Nicaragua llega a un nuevo Día Internacional de la Mujer sin cifras públicas, ni reportes comparables en plataformas regionales, que permitan saber cuántas mujeres son asesinadas o víctimas de agresión cada año. El régimen sandinista que gobierna Nicaragua tampoco ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el instrumento de Naciones Unidas que permite a mujeres o grupos presentar denuncias internacionales cuando el Estado no protege sus derechos.
En la práctica, esto significa que las mujeres nicaragüenses no cuentan con ese mecanismo adicional de supervisión internacional al que sí pueden acudir ciudadanas de otros países de la región cuando las instituciones internas fallan. En ese contexto, y sin estadísticas oficiales disponibles, los únicos registros sobre violencia contra las mujeres provienen de monitoreos independientes realizados desde el exilio.
Una revisión de los portales institucionales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal no arrojan publicaciones periódicas actualizadas sobre femicidios o violencia sexual posteriores a 2021. Tampoco se encontraron balances oficiales consolidados en medios estatales o plataformas de propaganda oficialista en las que habitualmente se difunden datos gubernamentales.
La ausencia de reportes públicos comparables desde ese año confirma que no existe estadísticas accesibles y actualizadas sobre violencia contra las mujeres en Nicaragua. Esta falta de datos oficiales no responde a una omisión técnica reciente. Activistas feministas sostienen que es el resultado de un proceso sostenido de desmontaje institucional que comenzó antes de la cancelación masiva de organizaciones civiles después de 2018.
Primera orden fue eliminar registro de denuncias
Ana Quirós, activista feminista nicaragüense en el exilio, sostiene que la eliminación del registro fue deliberada. “Una de las primeras formas de supuestamente protegerse el régimen es eliminar el registro de denuncias y de actos de violencia”, afirma. Explica que cuando el Estado mantuvo sistemas de registro, los resultados evidenciaron un incremento sostenido de la violencia y la incapacidad institucional para proteger a las víctimas.
“Cada vez que el régimen retoma la práctica del registro, la información sobre la cantidad de mujeres víctimas, de niñas y niños víctimas de violencia, especialmente de violencia de género, se dispara y muestra la incapacidad del régimen para proteger a las mujeres y a la población en general”, explica.
Según Quirós, la supresión de datos fue una respuesta a esa evidencia. “Por eso elimina todo vestigio de información en los informes de la Policía, en los informes judiciales y en los informes del Instituto de Medicina Legal o Instituto de Medicina Forense”. Añade que esos registros mostraban tendencias preocupantes.
“Estos registros han mostrado que la violencia sexual sigue creciendo, especialmente en contra de niños y niñas. En primer lugar, que la violencia machista contra las mujeres también sigue creciendo y que la Policía es incapaz de proteger a las mujeres y más bien facilita que ellas sean agredidas e incluso asesinadas por los femicidas”, añade.
Para la activista, reconocer públicamente esas cifras implicaba asumir responsabilidades institucionales. También considera que para el régimen, dar información sobre este tipo de denuncias es mostrar su debilidad y exponer que lo que venían haciendo las organizaciones de mujeres era no solo necesario, sino indispensable, para la protección de la vida de las mujeres y la prevención de la violencia.
El cierre de organizaciones y pérdida de monitoreo independiente
La desaparición de estadísticas oficiales coincide con la cancelación de las organizaciones feministas que históricamente documentaban y denunciaban la violencia contra las mujeres. María Teresa Blandón recordó que el movimiento de mujeres en Nicaragua tiene una trayectoria de más de 40 años. “Desde la década de los 80 en Nicaragua se crearon muchísimas organizaciones de mujeres obreras, campesinas y urbanas de la Costa Caribe para defender derechos”, recuerda.
Estas organizaciones no solo acompañaban denuncias, también producían información y sostenían debates públicos sobre discriminación y violencia. “La idea de que las mujeres nos organicemos es, por un lado, buscar soluciones a los problemas de la vida cotidiana… pero también para que los derechos de las mujeres sean reconocidos por el Estado”, explica.
