Braulio Abarca Aguilar llegó a España el 11 de diciembre de 2024, después de un primer exilio en Costa Rica. Su traslado fue posible mediante un programa de reasentamiento coordinado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Gobierno español.
Abarca estudió Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, confiscada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en agosto de 2023, y tiene experiencia en organizaciones sociales y de derechos humanos. Sin embargo, al comenzar su nueva vida en España, encontró dificultades para conseguir un empleo relacionado con su formación.
El defensor de derechos humanos y cofundador del Colectivo Nicaragua Nunca Más, tuvo que capacitarse para desempeñar otros trabajos, intentar validar sus estudios y buscar empleo en España.
“Yo eventualmente he trabajado como mesero aquí en España, pues, y quizás al inicio me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero ya con el tiempo lo he podido ir procesando… pero la vida continúa y uno tiene que intentar afrontar las nuevas realidades en las que vive”, cuenta Abarca.
Abarca consiguió finalmente un empleo a medio tiempo en una organización no gubernamental española dedicada a proyectos de cooperación internacional. Aunque continúa vinculado a su área profesional, reconoce que sus responsabilidades laborales han reducido el tiempo que puede dedicar a Nicaragua.
“He limitado mi activismo político para Nicaragua y he limitado también el voluntariado que hacía para seguir hablando sobre Nicaragua, pero intento encontrar un equilibrio para hacerlo”, explica.
Su experiencia refleja uno de los principales hallazgos de una investigación de la Universidad Loyola, presentada en octubre de 2026 en Sevilla. El estudio señala que las dificultades económicas y la falta de empleo estable obligan a algunas personas exiliadas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala a reducir o suspender su trabajo de incidencia política y defensa de los derechos humanos.

De docente universitaria a camarera en España
Para otra nicaragüense exiliada en España, las dificultades laborales terminaron por alejarla de su labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
La mujer, de 48 años, llegó a España en 2022, después de haber trabajado como docente en la otrora Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua. Solicitó mantener su identidad en reserva por razones de seguridad y por la dificultad que todavía le representa hablar de su situación laboral.
Desde su llegada ha tenido que trabajar como camarera para sobrevivir, pese a contar con formación universitaria y experiencia docente. Reconoce que aceptar un empleo alejado de su profesión ha sido difícil, pero entiende que forma parte de su proceso de adaptación al exilio.
Uno de los principales obstáculos para retomar su carrera es que salió de Nicaragua sin sus documentos académicos apostillados. Sin ese requisito, asegura, no ha podido acceder a puestos de trabajo calificados.
Tampoco se atreve a acudir al consulado nicaragüense para intentar resolver su situación. Teme que las autoridades del régimen puedan identificar su ubicación y que, aun exponiéndose a ese riesgo, terminen rechazando su solicitud.
Un reciente estudio divulgado por DIVERGENTES encontró que el 97.5% de los trámites consulares realizados por una muestra de exiliados nicaragüenses no obtuvo una respuesta favorable. Además, el 48.7% afirmó que evita acudir a los consulados de su país de origen por temor a represalias contra ellas o sus familiares.
Una abogada con dos maestrías que no consigue empleo estable
En Costa Rica, una abogada nicaragüense exiliada enfrenta obstáculos similares, a los que se suman sus responsabilidades como madre.
La profesional, quien solicitó permanecer en el anonimato, cuenta con más de 20 años de experiencia y dos maestrías. Sin embargo, no ha logrado conseguir un empleo estable ni ejercer su profesión en Costa Rica debido a las dificultades para cumplir con los requisitos de incorporación al colegio profesional correspondiente.
“Como no tengo mis títulos apostillados, no puedo colegiarme y pues he tenido muchos rechazos, prácticamente no tengo empleo”, relata.
Ante la falta de oportunidades, ha tenido que buscar otras formas de generar ingresos, incluso trabajando mediante plataformas de transporte. “Me ha tocado hasta andar haciendo Uber”, cuenta.
La abogada vive con su hijo, nacido en Costa Rica, y asegura que no dispone de una red de apoyo estable. Aunque ha conseguido algunas oportunidades profesionales, estas han sido temporales.
“Son programas que duran tres, seis meses y después uno se queda nuevamente sin nada”, explica.
Su situación económica también ha afectado su participación en actividades de defensa de los derechos humanos, un trabajo al que dedicó buena parte de su trayectoria profesional.
“Ha sido difícil para mí continuar con la defensa de los derechos humanos, precisamente porque tengo que atender otras actividades”, señala.
Actualmente participa de manera ocasional en foros y encuentros virtuales, pero no ha podido retomar su activismo con la misma dedicación de antes.
La falta de empleo estable y las responsabilidades familiares han reducido sus posibilidades de continuar el trabajo que realizaba antes del exilio, pese a su experiencia y preparación académica.
Precariedad económica reduce participación política del exilio

Las experiencias de estos tres nicaragüenses coinciden con los hallazgos de la investigación Una aproximación a la situación, pensamiento y acción del exilio político centroamericano, elaborada por Alexander Segovia, investigador del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola y coordinador de la Red Académica Iniciativa Centroamérica (RED-ICA), con la colaboración de Jaime Miranda.
El informe, presentado en Sevilla, se basa en 34 entrevistas en profundidad realizadas entre enero y junio de 2026 a personas vinculadas al exilio de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, residentes en siete países. También incorpora la participación de un académico especialista en el exilio nicaragüense.
Entre las personas consultadas figuran periodistas, profesionales del ámbito jurídico, académicos, autoridades indígenas y dirigentes sociales y políticos. Los investigadores identificaron que, pese a la persecución que los obligó a abandonar sus países, muchos conservan experiencia organizativa, liderazgo y contactos internacionales que les permiten continuar realizando actividades de denuncia, defensa jurídica, periodismo y organización social.
Sin embargo, la falta de empleo estable e ingresos suficientes obliga a algunas personas a reducir o suspender esas actividades para atender sus necesidades básicas.
Exiliados requieren apoyo para continuar su lucha por la democracia
El estudio advierte que estas dificultades limitan la capacidad del exilio para contribuir a los procesos democráticos en sus países de origen. Segovia también identificó entre las personas entrevistadas el temor de perder contacto con la realidad de sus países mientras permanecen en el extranjero.
Durante la presentación del informe, la exdiputada nicaragüense Edipcia Dubón advirtió que las condiciones económicas afectan la autonomía política y señaló que las responsabilidades de cuidado representan una dificultad adicional para la participación de las mujeres exiliadas.
La investigación también recoge demandas de apoyo sostenido, oportunidades de inserción laboral, protección y atención psicológica. Los participantes consideran necesario que la cooperación internacional reconozca su experiencia y contribuya a crear condiciones para que puedan continuar trabajando por la democracia y los derechos humanos.
Reconstruir la vida sin abandonar Nicaragua
Para quienes salieron de Nicaragua por motivos políticos, reconstruir sus vidas en otro país también implica buscar formas de continuar denunciando la represión y las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega y Murillo, aunque las dificultades económicas limiten su participación.
Braulio Abarca agradece a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al ACNUR y al Gobierno español por facilitar su reasentamiento y ofrecerle la oportunidad de comenzar de nuevo.
Aunque ha reducido sus actividades de voluntariado relacionadas con Nicaragua, asegura que no ha renunciado a la esperanza de regresar.
“Continuamos resistiendo, continuamos ejerciendo desde diferentes trincheras quizá activismo o no, pero continuamos con una esperanza, con un sueño de eventualmente volver a Nicaragua libre”, afirma.