En los últimos cinco años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado el control migratorio para castigar opositores, activistas, defensores de derechos humanos, religiosos y exiliados nicaragüenses. Miles de sus ciudadanos han sido impedidos de regresar a su país, expulsados de manera arbitraria o sometidos a prohibiciones de ingreso sin explicaciones oficiales.
Sin embargo, dos casos recientes revelan que el alcance de esa práctica ya no se limita a ciudadanos nicaragüenses. En menos de dos meses, las autoridades nicaragüenses impidieron el ingreso de dos costarricenses que buscaban ejercer derechos legítimos dentro del país.
Se trata de Joseph Rivera, abogado de la familia de la joven Junieysis Merlo, víctima de femicidio en ese país en abril de 2026. El otro es Esteban Gamboa, un padre que intenta reunirse con su hija de cinco años desde 2023.
Para Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, la situación refleja cómo las restricciones migratorias aplicadas por el régimen pueden trascender y convertirse en mecanismos que violan y limitan derechos fundamentales de nacionales y extranjeros.
Un padre frente a una frontera cerrada
Tal es el caso de Gamboa, un padre tico que lleva más de tres años intentando mantener contacto con su hija, quien fue trasladada por su madre nicaragüense a Nicaragua en 2023 sin su autorización y que hoy tiene cinco años.
La menor nació en Costa Rica y posee ambas nacionalidades. Desde su salida del país, Gamboa emprendió una batalla legal que lo llevó a recurrir al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a la Fiscalía, a la Cancillería costarricense y a diversos mecanismos internacionales de cooperación en un intento por restablecer el vínculo con la niña.
El padre promovió un proceso de restitución internacional bajo el Convenio de La Haya. Sin embargo, los tribunales nicaragüenses resolvieron en 2024 que la menor debía permanecer en Nicaragua junto a su madre, pese a que ella llevó a la niña a su país de origen sin autorización del padre.
Esta decisión cerró una de las principales vías legales para recuperar la custodia o lograr el retorno de la niña a Costa Rica. Sin embargo, Gamboa continuó buscando mecanismos para mantener contacto con su hija. En dos ocasiones logró ingresar a Nicaragua para participar en trámites y diligencias relacionadas con el caso, pero en ninguna pudo verla.
El costarricense relató a DIVERGENTES que cuando intentó regresar por tercera vez, en abril de 2026, las autoridades migratorias nicaragüenses le impidieron el ingreso, cerrando también la posibilidad de continuar sus gestiones de forma presencial.
Durante estos años, Gamboa emprendió una campaña pública para visibilizar el caso. Denunció la situación de su hija en redes sociales, ha dado entrevistas a medios costarricenses y ha compartido su historia con medios independientes nicaragüenses en un intento por presionar a las autoridades y mantener vigente la búsqueda de respuestas.
Según este padre, fueron precisamente esas publicaciones y denuncias las que funcionarios migratorios le señalaron cuando le comunicaron que no podía ingresar nuevamente a Nicaragua. “Me dijeron que había hecho publicaciones sobre Nicaragua y que ellos no podían dejarme entrar. Me dijeron que estoy vetado de por vida”, asegura.
La niña bajo jurisdicción de Nicaragua
De acuerdo con el expediente judicial presentado por Gamboa a este medio, Nicaragua asumió jurisdicción sobre la situación de la niña cuando resolvió el proceso de restitución internacional. Sin embargo, las gestiones posteriores para garantizar la relación entre la niña y su padre han sido bloqueadas.
El PANI confirmó a DIVERGENTES que el proceso, inicialmente tratado por las autoridades costarricenses como sustracción internacional de la menor, concluyó una vez que los tribunales nicaragüenses resolvieron que la niña permaneciera en ese país.
La institución indicó que posteriormente el padre solicitó un proceso de visitas internacionales. Sin embargo, explicó que su ejecución se ha dificultado porque actualmente se desconoce la ubicación actual de la niña.
Según el PANI, toda la información aportada por Gamboa fue remitida al Ministerio de la Familia de Nicaragua (MIFAM), autoridad central competente para estos procesos. “En varias ocasiones desde PANI, como Autoridad Central, ha solicitado información actualizada a MIFAM sobre el caso de la niña. Se le ha solicitado a la Autoridad Central de Nicaragua, interponer acciones a nivel policial, INTERPOL, salud y con educación”, confirmó la institución costarricense a este medio.
Mientras tanto, el OIJ aclaró a DIVERGENTES que la menor no figura como desaparecida y que existe una investigación abierta relacionada con el caso, aunque se abstuvo de brindar más detalles por tratarse de un expediente en curso.
