Cuando el médico ortopedista Erasmo Gutiérrez Talavera apareció muerto sobre una acera del barrio Las Torres, en el Distrito Cuatro de Managua, la mañana del 5 de mayo de 2026, quienes se encontraban en la vivienda donde pasó sus últimas horas, no llamaron primero a la Policía Nacional ni a sus familiares.
Según relataron posteriormente al medio televisivo Canal 10, cuando descubrieron que el médico de 62 años había fallecido, informaron “al CPC del barrio y después a las autoridades policiales”. Aunque las estructuras territoriales del régimen han cambiado de nombre en los últimos años, muchos nicaragüenses continúan utilizando la sigla CPC —Consejos del Poder Ciudadano— para referirse a los dirigentes políticos y operadores del Frente Sandinista en sus comunidades.
Este hecho es sólo una muestra de la influencia que los secretarios políticos del Frente Sandinista alcanzan dentro de los barrios de Nicaragua. La actuación por parte de esta familia capitalina revela que estos dirigentes partidarios han adquirido un nivel de autoridad que, para muchos ciudadanos, los convierte en una referencia inmediata, incluso antes que las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Los secretarios políticos son dirigentes territoriales del Frente Sandinista encargados de coordinar las estructuras partidarias en barrios, comunidades, municipios y departamentos. Su función consiste en transmitir y ejecutar orientaciones del régimen, así como mantener presencia permanente en los territorios. Aunque no todos ocupan cargos públicos, su rol y su cercanía con instituciones estatales y autoridades locales les otorga una influencia que, según organismos internacionales y testimonios recogidos por DIVERGENTES, trasciende las actividades estrictamente oficialistas.
Los testimonios recopilados para este reportaje describen conflictos vecinales, disputas familiares, selectividad para otorgar acceso a programas de asistencia comunitaria y prácticas de vigilancia política. Pese a tratarse de situaciones distintas, todos tienen un elemento en común. Ciudadanos que consideran que enfrentarse a un secretario político puede traer consecuencias que prefieren evitar.
Estas historias coinciden con los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en marzo de 2026 documentó la existencia de una estructura integrada por instituciones estatales, operadores partidarios y redes territoriales encargadas de tareas de vigilancia, recopilación de información y control social en todo el país.
El vecino que nadie quiere denunciar
Milagros, una habitante de Managua que pidió resguardar su identidad por temor a represalias, asegura que lleva cinco años intentando construir un muro perimetral en el límite de su propiedad. Según relata, las medidas del terreno fueron revisadas y corresponden a los linderos establecidos, pero el secretario político de su sector se opone a la obra, porque considera que afectaría su vivienda, que aún permanece sin muro. La disputa marcó el inicio de un conflicto vecinal que, según afirma, continúa sin resolverse.
Para ella, esta situación es solo una parte del problema. Afirma que durante este tiempo no ha encontrado una salida al conflicto y lo atribuye a la influencia que el secretario político ejerce dentro de la alcaldía de Managua. Pero las diferencias entre ambos van más allá de la construcción perimetral.
Según explica, el dirigente partidario acostumbra quemar basura a orillas de su vivienda con frecuencia, lo que provoca molestias en una buena parte del vecindario debido al humo y al riesgo que representan para las propiedades cercanas.
En una ocasión, mientras ella y su familia se encontraban fuera de casa, una de estas quemas provocó un conato de incendio. Cuando regresó, encontró a bomberos y agentes policiales en el lugar atendiendo la situación. A pesar de ello, decidió no señalar al responsable.
“Preferí no decir nada porque sabía que mi vecino, el secretario político, era el que ocasionó el incendio con sus quemas de basura y no quería tener más problemas”, relata.
La mujer asegura que meses antes, previo al incidente, alertó a las autoridades municipales sobre esa situación, pero nunca obtuvo una notificación al respecto y hasta la fecha el secretario político lo sigue haciendo.
Con el paso del tiempo optó por evitar nuevas denuncias. Afirma que la cercanía de su vecino con las estructuras territoriales del Frente Sandinista la convenció de que cualquier reclamo le terminaría generando más dificultades que soluciones.
“Quiero evitar cualquier represalia contra mi familia. Sé que tener problemas con un secretario político puede convertirse en una condena. Una vecina que también tuvo conflictos con él, terminó abandonando el barrio junto a su familia después que los señaló como ‘traidores a la patria’ (término que usa el régimen en contra de sus disidentes)”, relató la pobladora.
Amenazas y miedo a denunciar
Esther, una ciudadana consultada por DIVERGENTES bajo anonimato por la represión que se vive en Nicaragua, relata otra situación distinta. Sus hijas adolescentes mantienen conflictos frecuentes con los hijos de un secretario político de otro barrio de Managua.
Según relata Esther, los desacuerdos comenzaron como conflictos habituales entre adolescentes, pero con el tiempo involucraron directamente al secretario político del barrio. La mujer asegura que el dirigente les advirtió que podría denunciarlos ante la Policía si los problemas continuaban.
Desde entonces, afirma, sus hijas viven bajo una presión constante. “Ellas sienten que cualquier cosa que hagan puede volverse en su contra, aunque el acoso verbal y los conflictos los generan los hijos del secretario político”, sostiene.