“Los movimientos de mujeres no pertenecemos a ningún partido político, somos movimientos autónomos”. Esa independencia marcó la relación con el poder. “El régimen Ortega-Murillo siempre fue hostil al movimiento de mujeres y feministas en Nicaragua porque no nos podía controlar, porque no nos podía manipular, porque teníamos un discurso independiente y porque cuando las cosas estaban mal, decíamos que las cosas estaban mal”, comenta la defensora.
Además señala que con la cancelación de personerías jurídicas se perdió también la capacidad de denuncia estructurada. “No solo nos quitaron la personería jurídica, sino que nos quitaron los bienes, que eran bienes colectivos”, explica Blandón. Añade que el objetivo era impedir la denuncia pública. “Hicieron esto con un claro afán de silenciarnos. La idea es que no podamos denunciar la violación de derechos humanos”, enfatiza.
Violencia sin cifras oficiales
En ausencia de estadísticas estatales, los únicos datos disponibles provienen de observatorios independientes que monitorean casos a partir de noticias y denuncias públicas. En 2025, estos registros reportaron al menos 72 mujeres nicaragüenses asesinadas por violencia machista dentro y fuera del país. No existe un balance oficial consolidado que permita contrastar o verificar esas cifras con datos institucionales.
Blandón advierte que la violencia no se limita a los asesinatos. “La violencia no solo son los femicidios que año con año van creciendo, sino también el acoso sexual, la violación, la violencia física y psicológica”. Sin estadísticas oficiales actualizadas, no es posible establecer tasas nacionales ni evaluar tendencias con respaldo estatal.
La impunidad se consolida en ese contexto. “Al no tener organizaciones que puedan colocar en agenda estos problemas, el Estado no tutela, no garantiza, no protege los derechos de las mujeres y la impunidad es total”, sostiene Blandón.
Ocultar cifras es parte de la estrategia del régimen
En la mayoría de países de América Latina, los ministerios públicos o fiscalías publican balances anuales sobre femicidios y otros delitos de violencia de género que alimentan sistemas regionales como el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Nicaragua no figura con estadísticas oficiales actualizadas comparables en esos reportes públicos. La información disponible proviene de monitoreos independientes.
La falta de información oficial no solo impide dimensionar la violencia contra las mujeres. También tiene implicaciones estructurales para la calidad democrática y la gobernabilidad de un país. Alberto Román, coordinador del programa Estado de la Nación de Costa Rica, advierte que la restricción de datos públicos no es un hecho aislado.
Impacto más allá de las estadísticas
“No generar o no publicar, ni promover el acceso a información o limitar su acceso suele ser parte de la estrategia de gobiernos autocráticos —o que buscan convertirse en uno de este tipo— para impedir el escrutinio público de su gestión, además para limitar el conocimiento y debate de los asuntos de interés público de un país”, dice el experto.
Desde una perspectiva regional, Román señala que cuando las instituciones retienen o dejan de producir datos clave, el impacto va más allá del ámbito estadístico. La falta de información reduce la capacidad de evaluación pública, debilita la formulación de políticas basadas en evidencia y erosiona la credibilidad institucional. En el caso específico de Nicaragua, considera que la situación es especialmente delicada.
“La situación de Nicaragua es muy grave. El país vive un espejismo que se configura por el discurso del gobierno y el desconocimiento de la situación real del país, ya sea porque la información no existe o no se publica o porque la que se genera y publica no es confiable, tampoco existen condiciones políticas que permitan evaluar su calidad”, considera el investigador costarricense.
La consecuencia, según Román, es un entorno donde la ciudadanía carece de herramientas para contrastar el discurso oficial con datos verificables. En materia de violencia contra las mujeres, la ausencia de cifras oficiales no solo invisibiliza el problema, también limita la posibilidad de diseñar respuestas institucionales eficaces y de evaluar su impacto.
