La condena de Bayardo Arce y su asistente, Ricardo Bonilla Castañeda, por los delitos de lavado de dinero y defraudación al Estado de Nicaragua, fue una concesión de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al Gobierno del presidente Donald Trump, sin que estos se la solicitaran, confirmaron a DIVERGENTES tres fuentes cercanas a los aparatos de seguridad de la dictadura sandinista.
Según la información compartida y contrastada por este medio de comunicación, esta concesión a Estados Unidos se decidió luego que el Gobierno estadounidense arrestara al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y posteriormente escalara la presión política y económica en contra del régimen castrista de Cuba.
“Nicaragua (el régimen) era o es el tercero en la lista. Antes de que (nos) toque, decidieron adelantarse con un gesto que ‘lava’ la cara y sobre todo, demuestra apertura frente a una posible negociación, tal y como está ocurriendo con Venezuela y Cuba. Fue una movida promovida para ‘mantener la paz’ en el país”, confió una de las fuentes informadas del tema a DIVERGENTES.
El mayor lavador de dinero en la historia de Nicaragua
El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada norteamericana en Managua no se han pronunciado sobre la acusación por lavado de dinero en contra de Arce, quien es cercano a Ortega y su asesor económico, y que además en los años 80 del siglo pasado fue parte de la Dirección General durante la primera dictadura del Frente Sandinista.
Fuentes vinculadas al Gobierno estadounidense confiaron a DIVERGENTES bajo condición de anonimato, que autoridades de la administración Trump están “siguiendo” la situación de Arce, pero “más que por un asunto o interés político”, por lo llamativo de la acusación en contra del asesor económico en lo referente al entramado de sociedades y el monto del dinero defraudado.
Según el comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), Arce y su asistente ejecutivo, lideraron una operación financiera compleja y prolongada “orientada a integrar capitales ilícitos que los acusados produjeron hasta por USD$2,713,583,217 y C$82,344,806,790, configurando de manera plena el tipo penal de Lavado de Activos en perjuicio del Estado”.
Un entramado ilícito controlado por cuatro personas
Además, se les acusó de crear 49 sociedades, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos provenientes de la evasión fiscal sistémica. Mientras, para el lavado de dinero utilizaron la estratificación mediante préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
La Procuraduría General de Justicia orteguista también señaló como coautores de estos ilícitos a la esposa de Arce y su cuñado, Amelia Ybarra y Amílcar Manuel Ybarra, quienes desde diciembre huyeron de Nicaragua.
La suma combinada del monto en dólares y la conversión al cambio oficial de los córdobas establecidos en el documento de la Procuraduría, arrojan como resultado exactamente 4 951 864 640.95 dólares, en supuesto perjuicio del Estado.
“El monto de esa acusación contra Bayardo Arce supera incluso la acusación hecha por el Gobierno de Estados Unidos en la Florida en contra de Alex Saab, (empresario colombiano señalado de ser el testaferro de Nicolas Maduro)”, indicó la fuente.
Saab enfrentó cargos por lavado de dinero en perjuicio de Estados Unidos por un monto aproximado de 350 millones de dólares. Su proceso fue desestimado luego que el Gobierno del demócrata Joe Biden acordara un intercambio de prisioneros con el régimen de Maduro.
“Secuestro” de Arce facilitó la decisión del “sacrificio”
De acuerdo a la información compartida por las fuentes sandinistas con DIVERGENTES, el hecho que Arce estuviera detenido y sin un proceso judicial firme, favoreció la decisión de achacarle los delitos mencionados, apostando a que su figura de peso dentro del sandinismo, aportaría credibilidad al momento de un eventual futuro cuestionamiento de Estados Unidos.
“Fue un sacrificio. Estados Unidos tiene en sus archivos a figuras del régimen, además de Arce, señaladas de lavado de activos y corrupción. A muchos el monto que se le atribuye al comandante les parece exageración, pero hasta esa cifra tiene una intencionalidad”, explicó una de las fuentes.
El momento escogido por la dictadura Murillo-Ortega para ejecutar el sacrificio de Arce fue luego que familiares del asesor económico denunciaran lo que calificaron como “secuestro”, su aislamiento en prisión y el temor por su vida debido a un supuesto deterioro de salud.
Daniel M. Rico, criminólogo colombiano en lavado de activos y narcotráfico, dijo a DIVERGENTES que el señalamiento oficial en contra de Arce carece de precisión técnica básica, y aunque se trata de “mucho dinero”, los montos de ese calibre solo podrían resultar posible en economías criminales de gran escala.
Un guiño a un posible diálogo con Estados Unidos
Sin embargo, las tres fuentes vinculadas a la dictadura sandinista, argumentaron que si bien Arce estuvo involucrado en todos los delitos que se le atribuyen, el monto que se menciona no necesariamente corresponde únicamente a sus intereses, sino al de otros dentro del mismo régimen sandinista. Es decir, la cifra de dinero sucio, aunque parezca exagerada, tendría sentido si corresponde a varios sujetos, o a un grupo que desde hace muchos años ha acumulado dinero y poder sin medida gracias a la rampante corrupción en el régimen Ortega-Murillo.
“Es un guiño al diálogo. Y una ‘prueba contundente’ frente a cualquier acusación de parte de Estados Unidos. Si preguntan ‘¿hay corrupción en Nicaragua?’. Se responderá: ‘hubo y Arce y su grupo son los personajes detrás del delito’. Ya hubo un juicio y parte de su séquito huyó”, complementó otra de las fuentes consultadas por DIVERGENTES.
Esta última agregó que el desmantelamiento de Arce es una muestra de cómo se lava dinero y se desvían fondos en Nicaragua: sociedades de papel, préstamos ficticios y transferencias internacionales a paraísos fiscales.
El poroso “muro de contención”
Economistas y especialistas explicaron que la acusación de la dictadura sandinista deja al descubierto que Nicaragua no es un “muro de contención” al lavado de dinero y el narcotráfico, como aseguran los aparatos de seguridad orteguistas.
“¿No es que la dictadura sandinista se precia de tener mecanismos de control y de adoptar las recomendaciones técnicas del GAFI y del GAFILAT para la prevención y la sanción de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Cómo esta persona estuvo moviendo una cantidad de dinero desde hace tiempo? El hecho de que esto aparezca hoy, que se destape recientemente, y que hoy se le declare culpable, simple y sencillamente es una maniobra política. En términos políticos, podemos concluir que lo están fusilando políticamente. No porque yo piense que no ha lavado activos. Eso no lo descarto. Sino que la intención ahora es política”, cuestionó el economista Marco Aurelio Peña.
Los casi 5000 millones de dólares que la Procuraduría atribuye a Arce en presunto lavado de activos, casi alcanza el monto global de la cooperación venezolana vertida a Nicaragua durante más de una década bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Según investigaciones periodísticas y datos disponibles, entre los años 2007 y 2018, Venezuela habría entregado más de 5057.8 millones de dólares al régimen Ortega-Murillo para financiar proyectos políticos, petroleros y de cooperación económica.