Pese a que las diferencias persisten, la familia optó por evitar cualquier confrontación y descarta presentar denuncias. La razón, explica, es la falta de confianza en que las autoridades actúen con imparcialidad cuando una de las partes está vinculada a las estructuras territoriales del partido de Gobierno sandinista.
“Pelear contra un secretario político es llevar las de perder”, dijo Esther resignada. Además, afirma que esa percepción es compartida por otros vecinos, que prefieren guardar silencio o evitar conflictos con la familia del secretario político por su influencia y cercanía con instituciones como la Policía y la municipalidad.
El poder de decidir quién recibe ayuda
Carlos, un tercer ciudadano consultado por DIVERGENTES, quien también prefiere ser citado bajo seudónimo por su seguridad, asegura que el poder de los secretarios políticos también se manifiesta en el acceso a programas y beneficios comunitarios.
Según relata, antes de 2018 mantenía diferencias personales con un vecino de su barrio. Con el paso del tiempo, esa persona asumió funciones como secretario político y comenzó a tener un papel más visible dentro de la comunidad en los últimos cuatro años.
A partir de entonces, sostiene, comenzó a percibir que el acceso a algunos beneficios distribuidos por el régimen en el barrio dependía menos de las necesidades de las familias y más de quienes elaboraban las listas de beneficiarios.
“Él decide quién recibe ayuda y quién no. Tengo años pidiendo apoyo para reparar el techo de mi casa y nunca me incluyen. Mientras tanto, hay vecinos con menos urgencias que sí han sido beneficiados”, afirma.
Aunque reconoce que no posee documentos que demuestren una exclusión oficial, considera que las diferencias personales con el secretario político influyen en que sus solicitudes no prosperen.
En su informe Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó la expansión de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en barrios, comunidades y municipios como parte del proceso de concentración de poder promovido por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La CIDH recogió además denuncias de organizaciones que señalaban a estas estructuras como mecanismos paralelos de influencia política dentro de las comunidades.
El vecino que sabe todo
Más allá de los conflictos vecinales o el acceso a beneficios comunitarios, algunos ciudadanos describen a los secretarios políticos como figuras que mantienen un conocimiento detallado sobre la vida de quienes habitan en sus comunidades.
Sergio, otro habitante de Managua consultado por DIVERGENTES en igual condición de anonimato que los anteriores, asegura que el secretario político de su barrio conoce quiénes viven en cada vivienda, quién trabaja, quién está desempleado, dónde laboran los vecinos e incluso quiénes llegan o abandonan la comunidad.
Según cuenta, el dirigente opera una pulpería desde su vivienda que se ha convertido en un punto de encuentro para los habitantes del sector y que, incluso, le sirve para hurgar en la vida de quienes llegan o no.
“Siempre está preguntando por todo el mundo. Quién consiguió trabajo, quién lo perdió, dónde trabaja cada persona o quién llegó nuevo al barrio. También si uno no llega a comprarle sabemos que se pone malo y por eso toca ir de vez en cuando”, afirma.
El entrevistado asegura que entre los vecinos saben que el secretario político utiliza esa cercanía cotidiana a través de su negocio para mantenerse informado sobre lo que ocurre dentro del barrio.
La percepción de vigilancia descrita por Sergio coincide con hallazgos documentados por organismos internacionales. En su informe de 2026, el GHREN señaló la existencia de redes de vigilancia e inteligencia que involucran instituciones estatales, miembros del Frente Sandinista e informantes. Según los expertos, estas estructuras han sido fundamentales para identificar, monitorear y perseguir a personas consideradas críticas o potencialmente opositoras al régimen.
También un estudio de la organización Hagamos Democracia, divulgado en septiembre de 2025, reveló que el 92.25% de los nicaragüenses consultados afirmó sentirse vigilado en su barrio. Los principales responsables señalados fueron los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), seguidos por la Policía Nacional y grupos paramilitares. El informe advirtió que estas estructuras han contribuido a generar un clima de desconfianza y vigilancia permanente dentro de las comunidades.
Una autoridad sin cargo público
Ninguno de los secretarios políticos mencionados en los testimonios ocupa cargos de elección popular. Tampoco fueron nombrados mediante procesos administrativos sujetos a mecanismos de rendición de cuentas.
Su autoridad proviene de la estructura partidaria del Frente Sandinista y de la relación que mantienen con instituciones presentes en los territorios. Esa característica genera una situación particular.
Mientras alcaldes, concejales, delegados institucionales o funcionarios públicos poseen atribuciones definidas por leyes y reglamentos, el alcance de la influencia de los secretarios políticos opera en gran medida fuera de esos mecanismos formales.
Los ciudadanos consultados para este reportaje coinciden en que esa condición dificulta cuestionar sus decisiones o exigir responsabilidades cuando consideran que han actuado de manera arbitraria.
En ese contexto, el poder de los secretarios políticos no se mide por las facultades que les otorga una ley, sino por la influencia que ejercen sobre quienes prefieren guardar silencio, evitar denuncias o renunciar a sus reclamos. Una realidad que los ha convertido en figuras intocables dentro de muchos barrios de Nicaragua.