Un mes y medio después que Daniel Ortega ordenó en plaza pública “redoblar la vigilancia revolucionaria” en todos los barrios del país, un 92.25% de los nicaragüenses aseguran que han sufrido algún tipo de vigilancia en su entorno. Así lo revela el más reciente informe de realidad política, económica y social del organismo Hagamos Democracia.
La consulta de Hagamos Democracia se realizó del 18 al 23 de julio del 2025, momento en el cual el régimen copresidencial desató una cacería de opositores en diversos departamentos del país. 33 personas fueron detenidas y se encuentran en condición de desaparición forzada. Durante el acto del 46 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega no sólo revalidó la política de vigilancia política en todas las esferas del país, sino que la alentó a ejercerla con mayor sagacidad.
“Tenemos que mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir: estudio, preparación, trabajos en diferentes actividades sin descuidar allá en el lugar donde estemos trabajamos, ahí en el barrio donde estemos trabajando sin descuidar la vigilancia revolucionaria… y que de esa manera no le queda espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa”, amenazó Ortega, argumentando la defensa “de la paz”.
Los principales perpetradores de la vigilancia identificados por la ciudadanía, según el informe, son los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), señalados por más de la mitad de los consultados (52,56%), seguidos por la Policía Nacional (30,19%) y los grupos paramilitares (16,98%). En menor medida, también se mencionan trabajadores de instituciones públicas, la Policía Voluntaria, secretarios políticos e incluso compañeros de trabajo.
Estos datos revelan que la percepción predominante es que el aparato de control estatal se apoya no solo en fuerzas armadas y policiales, sino también en estructuras comunitarias y laborales, lo que genera un entorno de constante vigilancia y represión contra la disidencia política e incluso mismos funcionarios o simpatizantes del Gobierno.
El informe advierte que este clima de vigilancia permanente no solo erosiona la intimidad y la libertad de los ciudadanos, sino que también contribuye al deterioro de la seguridad ciudadana. La desconfianza entre vecinos, la normalización de la denuncia como herramienta de control y la presencia constante de actores parapoliciales en los barrios han generado un ambiente de miedo que facilita la impunidad y la violencia. En lugar de fortalecer la protección de la población, el aparato estatal orienta sus recursos a vigilar y reprimir, debilitando la capacidad institucional de atender los problemas reales de criminalidad común y exponiendo a la sociedad a mayores niveles de inseguridad cotidiana.
Un método de vigilancia que se viene perfeccionando
Durante el primer trimestre de 2025, el régimen Ortega-Murillo juramentó a una legión de 76 800 paramilitares encapuchados, lo que reforzó el terror ciudadano sobre la vigilancia en los barrios. Sin embargo, desde las protestas de 2018, la administración sandinista viene perfeccionando su método de vigilancia política, en coordinación con la policía, la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Ministerio del Interior, manejado por el viceministro Luis Cañas.
Desde agosto de 2023, el régimen Ortega-Murillo comenzó a desplegar una nueva modalidad de vigilancia en los barrios, bajo la fachada de “encuentros de seguridad ciudadana y humana” organizados por la policía. Estos encuentros fueron articulados con los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que convocaban a los vecinos en casas previamente seleccionadas por su afinidad política al Frente Sandinista. La dinámica convirtió lo que parecía una reunión comunitaria en un mecanismo de control social, reforzado con la presencia masiva de oficiales policiales.
El trasfondo de estas reuniones no era escuchar las preocupaciones vecinales, sino establecer un punto de contacto permanente entre la Policía y las estructuras partidarias del régimen.
El informe también aborda la vigilancia en instituciones públicas, donde Rosario Murillo lleva meses haciendo purgas de funcionarios que no considera leales a su plan de sucesión dinástica. “El estado generalizado de vigilancia y represión alcanza a quienes trabajan en las instituciones del estado, con un 82.56% de personas que dicen conocer de casos de represión interna en las instituciones”, revela Hagamos Democracia.
A su vez, el informe refleja que la mayoría de las personas consultadas perciben con claridad que la dictadura Ortega-Murillo se está preparando para una sucesión dinástica. Un abrumador 98% de los encuestados sostiene esta hipótesis, y dentro de este grupo, un 52.64% identifica a Laureano Ortega Murillo como el principal heredero del poder, mientras que un 46.10% señala a Murillo. Estos resultados ponen en evidencia la consolidación de un proyecto autoritario de carácter familiar, respaldado además por reformas legales y constitucionales que buscan garantizar la continuidad del régimen más allá de la figura de Ortega, sugiere la publicación.