“Esos hombres, que han llegado con chalecos anaranjados, vienen en nombre de los chinos a decirnos que nuestras tierras ya no son de nosotros”, dice, molesto, Jacinto, un hombre de origen miskito que desde hace más de una década habita en el barrio 19 de Julio, en el municipio de Rosita, uno de los tres históricos polos del oro en Nicaragua junto con Siuna y Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). “Arrancan cercos o ponen un mojón rojo con una varilla y dicen que ahora es propiedad de la empresa minera: de los chinos, que ahora tienen más derechos que nosotros, que somos nativos”.
Esos hombres con chalecos anaranjados son funcionarios de la minera china Santa Rita Mining Company. Han entrado al 19 de Julio desde finales de enero de 2026, sin órdenes judiciales, cuenta, más encabronado, Jacinto. Llegan acompañados de policías con fusiles que desalientan cualquier oposición ciudadana a lo que, a secas, los afectados llaman “invasión”.
El enojo de Jacinto, que por temor pide anonimato, es compartido por centenares de locales afectados por la concesión de 3356.90 hectáreas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó a Santa Rita Mining Company en marzo de 2019. Al lote se le denomina “Rosita D” y su tamaño equivale a más de la mitad de la isla de Manhattan, en Nueva York, pero extendida sobre buena parte del casco urbano de Rosita y el Territorio Mayangna Tuahka.
Para este territorio, Jacinto y sus vecinos, la irrupción minera no es una novedad. El llamado Triángulo Minero —Rosita, Siuna y Bonanza— es el epicentro aurífero de Nicaragua desde hace más de un siglo. Fue a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando compañías extranjeras comenzaron a explotar el oro en la zona, convirtiendo a estos municipios en enclaves extractivos que, con distintas banderas y distintos dueños, nunca han dejado de operar.
De modo que la explotación de recursos y la falta de consultas previas a comunidades indígenas, dueñas de territorios ancestrales protegidos por la Ley 445, siempre han sido motivo de conflicto en el Caribe. La novedad, desde finales de 2021, es el nuevo actor minero que ha irrumpido con celeridad, la República Popular de China, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el régimen sandinista y el gigante asiático.
La relación con China no ha significado la revolución económica para Nicaragua, tal cómo ha vendido la propaganda copresidencial, pero sí ha abierto un selectivo y pequeño mercado para capitales chinos que, bajo figuras como el Tratado de Libre Comercio firmado por Managua y Pekín en 2024, pueden operar con condiciones onerosas, despreocupadas de marcos legales y blindados por la policía, como en los barrios de Rosita. El sector minero es la prueba más fehaciente de ello, a juzgar por el reparto de más de 30 concesiones otorgadas en tres años, entre 2023 y 2025: un festín territorial de 919 825.49 hectáreas del que se sirven, principalmente, ocho mineras chinas, sobre un gigantesco mantel dorado que equivale a casi el 7% del territorio nacional. Las principales empresas beneficiadas son:
- Thomas Metal S.A.
- Zhong Fu Development S.A.
- Brother Metal S.A
- Waslala Mine S.A
- Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A
- Three Gold Coins Company S.A
- Linze Excelente Minería S.A
- Northern Mining Company S.A.
Las comunidades indígenas de Bakurkin, Fruta de Pan y Buena Vista en Rosita son parte del lote “Rosita D”. En estas comunidades también llegaron los hombres de chalecos naranjas, relatan líderes comunitarios a DIVERGENTES. Al igual que Jacinto, quien no tiene mayores detalles de la magnitud de lo que llama “invasión”, estos comunitarios mayangnas dicen que no fueron consultados para otorgar la concesión a Santa Rita Mining Company.
La Fundación del Río, dirigida por el ambientalista Amaru Ruiz, lleva un inventario de las concesiones entregadas a empresas de origen chino y ha identificado que 25 concesiones de explotación aurífera afectan a 17 territorios indígenas y afrodescendientes debidamente titulados, así como a cuatro territorios indígenas en proceso de titulación.
Las pesquisas de la organización, sumadas a los testimonios de comunitarios recabados por DIVERGENTES, revelan un patrón en estas operaciones: las concesiones han sido otorgadas a empresas chinas sin procesos de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) y consentimiento, en contravención de la Ley 445, el Convenio 169 de la OIT y otros compromisos internacionales asumidos por Nicaragua.
