Por el incumplimiento de sus responsabilidades como Estado parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y por “los miles de días en los que no se ha hecho nada para proteger a la mujer nicaragüense”, la experta Rosario González de Manalo, recomendó la expulsión de Nicaragua del Comité, durante el 86 período de sesiones realizado el pasado 23 de octubre.
En dicha sesión se evaluaría el informe entregado por el Estado de Nicaragua al Comité sobre la Lista de cuestiones y preguntas emitida por Naciones Unidas en 2019 acerca de los derechos de las mujeres en el país, en especial, la protección a estos en el contexto de la crisis sociopolítica surgida en 2018.
Sin embargo, dicho informe nunca fue entregado, pese a las múltiples solicitudes de la CEDAW. En cambio, la embajadora nicaragüense enviada por el régimen Ortega-Murillo, Rosalía Concepción Bohórquez Palacios, calificó de “maliciosas, sesgadas, parciales y mal intencionadas” las preguntas emitidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y aseguró que las actuaciones del Comité eran lesivas e injerencistas.
“Denunciamos y no nos cansaremos de seguir haciéndolo sobre la lesiva actuación de este Comité y los países esclavistas y machistas de Occidente, que pretenden traducir información parcial, sesgada y subjetiva, que sólo busca desvirtuar nuestro propósito de alcanzar con plenitud el bien común y la paz”, dijo Bohórquez.
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Después de un violento discurso contra los organismos de derechos humanos, Bohórquez abandonó la sala cuando la presidenta del Comité, Ana Peláez, le estaba dirigiendo la palabra. Tras esto, la experta González de Manalo lamentó la conducta de Nicaragua “no solo de hoy”, sino también de los últimos años.
Sin responder por los derechos de las mujeres desde 2007
Las expertas señalaron de “preocupantes” las opiniones y declaraciones de Bohórquez, y destacaron la falta de voluntad que ha tenido Nicaragua para rendir cuenta sobre sus obligaciones como Estado desde que el dictador Daniel Ortega asumió la presidencia desde 2007.
“En realidad nuestro trabajo se basa justamente en los contrastes a partir de los informes que ellos brindan (Estado de Nicaragua). Como saben, estamos en una situación verdaderamente excepcional, porque el último informe que brindó Nicaragua fue en febrero de 2007 y hoy estaríamos revisando los informes séptimo, octavo, noveno y décimo. Durante todo este período tenemos poquísima información por parte del Estado”, indicó la experta Leticia Bonifaz Alfonzo.
Régimen desoye solicitudes de un “diálogo constructivo”
La presidenta Ana Peláez expuso al inicio de la sesión que previamente se insistió al Estado nicaragüense para que entablara un diálogo constructivo con el Comité y se establecieron varias medidas para asegurar su cooperación.
Entre las medidas, estuvieron la invitación al país para participar en el octogésimo período de sesiones realizado en 2021; la invitación de presentación de informes en 2022; la emisión de recordatorios para que se respondiera la Lista de Cuestiones y Preguntas; así como la invitación para la asistencia de una reunión informativa realizada en septiembre de este año.
Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo no brindó ninguna respuesta a estas llamadas, ni siquiera cuando le tocó informar sobre las personas delegadas que participarían en esta sesión. Por lo que la llegada de Bohórquez fue una sorpresa.
“Veo con preocupación las opiniones emitidas por la embajadora a propósito del trabajo de este comité, que es encargado de hacer un seguimiento de la aplicación del Estado parte. Esa es una obligación que tiene el Estado, en este caso Nicaragua para con las mujeres y las niñas del territorio del país”, expresó Peláez.
Expertas indican preocupación por vulnerabilidad de las mujeres
En la ausencia de una delegación del Estado, las expertas del Comité denunciaron la violación de múltiples derechos de las mujeres y las actuaciones arbitrarias del régimen Ortega-Murillo que exponen a la violencia a miles de mujeres y niñas en el país.
Entre ellas, la experta Leticia Bonifaz recordó que en noviembre de este año Nicaragua abandonará la Organización de los Estados Americanos (OEA), dando por concluido su proceso de salida que inició en el año 2021. Esto dejaría en estado de indefensión a las mujeres, al no tener un ente regional al cual denunciar la violación de sus derechos.
Bonifaz también denunció las diversas reformas a la Constitución Política y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que priorizan a la familia y a la comunidad, sobre una vida libre de violencia para las mujeres.
“Es con base a esta idea de valores cristianos que se han reformado leyes para buscar la conciliación entre el agresor y la víctima en los casos de violencia doméstica”, expresó. “Lo que aumenta el riesgo de impunidad, además de exponer a las víctimas a la revictimización y a las represalias”, añadió.
Otras expertas como Marion Bethel, denunciaron la desnacionalización y destierro de las defensoras de derechos humanos nicaragüenses, así como el cierre de organizaciones de mujeres. Según Bethel, esto último exacerba la vulnerabilidad de mujeres y niñas, ya que están expuestas a la violencia de género y la trata de personas.
Bohórquez, una seguidora fiel de la dictadura
La funcionaria orteguista, Rosalía Bohórquez de 33 años, fue nombrada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante la Oficina de la ONU y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, en marzo de 2022.
Anteriormente a este cargo, fue vicepresidenta de la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UNEN), asumió el cargo de ministra consejera con funciones consulares en la embajada de Nicaragua en Suiza y trabajó como traductora para la dictadura.