Este medio contactó vía telefónica a Denis Gámez, hermano de Noelia Romero Gámez, madre de la niña, para solicitar su versión sobre el caso. Sin embargo, aseguró que la familia no mantiene comunicación con ella.
“Todo este proceso ha sido difícil para la familia. Mi hermana agarró sus cosas y la niña y no se ha comunicado con nadie. Ni siquiera sabemos de su paradero”, dijo Gámez a este medio.
Cuando la arbitrariedad afecta derechos
Para el abogado y defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, el caso no puede analizarse únicamente como una disputa familiar.
“Estamos ante un conflicto legal con implicaciones directas para los Estados y en donde se desprenden posibles violaciones de derechos humanos para todas las partes, especialmente la niña que tiene derecho a la relación familiar tanto con su madre como con su padre, así como derecho a que se priorice su bienestar”, afirma.
Arce recuerda que las relaciones familiares pueden ser limitadas o restringidas cuando así lo exija el interés superior del niño o la niña. Sin embargo, advierte que cualquier decisión de este tipo debe adoptarse dentro de un debido proceso y con fundamentos jurídicos claros. Desde esa perspectiva, considera especialmente preocupante la decisión de impedir el ingreso del padre a Nicaragua.
“El Gobierno de Nicaragua al no permitir al padre de la niña su ingreso al país, sin dar explicaciones jurídico-técnicas de esta decisión, viola su derecho de acceso a la justicia, su derecho a establecer una relación con su hija menor y a su vez el derecho de la niña a tener una relación con su padre”, sostiene.
Para el especialista, la medida trasciende una simple decisión migratoria, porque afecta directamente la posibilidad que el padre participe en procesos judiciales relacionados con la menor y ejerza derechos reconocidos por instrumentos internacionales de protección de la niñez.
El segundo caso en pocas semanas
La situación de Gamboa no es el único caso reciente en que una decisión migratoria del régimen ha afectado a ciudadanos extranjeros vinculados a procesos judiciales.
En mayo de 2026, Nicaragua también negó el ingreso al abogado costarricense Joseph Rivera, representante legal de la familia de Junieysis Merlo, la joven nicaragüense asesinada en Costa Rica.
Rivera tenía previsto reunirse con familiares de la víctima para gestionar documentación, firmas y otros trámites relacionados con el proceso judicial por femicidio y con la custodia de las hijas de la joven.
Según explicó entonces a DIVERGENTES, el bloqueo afectó directamente el acompañamiento legal que pretendía brindar a la familia dentro de Nicaragua, como parte de los primeros pasos del proceso judicial.
El abogado atribuyó la medida a su trayectoria en derechos humanos, su participación ante organismos internacionales y sus posicionamientos públicos críticos frente a regímenes autoritarios.
En ese sentido, para Arce, ambos casos reflejan un mismo patrón y señala que las restricciones migratorias aplicadas por el régimen están generando efectos que van mucho más allá del control de fronteras.
La justicia condicionada
Arce considera que el caso de Esteban Gamboa evidencia el deterioro institucional que vive Nicaragua.
“Este caso nos muestra una vez más la ruina institucional expresada en el manejo discrecional y con altos niveles de arbitrariedad por parte de las autoridades nicaragüenses”, afirma.
“La justicia que debe ser para todos y ejercida en igualdad de derechos, en la práctica está condicionada a la voluntad del régimen y de sus funcionarios, lo que hace cuestionables sus resultados”, agrega.
Según el abogado, si Nicaragua decidió asumir jurisdicción sobre la niña y resolver sobre su permanencia en territorio nicaragüense, también asumió responsabilidades respecto a la protección de sus derechos.
Entre ellos, el derecho a mantener relaciones familiares con ambos progenitores siempre que no exista una resolución judicial que disponga lo contrario.
“Al señor Gamboa se le debió permitir su ingreso para garantizar el legítimo ejercicio de sus demandas”, sostiene.
Cuando la represión alcanza a extranjeros
¿Qué ocurre cuando un Estado utiliza decisiones discrecionales para impedir que una persona acceda a los tribunales, mantenga contacto con su familia o participe en procesos que afectan directamente sus derechos? Para Arce, la respuesta tiene implicaciones que trascienden este caso.
Cuando el ejercicio de derechos depende de la voluntad de funcionarios y no de garantías jurídicas, advierte, las fronteras dejan de ser mecanismos de control migratorio y se convierten en instrumentos de restricción de derechos humanos.
Y esa realidad ya no afecta únicamente a los nicaragüenses. También alcanza a quienes, desde fuera del país, intentan reclamar justicia frente a un régimen cada vez más cerrado, opaco y arbitrario.