Lo que comenzó hace más de una década como un conflicto ambiental localizado en la zona norte de Costa Rica, hoy es una de las crisis fronterizas y geopolíticas más complejas de Centroamérica. La extracción ilegal de oro en la finca Crucitas, en el cantón de San Carlos, ha desbordado la capacidad de respuesta policial costarricense, transformándose en un ecosistema criminal transnacional que opera con fluidez hacia Nicaragua y que ahora busca resolverse en los despachos de Washington.
El impacto económico es monumental. Según estimaciones del propio Gobierno costarricense, el Estado pierde aproximadamente 121 mil millones de colones anuales (unos 252 millones de dólares) debido a la fuga de este recurso. Sin embargo, el problema central ya no es solo quién saca el oro, sino hacia dónde va y quién lo compra.
Para entender por qué los operativos locales en Costa Rica fracasan repetidamente, es necesario observar el modus operandi de los mineros ilegales, conocidos en el país coligalleros. La dinámica ha evolucionado: ya no solo extraen pequeñas pepitas in situ, sino que están robando “la tierra a granel”, como han denunciado autoridades ticas.
Toneladas de sedimento cargado de material aurífero son extraídas en territorio costarricense y trasladadas a través de la porosa frontera hacia el río San Juan, de soberanía nicaragüense. Una vez allí, el material es llevado a campamentos clandestinos, muchos de ellos ubicados dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz en Nicaragua.
La ruta del río San Juan: así opera el saqueo
Es en territorio nicaragüense donde ocurre el procesamiento pesado. Utilizando cianuro y mercurio —químicos altamente tóxicos—, las redes criminales separan el oro de la tierra, evadiendo los controles ambientales y policiales de Costa Rica.
Este modelo de negocio transfronterizo hace que las capturas individuales de mineros artesanales en Crucitas sean insuficientes para desmantelar la red logística y de financiamiento que opera desde el país vecino.
Un reporte especial publicado por DIVERGENTES reveló que entre 2017 y 2019 fueron exportadas desde Costa Rica más de 2500 toneladas de oro, a pesar de que la minería a gran escala está prohibida desde 2010.
Documentos judiciales y testigos detallaron cómo la multinacional canadiense Infinito Gold entregó coordenadas exactas en los cerros donde había detectado. Desde entonces, miles de mineros ilegales invadieron las fincas, lavaron la tierra superficial y sacaron la piedra fracturada, hacia sitios clandestinos para extraer el metal a gran escala.
Estas invasiones de colonos y mineros artesanales son promovidas por las estructuras políticas del Frente Sandinista, con el aval del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como constató una investigación de DIVERGENTES.
En las últimas dos décadas, según Global Forest Watch, Nicaragua ha perdido el 22% de sus bosques y, de acuerdo a Naciones Unidas, tiene la tasa de deforestación más alta de Centroamérica. En su última actualización, Nicaragua está entre los díez países con más deforestación en América Latina. El 78% de la pérdida ocurrió en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, con 74 000 hectáreas afectadas.
El SOS de Seguridad Nacional de Costa Rica y la respuesta de Managua
La asimetría de fuerzas en la frontera norte de Costa Rica ha llevado a San José a un punto crítico. El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, reconoció recientemente que la Fuerza Pública está desbordada y solicitó oficialmente la intervención de la Cancillería.
“Se están robando la tierra de los costarricenses a granel. Lo que era el Cerro Las Conchuditas ha sido casi desaparecido, hay una técnica ahora que se suma a las precedentes que es simplemente llenar sacos con tierra, sacarlos de Costa Rica y venderlos a Nicaragua», denunció el ministro tico.
Al carecer de Ejército, Costa Rica depende de la diplomacia para presionar a un Estado totalitario y bajo un constante represión como la Nicaragua bajo la bota de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo.
Tras las quejas formales enviadas por San José al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, exigiendo frenar el flujo ilegal y desmantelar las mafias de su lado de la frontera, Managua realizó un movimiento táctico.
El Ejército de Nicaragua anunció en las últimas horas la detención de 16 personas vinculadas a estas redes. Sin embargo, analistas y organizaciones ambientales dudan de que estas capturas representen un golpe estructural a un negocio que, según denuncias previas, cuenta con la tolerancia y complicidad de autoridades locales nicaragüenses.
Sin embargo, el 11 de febrero de 2026, el régimen sandinista otorgó más funciones y poder Procuraduría General de Justicia al transferir la Dirección General de Minas (DGM) —una entidad clave en la administración del sector minero nicaragüense y sancionada por Estados Unidos desde octubre de 2022—, que hasta ahora estaba bajo la tutela del Ministerio de Energía y Minas.
La iniciativa, aprobada sin debate por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, refuerza el papel de la Procuraduría como uno de los principales órganos de control de la dictadura.
Este miércoles se informó que Zamora, y el canciller, Arnoldo André Tinoco, se reunirán el sábado 28 de febrero en la zona fronteriza con autoridades de seguridad y defensa de Nicaragua, para abordar esta crisis.
La carta de Washington
Ante la ineficacia de los canales bilaterales habituales, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, han decidido internacionalizar la crisis. La estrategia apunta directamente a la Casa Blanca, concretamente con la denuncia de la delegación costarricense del saqueo de Crucitas ante la administración de Donald Trump.
Chaves anunció que junto a la presidenta viajará a Estados Unidos tras una invitación realizada por el magnate republicano para participar en una reunión con un grupo reducido de mandatarios latinoamericanos en Florida, donde se discutirá un plan denominado “El Escudo de las Américas”.
“Yo voy a llevar el tema de la minería ilegal (…) el presidente Trump nos hace extensiva en el plenario de la reunión al jefe de Estado actual y una persona», dijo el presidente costarricense.
El ángulo con el que Costa Rica busca captar la atención de Estados Unidos trasciende lo ambiental e ingresa de lleno en la guerra comercial global. Según información manejada por las autoridades y reportes de prensa, el oro extraído ilegalmente y procesado en Nicaragua termina siendo comprado y legalizado por empresas mineras chinas que operan con concesiones otorgadas por el régimen sandinista.
Al presentar este caso ante Washington, San José no solo pide ayuda para frenar un desastre ecológico y un robo patrimonial, sino que alerta sobre cómo Nicaragua y actores corporativos chinos se están enriqueciendo a costa de un aliado clave de Estados Unidos en la región. La mina de Crucitas ha dejado de ser un problema policial tico para convertirse en un nuevo tablero de la disputa de influencias en Centroamérica.