La restricción de comercialización de artículos y servicios de defensa impuestas por Estados Unidos a Nicaragua este jueves, es una nueva medida de presión que limita el acceso a tecnologías estadounidenses y puede disuadir a otros países a replicar esta acciones con el régimen de Nicaragua, advirtieron analistas consultados por DIVERGENTES.
Manuel Orozco, del reconocido centro de pensamiento Diálogo Interamericano, considera que el primer impacto es de tipo reputacional y comercial, “porque restringe adquirir armas y equipos manufacturados en Estados Unidos y disuade a los comerciantes a no lidiar con Nicaragua”.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una actualización de la política de comercio de materiales de defensa con respecto a Nicaragua, que se basan en las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR).
La medida forma parte de una serie de acciones diplomáticas y económicas que Estados Unidos ha tomado para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para presionarlos a poner fin al estado de represión y violaciones a los derechos humanos que se vive en Nicaragua.
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“Los Estados Unidos siguen profundamente preocupados por la continua y brutal represión del gobierno Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua, que incluye las recientes elecciones fraudulentas en la Costa Caribe”, señaló Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.
“Trasnacionales pensarán dos veces hacer negocios con Nicaragua”
Para el exsecretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua (entre 2002 y 2006), Félix Maradiaga, esta medida aumenta la presión económica y política sobre el régimen de Ortega-Murillo, al limitar el acceso a equipos y tecnología de defensa estadounidense.
“Esto debería ser de gran preocupación para el régimen, ya que muchas compañías transnacionales que hacen negocios con Estados Unidos tendrán que pensar dos veces antes de hacer transacciones con Nicaragua”, expresó.
Las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua se han deteriorado significativamente en los últimos años debido a la deriva autoritaria del gobierno de Ortega. En varias ocasiones, Estados Unidos ha impuesto sanciones a funcionarios nicaragüenses y entidades estatales por su participación en la represión contra las protestas antigubernamentales.
Últimos golpes al régimen
En las últimas semanas se han dado a conocer medidas que podrían estrechar más el margen de maniobra internacional al régimen. El 16 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visado a más de un centenar de funcionarios locales nicaragüenses asociados con el sandinismo.
Según Washington, los sancionados están “involucrados en los implacables ataques del gobierno de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”.
El pasado 6 de marzo, la nueva presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, anunció que esta institución frenará los préstamos para Nicaragua, después que buena parte de la cartera de esa entidad financiera ha estado concentrada en desembolsar millones de dólares al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sánchez resaltó que “se vienen frenos” para los fondos hacia Nicaragua y El Salvador para “dar más balance a la cartera” y corregir rumbos de la administración anterior.
Dos días después, el 8 de marzo, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) rescindió el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas Bosawás y Río San Juan”. Este proyecto representaba un desembolso de 116.6 millones de dólares a la dictadura.
El 90% de las compras de armas es con Rusia
Sobre la restricción de comercialización de armas, el analista Manuel Orozco considera que “al Ejército no le va a sentar bien, en todo caso es una mala noticia a pesar que dependan del equipo ruso, porque esto lo aísla aún más entre los vendedores”.
Según el último informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de Nicaragua se hace en un 90% con Rusia y menos del 5% con Estados Unidos.
Sin embargo, Orozco resalta que la Policía compra pertrechos en Estados Unidos. “El equipo policial de Nicaragua incluye armas americanas en mayor proporción”, agrega Orozco.
Mensaje al Ejército
Para Félix Maradiaga, el impacto de esta sanción “es un mensaje no solo para la Policía Nacional, sino también, para el Ejército de Nicaragua”. Según Maradiaga, esta medida “coloca al Estado de Nicaragua y a la dictadura sandinista de los Ortega Murillo en una categoría de regímenes que, de cierta forma, Estados Unidos considera una amenaza”.
El ambientalista nicaragüense y exiliado político, Amaru Ruíz, destacó que esta acción era una “deuda histórica” de Estados Unidos por la masacre perpetrada por el régimen durante las protestas de 2018. Ruíz considera que a pesar de que las importaciones de armas desde Estados Unidos iban a la baja, este era uno de los mercados donde se abastecía Nicaragua.
Maradiaga resalta que esta decisión puede impactar en los países aliados de Estados Unidos: “Otras naciones pueden seguir el ejemplo de imponer sanciones similares, aumentando el aislamiento de Ortega”.
El exfuncionario de Defensa señala que Estados Unidos parece estar anticipando mecanismos de presión al Ejército de Nicaragua para mermar su capacidad futura de adentrarse en una carrera armamentista. Pese a que Maradiaga considera que esta es una medida de presión diplomática y económica contra el régimen Ortega-Murillo, “si no está acompañada de una necesaria sanción al Ejército, terminará siendo una acción diplomática sin trascendencia”.