policía, “al hacer esa mención, violenta el derecho que tiene todo nicaragüense de no ser juzgado por el mismo delito”. “Y la policía lo trae a correlación”, insistió. También sostiene que “si les van aplicar la ley 1055, ellos no tienen la necesidad de traer remembranza o de traer antecedentes a quienes fueron en su momento amnistiados”. 

Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, afirma que la nota de prensa de la policía, “desde la lógica perversa de la dictadura, tiene el propósito de descalificación de todos los detenidos”. “Los ponen como asesinos, de estigma, por el tipo de calificaciones y de deshumanizar a la persona… también para pretender legitimar el abuso de poder desde la captura”, sostiene el defensor de derechos humanos. 

“A eso se le llama doble persecución: es juzgarte dos veces por los mismos hechos. Eso está prohibido por la ley”. Asimismo, Carrión señala que “es una cosa tan arbitraria, ilegal y violatoria a sus derechos humanos porque también violentan la presunción de inocencia”.

Desalojan violentamente a CPDH

La Policía Nacional no permite que nadie se acerque al Complejo Policial Evaristo Vásquez, lugar donde se encuentran los últimos presos políticos. EFE/ Jorge Torres.

En horas de la mañana, una delegación de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) se presentaron al Complejo Policial Evaristo Vásquez –conocido como el “Nuevo Chipote”– para poder hacer el acompañamiento y la asesoría legal de los nuevos detenidos. Sin embargo, la Policía Nacional no les permitió acercarse al lugar, no les brindaron información y fueron desalojados agresivamente. 

En un comunicado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, en el que condenan los “continuos secuestros y noches de terror”, menciona nuevamente que las detenciones de anoche, al igual que la de todas las personas presas políticas tienen en común la inconstitucionalidad, porque de acuerdo al artículo 33 constitucional las personas solo pueden ser detenidas en flagrante delito o con orden de autoridad competente. 

“Ninguna disposición constitucional autoriza allanamientos y capturas en horas de la noche para someter a una investigación por 90 días, con audiencias secretas y para mantener a las personas en aislamiento sin comunicación con sus familiares y su defensa, en consecuencia se trata de verdaderos secuestros que violentan todos sus derechos humanos”, reclama el organismo defensor de derechos humanos. 

“Todas las detenciones arbitrarias o secuestros violentan los derechos civiles y políticos: la libertad, presunción de inocencia, seguridad e integridad personal, a ser oídos, asistidos por abogados de su elección y a ser presentados en audiencia oral y pública, entre otros. Actualmente hay más de 140 personas presas políticas y para todas ellas exigimos la inmediata libertad”, finaliza el comunicado. 

El contexto

El 13 de julio de 2018, Mairena trató de viajar a Miami junto a Pedro Mena, otro líder del Movimiento Campesino cuando agentes de Migración los retuvieron y entregaron a la Policía Nacional. “Nosotros siempre preguntamos que por qué, para dónde nos llevaban, qué nos iban a hacer, [nos decían] que nos íbamos a dar cuenta después, tratándonos con ofensas y golpes”, recuerda el líder campesino en una entrevista a Connectas. Ese mismo día fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial.

A Mairena y Mena los condenaron por el asesinato de cuatro policías y un profesor durante el supuesto ataque contra una delegación policial de Morrito, Río San Juan, aunque los condenados no estaban en el lugar, porque participaban en una marcha en Managua. Mairena fue condenado a 216 años y tres meses de cárcel que le impuso el juez orteguista Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.

El judicial también condenó al campesino Pedro Mena Amador a 210 años y tres meses de prisión; y a Luis Pineda Icabalceta, a 59 años y tres meses de prisión por terrorismo, crimen organizado y otros delitos por hechos ocurridos en Morrito, Río San Juan. 

En cambio, Freddy Navas fue detenido el 17 de noviembre de 2018, por la Policía Nacional cuando descubrieron la ubicación de la casa de seguridad donde se encontraba en el Anexo de Villa Libertad en Managua. Los delitos por los que lo acusaron fueron terrorismo, crimen organizado, financiamiento al terrorismo, asesinato, secuestro simple, robo agravado, lesiones leves, portación o tenencia ilegal de armas de fuego.

Según una nota de uno de los medios oficialistas, el jueves 12 de julio de 2018, “a las 2:30 de la tarde grupos de terroristas que mantienen tranques en el empalme de Morrito, departamento de Río San Juan y empalme de Lóvago, en el departamento de Chontales, agredieron la estación policial quitándole la vida a cuatro policías y un maestro de educación primaria”.

Los cuatro oficiales asesinados fueron el Comisionado Luis Emilio Busto López; sub oficial mayor Marlon José López; sub oficial Lenín Ernesto Olivas Alanís y el policía Faustino Téllez Vargas. La acusación también detalla que secuestraron a nueve policías “a quienes trasladaron al tranque que tienen en el empalme de Lóvago”.

El medio oficialista, El 19 digital, también aseguró que atacaron la alcaldía de Morrito provocando heridas graves con armas de fuego a cinco trabajadores de la municipalidad, falleciendo el profesor Marvin Ugarte a consecuencia de los disparos. El profesor Ugarte se desempeñaba como maestro de primaria en una escuela del municipio de Morrito.