La Universidad Centroamericana (UCA) ha confirmado que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha girado un “oficio” en su contra por el delito político de “terrorismo”, de la mano de la “incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera”. A partir del anuncio, el personal educativo y alumnos que estaban en proceso de matrícula evacuaron el campus ante una eventual toma policial.
Tal como informó DIVERGENTES, una jueza notificó sobre la acusación penal a las autoridades de la universidad jesuita este 15 de agosto. El comunicado emitido por la UCA detalla que el oficio fue girado a las 5:29 de la tarde del martes por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales.
De esta manera el régimen concluye la confiscación de facto del recinto, después de inmovilizar sus propiedades, congelar sus cuentas bancarias y revocar la acreditación de su Centro de Mediación. El oficio de la justicia orteguista alega que la UCA funcionó “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”. Un señalamiento que la alma mater jesuita cataloga como “infundados”.
El oficio girado por Saavedra Corrales ordena que “la incautación de todos los bienes descritos (de la UCA) sean a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”. “Se giran oficios a las siguientes instituciones: Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la SIBOIF, Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República para lo de sus cargos”, agrega la comunicación judicial.
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A pesar del avasallamiento contra la UCA en la última semana, a través de varios correos electrónicos a su comunidad educativa, la universidad informó que estaban realizando “gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario”. De hecho, este 15 de agosto emitieron una circular referida al pago de aranceles de la primera quincena del mes corriente, ya que, tras el congelamiento de sus cuentas bancarias, surgió la incertidumbre de cómo realizar los pagos de matrículas para el ciclo lectivo que inicia este 21 de agosto.
Sin embargo, al ser notificados este martes 15 de agosto, los directivos universitarios decidieron durante la madrugada de este miércoles realizar una reunión con su personal para informar la decisión de la dictadura. Luego de esa asamblea emitieron el comunicado a toda la comunidad educativa.
“En razón de ello, la Universidad Centroamericana (UCA) suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”, dice el comunicado de la institución jesuita. Miles de alumnos, en especial los que gestionaban su título, han caído en incertidumbre sobre su futuro profesional.
“Ante todo esto, la Universidad Centroamericana reitera su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años (…) La Universidad Centroamericana (UCA) agradece la confianza, solidaridad y cercanía expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de esta alma mater”, lamenta el centro de educación superior.
Algunos directivos salen de Nicaragua
Otra fuente ligada a la orden jesuita dijo a DIVERGENTES que fue “tal el susto” causado por el giro judicial, que varios directivos de la alma mater salieron de inmediato de Nicaragua. “Hay preocupación por la salud del rector Rolando Alvarado, que padece del corazón”, narró la fuente. Algunos sacerdotes jesuitas se mantienen en su casa de Villa El Carmen, en Managua, y aunque les han dicho que se vayan, algunos han manifestado que no lo harán. En la casa conviven sacerdotes jesuitas muy ancianos y en estado delicado de salud.
“Este es un golpe a la Compañía de Jesús, a la Iglesia Católica, al conocimiento y al libre pensamiento. ¿Vos pensás que han perdonado que haya un monumento a Alvarito Conrado en el Colegio Loyola? ¡Nada, no perdonan!”, dijo a DIVERGENTES otra fuente ligada a la UCA. “Los jesuitas en Nicaragua han pasado de la Teología de la Liberación a una teología que libera contra los Ortega-Murillo”.
En febrero de 2022, el diputado oficialista Wilfredo Navarro ya había señalado a la UCA de “terrorista” y de no estar “al día” con el Ministerio de Gobernación (Migob). “La UCA que es un centro de terrorismo, aún actual, de desinformación y de promoción de violencia; no está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene sus requisitos, aunque se les ha dado cuatro veces prórroga”.
Con esta orden judicial la UCA queda confiscada y pasará, como otras 26 universidades privadas, a manos del régimen Ortega-Murillo que ha desarticulado el pensamiento crítico en Nicaragua. Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada. Ahora se suma esta nueva modalidad de “terrorismo”.
Confiscación paso a paso
La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5, 000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados hasta 2021 en el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Actualmente existen 13 universidades que están a la espera de la acreditación por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) entre ellas, la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD).
El control en las universidades es uno de los últimos blancos del Frente Sandinista. Las primeras medidas fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos. Además, aumentó la vigilancia en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), el brazo sandinista en las universidades públicas.
Desde abril de 2018, la represión del régimen contra la UCA incrementó, como represalia después del papel que jugó la institución y sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua. El régimen, primero intentó asfixiarla económicamente y luego la acosaba mediante auditorías del CNU. En marzo del año pasado, se ordenó quitarles el 6 % constitucional, cuando fue separada del CNU y se aprobó una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
El exrector, José Idiáquez, y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados el año pasado, al negarles la entrada al país después de que realizaron viajes al extranjero. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, quien es el actual rector de la UCA.