La persecución religiosa que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica y evangélica, ha escalado a formas de represión cada vez más violentas y restrictivas, debido a su capacidad autónoma de congregar y movilizar a la población, expone Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), durante el evento paralelo Violaciones y abusos contra miembros de la Iglesia en Nicaragua, realizado en Ginebra, Suiza.
Peralta señala que el objetivo del régimen Ortega-Murillo es atacar a cualquier grupo que tenga capacidad de movilización social, y los grupos religiosos representan una de las pocas expresiones en Nicaragua que todavía tienen la competencia para hacerlo. Por esta razón, el último informe del Ghren fue enfocado en este sector de la población.
“(Ortega y Murillo) intentan ganar la calle y que la calle no sea un lugar en el que se pueda escuchar mensajes que sean contraproducentes para el Gobierno (…). Se trata de la restricción absoluta de derechos de estas personas y de estos colectivos”, expresa.
El segundo informe del Ghren determinó que la dictadura Ortega-Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018 hasta la actualidad.
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En el mismo, el Grupo expuso que los ataques gubernamentales se deben a que la Iglesia es vista como una potencial amenaza al control total que el régimen pretende tener sobre todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
Jean Michael Simon, quien preside el Ghren, manifiesta que otros grupos que tienen esta capacidad de movilización ciudadana son los pueblos indígenas y afrodescendientes, por lo que la Iglesia Morava, a la que pertenece una gran parte de las comunidades indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua, también ha sido objeto de ataques en los últimos meses.
“Los retos para el futuro son resistir. Nuestro mandato es ayudar a esos grupos a resistir ante un Gobierno que viola derechos flagrantemente”, manifiesta Simon.
Los expertos destacan que la motivación de la persecución contra la Iglesia católica y otros grupos cristianos es estrictamente política, y no religiosa. Por otro lado, las violaciones no se centran únicamente en el impedimento a la libertad de religión, sino a toda una categoría de derechos civiles y políticos que van desde el derecho a la asociación, la libertad de expresión, la libre circulación, a la nacionalidad y las garantías judiciales, entre otras.
Además, también se ha reportado una represión transfronteriza contra religiosos, pastores y laicos, es decir que los ataques contra estas personas continuan a pesar que estén en el exilio. Y la represión se ha extendido contra sus familias y personas cercanas.
Durante el evento producido en el marco del 57° período de sesiones de Naciones Unidas, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más solicitó la renovación del mandato del Ghren, que culminaría en marzo de 2025.
Represión contra la Iglesia ha sido sin precedentes
La investigadora de temas religiosos, Martha Patricia Molina, en su estudio Nicaragua, una Iglesia Perseguida, documenta más de 970 ataques contra la Iglesia católica y evangélica desde 2018, hasta julio de 2024.
Al menos 870 agresiones han sido contra la Iglesia católica y más de 100 contra la Iglesia evangélica. Sin embargo, el reporte reitera que constantemente se documentan más agresiones.
Entre las formas de ataque generalizadas se encuentran el cierre de universidades, institutos, proyectos y obras sociales de índole religiosos, robo de bienes inmuebles, congelamiento de cuentas bancarias, particulares e institucionales, cierre de medios de comunicación y de organizaciones sin fines de lucro de corte cristianos.
Hasta la fecha, 1265 organizaciones religiosas han sido despojadas de su personería jurídica, y 19 edificios de estas organizaciones han sido confiscadas. “Debido al número de organizaciones cerradas, la cifra de confiscaciones de edificios aumentará de manera estrepitosa”, expone.
Molina también destacó que existen expulsiones sistemáticas de personas religiosas y laicas fuera del país por su participación en actividades cristianas. Su investigación contabiliza a 260 religiosas y religiosos exiliados, obligados a dejar su misión pastoral en Nicaragua en el contexto de la persecución religiosa de la dictadura. Muchas de estas personas son ahora desnacionalizadas.
El pasado 5 de septiembre, el régimen Ortega-Murillo desterró a 135 personas presas políticas a Guatemala, que también fueron desnacionalizadas. De estas, al menos 11 eran pastores evangélicos.
Mientras tanto, al menos 11 congregaciones religiosas han sido expulsadas de Nicaragua, y las que quedan, junto con las diócesis, son permanentemente vigiladas por paramilitares.
Iglesia Morava, el último grupo religioso bajo ataque
La Iglesia Morava, la principal institución religiosa a la que pertenecen diferentes grupos indígenas de la Costa Caribe, ha sido una de las últimas en ser agredidas por la dictadura. El pasado 29 de agosto fue despojada de su personería jurídica y varios de sus pastores han tenido que exiliarse.
El pastor miskito Francisco Alvicio Watson destaca que más de 108 000 personas de la Costa Caribe son miembros activos de la Iglesia Morava, y más de 350 000 son colaboradoras. Además, se trata de la Iglesia más antigua del Caribe, cuya llegada se registra desde el 14 de marzo de 1849.
“La Iglesia Morava forma parte de la cosmovisión de mi pueblo y ha aportado a la construcción del espíritu de resistencia que caracteriza a mi pueblo. En el régimen actual, no solo pretenden arrebatar nuestras riquezas, sino también la cosmovisión ligada a la Iglesia Morava. Con esta acción, el régimen pretende controlar todos los espacios de nuestras vidas”, expresó Watson, quien también se encuentra fuera de Nicaragua.
Miembros de esta Iglesia se encuentran en incertidumbre después de esta cancelación, ya que no saben si sus templos serán confiscados y si tienen el derecho de reunirse a profesar su fe.