Fuera de mecanismos internacionales
La ausencia de estadísticas públicas se combina con otra limitación institucional. Nicaragua no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento adoptado por Naciones Unidas en 1999 que permite a personas y grupos presentar denuncias ante el Comité de la CEDAW cuando el Estado viola derechos protegidos por la Convención.
Según el sistema de indicadores de CEPALSTAT, Nicaragua no figura como Estado Parte de ese Protocolo. Esto significa que las mujeres nicaragüenses no pueden recurrir a ese mecanismo internacional cuando las vías internas resultan ineficaces. Mientras varios países de la región han ratificado el instrumento y permiten la supervisión internacional adicional, Nicaragua permanece fuera de ese esquema.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que, desde 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado de manera masiva y arbitraria la personería jurídica de miles de organizaciones de la sociedad civil, como parte de un proceso que redujo drásticamente el espacio cívico en el país.
En su informe “Cierre del espacio cívico en Nicaragua”, la CIDH concluye que estas cancelaciones afectaron a organizaciones de derechos humanos, asociaciones comunitarias, entidades religiosas y organizaciones de mujeres, eliminando en la práctica las estructuras feministas con existencia legal y desmantelando los canales formales de organización, denuncia y participación pública.
Quirós explica que el desmantelamiento comenzó antes de la ilegalización masiva de organizaciones. “La desaparición de las organizaciones feministas y de defensa de las mujeres no empezó en 2018 ni en los años que siguieron, sino desde 2007, cuando el Gobierno eliminó todos los espacios de diálogo, todos los espacios de concertación y de coordinación de esfuerzos”.
Más adelante se cerraron instancias especializadas. “En algún momento el régimen decide cerrar las Comisarías de la Mujer y dejar aún más expuestas a las mujeres que sufrían violencia”. Con menos estructuras de atención y sin estadísticas públicas, el seguimiento institucional se debilitó.
Blandón describe el escenario actual como uno sin interlocución institucional. “Ya no hay posibilidad de reunirse, ya no hay posibilidad de formular alguna propuesta… No hay manera, porque no hay interlocutores”.
Mujeres sin mecanismos confiables
Cuando una mujer intenta denunciar, enfrenta mecanismos débiles o inexistentes. “Si las mujeres van a denunciar… no conocen los mecanismos, porque son prácticamente inexistentes, y si no las atienden, esas mujeres quedan ahí, aguantando o viendo ellas cómo resuelven”.
Blandón advierte que antes de 2018 ya existían fallas estructurales en la atención estatal. Recuerda casos de niñas violadas cuyas denuncias no fueron investigadas. Incluso cuando el sistema interamericano condenó al Estado, “ni siquiera respondió”. Para la defensora, el país se convirtió en “tierra de nadie” en materia de protección de derechos de las mujeres.
También reconoce que las organizaciones feministas realizaban tareas que el Estado debía garantizar como el acceso a tierra para mujeres rurales, alfabetización, salud sexual y reproductiva, asesoría legal y campañas de sensibilización. “Las organizaciones de mujeres muchas veces hacían lo que no hacía el Estado”, insiste Blandón.
Ana Quirós resume el impacto en términos de protección. “Las mujeres en Nicaragua han quedado desprotegidas, sin acompañamiento, sin tener quien las defienda o las proteja frente a la agresión machista y frente a la violencia de Estado”.
María Teresa Blandón vincula esa desprotección con la ausencia de estructuras activas. “Al no tener organizaciones que puedan colocar en la agenda pública estos problemas, el Estado no tutela, no garantiza, ni protege los derechos de las mujeres, y la impunidad es total”.
Si, como advierte Quirós, el régimen elimina estos datos porque “dar información sobre este tipo de denuncias y procesos es mostrar su debilidad”, el resultado es un país donde la violencia contra la mujeres sigue en aumento, pero el Estado para ocultarla, dejó de registrarla oficialmente.