El 97.5% de los trámites de identificación y documentación realizados por nicaragüenses en el exilio ante los consulados de su país no obtuvo una respuesta favorable o fue denegado directamente, según un estudio presentado este miércoles 21 de octubre en Madrid.
Los resultados fueron dados a conocer durante el conversatorio “La apatridia de los nicaragüenses: impacto humano y respuestas desde España y la Unión Europea”, organizado por la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) y Refugees International.
Los hallazgos también muestran que el 48.7% de los consultados evita acudir a los consulados nicaragüenses por temor a sufrir represalias o poner en riesgo a sus familiares en Nicaragua. Además, el 24% intentó regresar al país, pero se le impidió el ingreso. El informe identificó seis casos en los que aerolíneas impidieron el embarque de ciudadanos nicaragüenses por instrucciones que, según la investigación, procedieron del régimen sandinista.
El 75% de los encuestados considera que obtener una nueva nacionalidad es la solución más urgente para recuperar su seguridad jurídica. El porcentaje supera al 46% que plantea la renovación de documentos nicaragüenses, según el informe.
El estudio se basó en una encuesta digital aplicada a 41 nicaragüenses en el exterior entre septiembre de 2025 y enero de 2026. El cuestionario incluyó 21 variables, con preguntas de selección múltiple y respuestas abiertas, y reunió a participantes ubicados principalmente en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala. De las 41 personas encuestadas, solo una reportó un resultado positivo en sus gestiones consulares.
Un éxodo que se aceleró desde 2018
Los problemas de documentación ocurren en medio de una ola migratoria que se aceleró tras las protestas de abril de 2018 y la posterior represión estatal. En 2021, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimó que más de 108 000 nicaragüenses habían huido del país desde el inicio de la crisis, dos tercios de ellos hacia Costa Rica.
El éxodo continuó durante los años siguientes. Una comunicación de expertos de Naciones Unidas de 2025 señaló que alrededor de 800 000 nicaragüenses habían abandonado el país desde 2018, muchos de ellos por temor a ser perseguidos y en necesidad de protección internacional.
El crecimiento de la diáspora también amplió el universo de nicaragüenses que depende de los consulados para renovar pasaportes, obtener certificados y realizar trámites necesarios para regularizar su situación en los países donde residen.
Es en ese contexto que ACDD y Refugees International advierten sobre la “apatridia de facto”, que afecta a personas que conservan formalmente la nacionalidad nicaragüense, pero enfrentan dificultades para renovar sus pasaportes u obtener otros documentos básicos.
De la desnacionalización a la “apatridia de facto”
En febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una serie de desnacionalizaciones contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otras voces críticas.
La primera medida de gran alcance ocurrió el 9 de febrero de 2023, cuando 222 presos políticos fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos y posteriormente privados de su nacionalidad. Seis días después, otras 94 personas fueron desnacionalizadas.
En septiembre de 2024, otros 135 presos políticos fueron excarcelados y trasladados a Guatemala. Cinco días después, la justicia nicaragüense ordenó retirarles la nacionalidad y confiscar sus bienes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estas medidas como una privación arbitraria de la nacionalidad y contabilizó 453 nicaragüenses privados de su ciudadanía y desterrados entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. De ellos, 153 eran líderes de movimientos políticos, sociales o defensores de derechos humanos, y 44 pertenecían a comunidades religiosas.
La CIDH advirtió, además, que la privación de la nacionalidad estuvo acompañada de confiscaciones de bienes, cancelación de registros civiles y otras afectaciones de derechos.
La situación que documenta este nuevo estudio es diferente. Se trata de personas que no son desnacionalizadas formalmente, pero que, según las organizaciones, quedan en un limbo cuando sus pasaportes vencen y no consiguen renovarlos o cuando no obtienen otros documentos en los consulados.
“La crisis migratoria y el desplazamiento forzado de los nicaragüenses no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una política deliberada de persecución y desmantelamiento de la identidad jurídica por parte del régimen de Ortega y Murillo”, afirmó José Denis Cruz, periodista nicaragüense exiliado en España y coordinador general de ACDD.
Periodistas esperan respuesta de España
Durante el encuentro en Madrid, las organizaciones también pidieron al Gobierno español atender la solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por un grupo de periodistas nicaragüenses exiliados que se encuentra en situación de apatridia de facto.
“Pedimos a España que atienda de manera urgente la solicitud formal de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por el grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en apatridia de facto”, señaló Cruz.
La petición cuenta con el respaldo de la Asociación de la Prensa de Madrid y Reporteros Sin Fronteras.
España ya concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a cerca de 150 opositores y activistas nicaragüenses que fueron despojados formalmente de su ciudadanía, de acuerdo con los datos proporcionados por las organizaciones. Esta vía es discrecional y requiere la aprobación del Consejo de Ministros.
El país también acogió a más de 1400 nicaragüenses refugiados procedentes de Costa Rica mediante el Plan Nacional de Reasentamiento. ACDD y Refugees International consideran, sin embargo, que estas medidas no alcanzan a los exiliados que conservan formalmente su nacionalidad, pero enfrentan dificultades para obtener documentos de Nicaragua.
Piden una respuesta común de la Unión Europea
ACDD y Refugees International también pidieron a la Unión Europea y a sus Estados miembros coordinar mecanismos de protección para los nicaragüenses afectados por los problemas de documentación.
Las organizaciones plantearon flexibilizar los requisitos documentales, armonizar los mecanismos de protección entre los países europeos y garantizar vías seguras para quienes han quedado sin protección efectiva de Nicaragua.
En el conversatorio participaron personas afectadas por la desnacionalización y la apatridia de facto, defensores de derechos humanos y especialistas. El panel estuvo integrado por el periodista nicaragüense Jorge Hurtado; Samantha Jirón, desnacionalizada y posteriormente nacionalizada española; el defensor de derechos humanos Braulio Abarca; Raquel Verdasco, investigadora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas; y Francisco Ortiz, experto en apatridia de ACNUR en España. La periodista de El País Lola Hierro moderó el encuentro.
“Invocando precedentes como los aplicados en el Parlamento Europeo para proteger a exiliados de otros regímenes autoritarios, instamos a la Unión Europea un compromiso firme que armonice mecanismos de protección, flexibilice los requisitos documentales y garantice vías seguras para quienes han quedado desprovistos del amparo de su país”, señaló el coordinador general de ACDD, José Denis Cruz.