No es que antes de la irrupción de las empresas asiáticas se respetaran por completo estos principios de consulta previa para beneficiar a otras transnacionales mineras canadienses y colombianas, pero sí existía un ejercicio un poco más “de participación comunitaria real”, explica Dixon, un líder miskito que fue parte del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte y que, por represalias políticas, huyó de su territorio, por lo que también pide no ser identificado.
“En Nicaragua todo ha cambiado”, dice el miskito. “Los procedimientos de acuerdo a la ley, o sea, los procedimientos que se tienen que hacer, no los hacen. Solo son bajar órdenes: hay que darle concesión a tal empresa y se acabó”. Dixon recuerda que antes de 2007, cuando Ortega regresó al poder, funcionaba el mecanismo de consulta previa e informada en las comunidades indígenas. “Había consultas en los territorios, la municipalidad escuchaba las opiniones y después el Consejo Regional lo aprobaba. Yo estuve en el Consejo y formé parte de la Comisión de Recursos Naturales. Todos esos procedimientos y los documentos también eran públicos”, agrega.
Los “documentos públicos” eran, de manera insoslayable, evaluaciones técnicas de las concesiones mineras y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Con el paso del tiempo bajo el régimen Ortega-Murillo, esas regulaciones dejaron de cumplirse, pero Dixon sostiene, a partir de sus conversaciones con pares comunitarios, que con los chinos la laxitud es total.
De hecho, el 6 de mayo de 2025, el régimen reformó el marco ambiental para eliminar la exigencia obligatoria de Estudios de Impacto Ambiental previos en determinadas actividades dentro de áreas protegidas. Ese día fue publicada en La Gaceta la Ley No. 1248 de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, que flexibilizó los controles sobre la explotación de recursos como los minerales en territorios antes más estrictamente resguardados.
La norma debilitó los mecanismos de consulta y evaluación independientes que exigían procedimientos públicos y participativos para proyectos extractivos en zonas sensibles. Para expertos y comunidades, la reforma redujo salvaguardas ambientales históricas y abrió espacios legales por donde han avanzado concesiones mineras incluso en territorios indígenas y áreas protegidas.
“Ahora solo hacen una presentación con Data Show y ni siquiera entregan un dossier a los concejales municipales ni a los regionales. Entonces nadie tiene documentos. Solo presentan el área de tal y tal y se le entrega en concesión por no sé cuánto tiempo, porque eso lo hacen en Managua”, critica Dixon. “La falta de consulta previa e informada ya se venía dando con otras empresas, no necesariamente chinas. Pero ahora los chinos tienen más facilidades”.
Consultas exprés y firmas repetidas
Lo que Dixon dice tiene, además del valor de su palabra, asidero factual. La Fundación del Río y DIVERGENTES tienen en su poder el acta de la Asamblea Comunal de la comunidad de Sumu Kaat, fechada el 17 de septiembre de 2025, mediante la cual se otorga aval a la empresa Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A. para una concesión minera en territorio del Rama y Kriol.
El documento, que invoca la Constitución, la Ley 445 y el Convenio 169 de la OIT, no consigna hectáreas, coordenadas ni número de lote. No adjunta Estudio de Impacto Ambiental ni incorpora mapas técnicos del polígono minero. Tampoco detalla el tipo de explotación, la duración de la concesión o los posibles impactos sobre fuentes hídricas y bosque, ni incluye información económica relativa a regalías, utilidades o beneficios concretos para la comunidad. Elementos que, según la norma internacional, debería contener para que los indígenas sepan el alcance de la concesión sobre sus territorios ancestrales.
XinXin Linze Minería Group S.A es una de las empresas chinas claves en el entramado minero. Este 9 de febrero de 2026, mediante dos acuerdos ministeriales publicados en La Gaceta, le otorgaron 39 946.06 hectáreas adicionales para la exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos por 25 años en los lotes denominados Victoria y La Diabla–Cerro Kum. Con estas nuevas adjudicaciones, la compañía amplió significativamente su presencia territorial, elevando a 12 el número de lotes bajo su control y contribuyendo a que el total de territorio concesionado a empresas asiáticas se acerque al millón de hectáreas en Nicaragua.
La empresa opera con solvencia en el ámbito de las consultas previas que avalan sus operaciones. En la práctica, como lo demuestra el acta de la comunidad de Sumu Kaat, las consultas se reducen a asambleas concentradas y expedientes incompletos, tal como señaló Dixon.
