Nicaragua celebrará el próximo domingo 7 de noviembre sus primeras elecciones generales tras las protestas que estallaron en abril de 2018 en contra del régimen que preside el sandinista Daniel Ortega, quien junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan una nueva reelección. Unos 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a acudir a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Esos comicios se desarrollarán en medio del arresto de cerca de cuarenta líderes opositores, empresariales, campesinos, estudiantes y profesionales independientes, incluido siete que querían competir con Ortega por la jefatura de Estado. Además, sin la participación de tres partidos políticos opositores, la ilegalización de más de 50 ONG, con más de 150 “presos políticos”, con decenas de miles de nicaragüenses que se han marchado al exilio por razones de seguridad o económicas, y con la ocupación policial del influyente diario La Prensa que dejó de circular en su versión impresa.
El proceso ha sido cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por la oposición nicaragüense excluida de la competencia.
Se trata de los primeros comicios generales desde la revuelta popular que estalló en 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza. Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
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Las manifestaciones antigubernamentales, según la CIDH, fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos policiales y parapoliciales bajo el mando de la presidencia, como Jefe Supremo de las mismas. Desde entonces, según ese organismo autónomo de la OEA, el Estado de Nicaragua, bajo férreo control de los sandinistas, ha establecido un estado policial para acallar la disidencia y cerrar los espacios democráticos.
Entre otros, ha detenido y privado de forma arbitraria la libertad de personas consideradas como opositoras, calificado las manifestaciones públicas como ilegales, y ha allanado y tomado por las fuerza instalaciones de las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, mencionó. Adicionalmente, la Asamblea Nacional, en plena alineación al Ejecutivo, aprobó un conjunto de leyes que tendrían por efecto cerrar aún más los espacios democráticos y restringir la libertad de expresión de las voces disidentes, indicó.
CIDH: perpetuación en el poder
En un informe titulado “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, la CIDH consideró que ese conjunto de acciones promovidas después de las protestas de abril de 2018 ha tenido como fin impedir la participación de la oposición en las elecciones, “dejando a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la ronda electoral libre de competencia”.
Por tanto, según la CIDH, los comicios en Nicaragua ocurren “en este clima de represión y cierre de los espacios democráticos”, en el que Ortega busca “la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”.
“El gran desafío es buscar fórmulas con la participación de la sociedad civil con el fin de restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de Derechos mediante la separación de poderes, así como garantizar las condiciones para la realización de elecciones justas, libres y transparentes”, anotó.
Para el observatorio nicaragüense Urnas Abiertas, Ortega busca su tercera reelección consecutiva con “un plan doloso para acabar con la democracia”.
Por su lado, el analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda, dijo que la prolongación de la crisis en Nicaragua tendrá efectos domésticos e internacionales.
A nivel doméstico profundizará las grietas sociales y políticas que se abrieron o volvieron a abrir en 2018, “con el riesgo de que se reanuden tensiones en forma de manifestaciones o actos de intolerancia política”, apuntó. Además, una elección no competitiva ni transparente daría luz a un Gobierno con poca legitimidad, dificultando el acceso a recursos e inversiones internacionales, y así acentuando las dificultades económicas de Nicaragua, provocando un subsecuente aumento de la emigración regional e incluso a Estados Unidos, alertó.
Para el analista, la situación de Nicaragua es insostenible en el mediano y largo plazo, y aunque Ortega los sabe, “parece que, para él, la supervivencia en el poder sobrepasa cualquier cálculo de estabilidad política”.
Una recta final sin competencia ni entusiasmo
Nicaragua entró este domingo a la recta final de sus elecciones generales que han estado marcadas por el encarcelamiento de los principales aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, lo que ha allanado el camino al mandatario Daniel Ortega a su quinto mandato y cuarto consecutivo.
Ortega, un exguerrillero sandinista que cumplirá 76 años el 11 de noviembre próximo, y en el poder desde 2007, algo sin precedentes en Centroamérica en el siglo XXI, disputará la Presidencia a cinco candidatos de la oposición, incluido el reverendo Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, que en los comicios pasados, de 2016, formó parte de la coalición sandinista.
Los ausentes de la cita electoral del próximo domingo son Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes antes de ser arrestados, acusados de “traición a la patria”, se perfilaban como los principales contendientes del líder sandinista.
Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien derrotó en las urnas a los sandinistas y a Ortega en 1990, era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones, según las encuestas.
“El FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) no busca competir con rivales políticos, sino aplastar a quienes considera enemigos y cuyas disensiones estima como amenazas letales”, dijo el sociólogo nicaragüense José Luis Rocha.
Para Rocha, investigador asociado de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) “Simeón Cañas”, de El Salvador, y autor de “Autoconvocados y conectados: los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua”, en este país, actualmente, “una pareja autocrática decide e impone” a su antojo para sostener en el poder.
Para el analista político nicaragüense Oscar René Vargas, de tendencia sandinista disidente, Ortega optó por controlar el juego político y aplastar a la oposición tras la revuelta popular que estalló en contra de su Gobierno en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos.
“Para el régimen era vital el control del juego político nacional para mantener el poder autoritario; la represión fue el camino escogido para su sobrevivencia y evitar la pérdida del poder. La lógica implementada por Ortega-Murillo fue derribar todo, volar todo, quemar todo por la ambición y el deseo de mantenerse en el poder por cualquier medio”, señaló Vargas en un escrito.
A su juicio, el estallido de abril de 2018 “fue un golpe político social atestado en pleno corazón de la dictadura, que conmocionó a un país enfadado, a un país fastidiado, a un país en duelo que demandaba la salida inmediata” de Ortega, que respondió con la fuerza bajo su lógica, según dijo, de “el poder o la muerte”.
En su arranque de campaña el pasado 4 de octubre, Ortega también cargó contra los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis y los tildó de “terroristas”.
Ese día el mandatario invitó a los empresarios, con los que mantuvo una alianza de consenso hasta abril de 2018, a retomar los acuerdos. Dos semanas después las autoridades nicaragüenses arrestaron a los líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respectivamente, críticos del Ejecutivo.
El Cosep, la principal patronal de Nicaragua, nombró como su nuevo presidente al empresario César Zamora, defensor de la alianza con el Gobierno.
La oposición nicaragüense, la excluida, ha tildado de “farsa” los próximos comicios y ha pedido a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los de la Unión Europea (UE) desconocer sus resultados.