Otro dato clave en el acta de Sumu Kaat es la participación de 33 personas que declaran la aprobación por unanimidad de la concesión para la empresa china. Ese número podría, en principio, constituir quórum suficiente para una asamblea comunal. Sin embargo, la lista de asistencia revela que varios de los nombres corresponden a autoridades que firman tanto el aval como el registro de participación, concentrando en un mismo núcleo la decisión y su validación.
Más allá del número, el estándar que fijan el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia interamericana no se agota en contabilizar asistentes, Amaru Ruíz señala que exige procesos culturalmente adecuados, información completa y oportuna, deliberación interna real y la posibilidad efectiva de aceptar o rechazar el proyecto. Nada de eso queda documentado en el acta de Sumu Kaat.
Los nombres que se repiten son Jorge Yisel Omier Ruiz, presidente del Gobierno Comunal; Beatriz Solano McRea, secretaria; Shanda Mireya McRea, tesorera; y Beveryl Lorxina McRea Ruiz, fiscal. Es decir, parte del quórum que aprueba por unanimidad coincide con quienes certifican el proceso y sus resultados. La repetición de estos cuatro nombres reduce, en términos prácticos, el número de participantes independientes dentro de una asamblea que registró 33 asistentes.
Fuentes allegadas a los Rama y Kriol explicaron a DIVERGENTES que ellos son el único pueblo indígena que poseen su propio protocolo de consulta, pero que también fue violentado para beneficiar a los chinos. “Este protocolo propio se hizo para cuando se habló del proyecto del Canal Interoceánico, que nos afectaba… y por estatutos un proyecto debe ser consultado en todas las comunidades del territorio y no se hizo . Hay que mencionar que otra empresa, Thomas Metal SA, no hizo ni siquiera la simulación de consultas”, denunciaron.
Dixon, el líder miskito, insiste en que se trata de una operación de consulta “descarada” porque desde que el régimen Ortega-Murillo anuló en la práctica la autonomía de los pueblos originarios en Nicaragua (descabezando incluso al partido indígena Yatama) los órganos territoriales de decisión son ocupados por personas obedientes al sandinismo.
“Ahora los gobiernos territoriales están coludidos con el Gobierno Regional y centralizados los recursos. Antes los territorios recibían directamente del Ministerio de Hacienda. Ahora todo está centralizado en el Gobierno Regional, que es controlado por el Frente Sandinista. Los gobiernos territoriales se convirtieron en funcionarios más del Gobierno Regional”, describe Dixon.
“Además, el síndico (líder), para ser síndico de la comunidad, tiene que ser militante del Frente Sandinista. Tener su carnet. Es como en los años 80: órdenes desde arriba. Si dicen que hay que aprobar la concesión, nadie puede brincar ni quejarse porque hay intereses detrás. Entonces no hay rendición de cuentas, no hay transparencia. La gente no sabe. Y ahí vos podés entender cómo funciona la relación entre la empresa china y la comunidad: a uno, dos o tres activistas o simpatizantes de la Juventud Sandinista les dan chamba, y eso termina favoreciendo el interés de los chinos, porque de ahí ellos comen”.
Para Dixon, las consecuencias no son solo administrativas o políticas. Lo que está en juego “es la propia vida comunitaria”. La expansión minera, insiste, violenta la Ley de Autonomía, la Ley 445 y las costumbres ancestrales, al tiempo que altera el hábitat natural de las comunidades indígenas. En base a su experiencia, sostiene que los ríos comienzan a secarse, la pesca escasea y la caza se vuelve cada vez más difícil. El calor se intensifica en territorios donde antes el bosque ofrecía sombra y equilibrio, “pero ahora la vegetación es arrasada por el despale”.
Tampoco se sabe con certeza qué sustancias utilizan los chinos en los procesos de extracción. “No se sabe”, repite Dixon, porque no hay Estudio de Impacto Ambiental que lo documente. Y una vez que la concesión es aprobada, añade, el “territorio deja de sentirse comunal”. Las áreas intervenidas pasan a operar, en la práctica, como propiedad privada de la empresa minera. Lo que empieza a manifestarse en Rosita. La Fundación del Río critica que tampoco se establece el canon de arrendamiento para los afectados. “Supongamos que hicieron el proceso de consulta y les dieron el consentimiento a la empresa china. Entonces, se debe de establecer cuánto le va a pagar por arrendamiento de esa área al gobierno territorial y no se plantea”, sostiene Amaru Ruíz.
El impacto chino más allá de las concesiones
A lo largo de la entrevista, Dixon repite sobre “las facilidades de los chinos”. Afirma que en la Costa Caribe va más allá de la minería y se extiende al comercio local. “Llevan productos descartables, alquilan propiedades y ahí meten de todo para vender. Están metidos en la pesca, en la madera, en la minería y en el comercio, que era la vida del mercado local”, enumera.
Según el líder miskito, el impacto es visible en los pequeños negocios de las cabeceras municipales. “Ahí está la gente. Pasa todo el día sin vender un peso porque los chinos le están haciendo competencia desleal. ¿Me entiende?”, plantea. Lo que él describe también se repite en toda Nicaragua. Se trata del fenómeno de la “chinanización”. Desde 2023 ha proliferado una ola de establecimientos, supermercados y tiendas chinas en ciudades como Managua, Rivas y otras cabeceras departamentales, ocupando espacios antes dominados por pequeños comercios nicaragüenses.
Esta expansión —documentada ampliamente por DIVERGENTES en un reportaje anterior— muestra por ejemplo cómo negocios como Metro China, Chinese Store o el Centro Comercial China Wanda desplazan progresivamente a los vendedores tradicionales, ofreciendo mercancías a precios muy bajos que difícilmente pueden igualar los productores locales, debido a las exoneraciones fiscales que tienen los negocios asiáticos, a diferencia de los nacionales.
“Todo eso está protegido para los chinos. Yo no sé qué rango o qué cosa tendrán, pero los chinos están más protegidos que los propios nicaragüenses”, termina Dixon, en una queja que conecta con la de Jacinto: su parcela ahora es más pequeña porque le pertenece a Santa Rita Mining Company.
El negocio del oro bajo lupa de Washington
El oro se ha convertido en uno de los principales salvavidas económicos del régimen Ortega-Murillo. De manera preliminar, el Banco Central de Nicaragua reportó que en 2025 el país exportó 1827.4 millones de dólares del metal, consolidando al mineral como el producto estrella de la canasta exportadora nicaragüense.
Pero ese auge no ha pasado desapercibido en Washington. El 29 de enero de 2026, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos emitió un dictamen favorable al proyecto de ley S. 3496, denominado “Ley de Sociedades Mineras y de Oro Legal de los Estados Unidos”, que busca establecer una estrategia para combatir la minería ilícita de oro en el hemisferio occidental. La iniciativa menciona explícitamente a Nicaragua y plantea la necesidad de interrumpir el comercio ilícito de oro vinculado al régimen Ortega-Murillo
El proyecto, patrocinado por el senador republicano John Cornyn y respaldado por legisladores demócratas y republicanos, advierte que la minería ilícita fortalece redes criminales, afecta a pueblos indígenas y deteriora el medio ambiente. De aprobarse, la ley podría implicar un mayor escrutinio sobre la cadena de producción y exportación del oro nicaragüense, incluyendo posibles medidas específicas contra el régimen.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, sostiene que la ley “representará mayor escrutinio en la cadena de producción del oro y esto puede reducir los procesos extractivos en zonas de áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes”. Para el ambientalista, la minería ilegal del oro en Nicaragua “se desarrolla bajo el control y aval del régimen Ortega-Murillo, tanto en áreas protegidas como en territorios indígenas y afrodescendientes del país”.
Además de los conflictos por concesiones en territorios indígenas, la presencia de empresas chinas ha alcanzado un punto crítico en la Reserva de la Biosfera del río San Juan, una de las áreas naturales más importantes del país y fronteriza con Costa Rica. Allí, compañías como Zhong Fu Development S.A. y Thomas Metal S.A. reciben autorizaciones para explorar y explotar minerales en zonas que superponen humedales, bosques y cuencas fluviales.
La expansión de estas operaciones coincide con la invasión de colonos y mineros artesanales que han empezado a cruzar desde Indio Maíz hacia el río San Juan y hasta el lado costarricense, desplazando actividades tradicionales y degradando el hábitat natural. Lo que en algunos documentos oficiales aparece como concesión formal y control estatal, en las orillas del río se siente como ocupación descontrolada: ríos que se enturbian de mercurio y cianuro; bosques que retroceden y comunidades que ven desvanecerse no solo sus medios de vida, sino también los límites mismos de una reserva que debería estar protegida.